Judiciales
Un mecánico deberá indemnizar a clienta porque le explotó el motor apenas retiró el auto del taller
«Andá tranquila, quedó impecable», le había dicho el propietario del taller. Ahora deberá indemnizar con más de $2.700.000 a la mujer.
Una mujer deberá ser indemnizada por un mecánico porque el motor recién reparado le explotó en plena marcha. «Me lo entregó diciéndome que el motor estaba impecable, y que debía hacerle mil kilómetros para asentar los aros. Ese mismo domingo salí a probarlo con mi padre, hacia la ciudad de Chelforó, cuando arribando a la misma de repente explotó el motor, empezó a salir humo de color gris y se paró completamente», describió la mujer en la demanda que tramitó ante el Juzgado Civil N° 21 de Villa Regina.
El Renault Clío había estado dos meses en el taller. El mecánico había desarmado el motor, había cambiado varias partes y había entregado el auto finalmente a su dueña. Pero con apenas 30 kilómetros de marcha, el 80% de las piezas del motor quedaron destruidas por la explosión.
La dueña llevó el auto a remolque de regreso al taller, donde recibió distintas explicaciones sobre la causa del desperfecto. Relató en su demanda que «ante la pregunta de quién se haría cargo de esos gastos», el mecánico le manifestó «su negativa a pagarlos, le negó la factura solicitada y profirió amenazas por las cuales su padre radicó una denuncia ante la policía».
Finalmente, con una escribana y otro mecánico, acudió días después al taller y retiró el Clío. Una pericia mecánica descubrió luego que todo pasó porque el auto había quedado «fuera de punto».
«Al revisar el motor del auto pude corroborar que estaba fuera de punto la correa de distribución entre el cigüeñal y el árbol de levas, produciendo la rotura de dos pistones; una de las válvulas se torció y la otra se cortó, dañando la tapa de cilindro, guías y válvulas», afirmó el experto. El perito además explicó el origen del problema. «El trabajo realizado claramente no ha sido el correcto, porque es imposible que un motor recién reparado se rompa en un lapso tan corto de tiempo y en tan pocos kilómetros recorridos».
Buscando una solución consensuada, la dueña del auto inició un reclamo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Villa Regina y un proceso de mediación prejudicial, pero no logró ninguna respuesta y debió iniciar un juicio por daños y perjuicios. El mecánico tampoco se presentó ante el Juzgado Civil y entonces la jueza aplicó una presunción legal en su contra, que se asemeja a una confesión de todo lo reclamado.
Para resolver, la jueza enmarcó el caso en el sistema legal de Defensa del Consumidor y concluyó que «se incumplieron las normas que obligan a un trato digno». Afirmó que el demandado «invariablemente demostró hasta hoy un trato basado en la desidia y el más absoluto desinterés por la situación».
La indemnización que se fijó fue superior a los $2.700.000, que incluyeron el valor de reparación total del motor actualizado con intereses, una suma por daño moral por «los padecimientos sufridos», una multa por daño punitivo y una compensación por el tiempo que la mujer estuvo injustamente privada de usar su propio auto y obligada a buscar medios de transporte alternativos para ella y su familia.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
Judiciales
Cayó por una frenada brusca y el chofer la dejó en la sala de emergencias: Condenaron a KoKo
El hecho ocurrió entre Cervantes y Mainqué, en la Ruta Nacional N° 22. La víctima, una docente, reclamó en la Justicia y el fallo fue favorable.
Una docente subió a un colectivo en Cervantes para ir a su trabajo en Mainqué. Pagó el boleto y caminó por el pasillo en busca de un asiento. A unos cien metros de iniciado el viaje por la Ruta Nacional N° 22, el chofer frenó de golpe. Ese movimiento brusco provocó que la mujer cayera de espaldas contra el suelo del ómnibus.
Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta que el conductor la dejó frente a la sala de primeros auxilios de Mainqué. Más tarde, los médicos confirmaron que la mujer sufrió una fractura de peroné que le dejó secuelas.
La mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte. El fuero civil de Roca le dio la razón a la pasajera y condenó a KoKo al pago de una indemnización. La mujer reclamó distintos rubros: daño físico, gastos, daño psicológico y daño moral.
La empresa reconoció el hecho, pero negó responsabilidad. Expuso que la caída se produjo por culpa de la pasajera, quien no se habría sujetado correctamente. En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque también rechazó los daños reclamados.
La sentencia centró el conflicto en determinar si existió un incumplimiento del deber de seguridad propio del contrato de transporte. Señaló que se trata de una responsabilidad objetiva, en la cual la pasajera debe probar el hecho y el daño, mientras que la empresa solo puede eximirse si demuestra una causa ajena.
Tras valorar la prueba, en especial los testimonios y la pericia accidentológica, concluyó que la caída se vinculó con una maniobra brusca del chofer. Esto configuró un incumplimiento de la obligación de seguridad. También descartó la culpa de la víctima.
En cuanto a los daños, la sentencia reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. Además, admitió los gastos médicos reclamados y rechazó el daño psicológico al no verificarse secuelas de ese tipo.
Respecto del daño extrapatrimonial, la jueza consideró acreditadas las molestias, las limitaciones y las alteraciones en la vida diaria de la mujer durante su recuperación, así como el impacto emocional derivado del accidente.
Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y condenó en forma concurrente a la empresa de transporte y a la aseguradora.
Judiciales
No paga la cuota alimentaria: Le prohíben salir del país, manejar y revisarán sus billeteras virtuales
La medida es hasta que el hombre cancele una deuda alimentaria que llega a los 7 millones de pesos.
Un hombre no podrá salir del país ni conducir hasta que cancele la deuda alimentaria que mantiene con sus hijos y que supera los $7.000.000. Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.
La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.
En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.
La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.
El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.
Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.
La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.
Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan.
