Judiciales
Un mecánico deberá indemnizar a clienta porque le explotó el motor apenas retiró el auto del taller
«Andá tranquila, quedó impecable», le había dicho el propietario del taller. Ahora deberá indemnizar con más de $2.700.000 a la mujer.
Una mujer deberá ser indemnizada por un mecánico porque el motor recién reparado le explotó en plena marcha. «Me lo entregó diciéndome que el motor estaba impecable, y que debía hacerle mil kilómetros para asentar los aros. Ese mismo domingo salí a probarlo con mi padre, hacia la ciudad de Chelforó, cuando arribando a la misma de repente explotó el motor, empezó a salir humo de color gris y se paró completamente», describió la mujer en la demanda que tramitó ante el Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina.
El Renault Clío había estado dos meses en el taller. El mecánico había desarmado el motor, había cambiado varias partes y había entregado el auto finalmente a su dueña. Pero con apenas 30 kilómetros de marcha, el 80% de las piezas del motor quedaron destruidas por la explosión.
La dueña llevó el auto a remolque de regreso al taller, donde recibió distintas explicaciones sobre la causa del desperfecto. Relató en su demanda que «ante la pregunta de quién se haría cargo de esos gastos», el mecánico le manifestó «su negativa a pagarlos, le negó la factura solicitada y profirió amenazas por las cuales su padre radicó una denuncia ante la policía».
Finalmente, con una escribana y otro mecánico, acudió días después al taller y retiró el Clío. Una pericia mecánica descubrió luego que todo pasó porque el auto había quedado «fuera de punto».
«Al revisar el motor del auto pude corroborar que estaba fuera de punto la correa de distribución entre el cigüeñal y el árbol de levas, produciendo la rotura de dos pistones; una de las válvulas se torció y la otra se cortó, dañando la tapa de cilindro, guías y válvulas», afirmó el experto. El perito además explicó el origen del problema. «El trabajo realizado claramente no ha sido el correcto, porque es imposible que un motor recién reparado se rompa en un lapso tan corto de tiempo y en tan pocos kilómetros recorridos».
Buscando una solución consensuada, la dueña del auto inició un reclamo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Villa Regina y un proceso de mediación prejudicial, pero no logró ninguna respuesta y debió iniciar un juicio por daños y perjuicios. El mecánico tampoco se presentó ante el Juzgado Civil y entonces la jueza aplicó una presunción legal en su contra, que se asemeja a una confesión de todo lo reclamado.
Para resolver, la jueza enmarcó el caso en el sistema legal de Defensa del Consumidor y concluyó que «se incumplieron las normas que obligan a un trato digno». Afirmó que el demandado «invariablemente demostró hasta hoy un trato basado en la desidia y el más absoluto desinterés por la situación».
La indemnización que se fijó fue superior a los $2.700.000, que incluyeron el valor de reparación total del motor actualizado con intereses, una suma por daño moral por «los padecimientos sufridos», una multa por daño punitivo y una compensación por el tiempo que la mujer estuvo injustamente privada de usar su propio auto y obligada a buscar medios de transporte alternativos para ella y su familia.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
