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Política

Weretilneck presentó un amparo para que el gobierno nacional arregle la Ruta 40

Presentó un escrito junto a otros funcionarios e instituciones gubernamentales.

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El senador y gobernador electo Alberto Weretilneck, la Fiscalía de Estado, Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante de El Bolsón, entre otros, recurrieron a la Justicia Federal para obligar al Gobierno Nacional a reparar la Ruta Nacional N° 40 por la «grave afectación que el deplorable estado del camino produce a los servicios esenciales que brinda la Provincia de Río Negro».

El escrito describe la situación actual y habla de «absoluto estado de abandono», menciona roturas permanentes de vehículos y accidentes viales, la ausencia de señalización, deformaciones de calzada, cráteres, etcétera. «El deplorable estado de la Ruta afecta seriamente la cobertura del servicio público de salud en el área en cuestión. Inadmisible».

«El estado de la ruta que conecta Bariloche, Villa Mascardi, Villegas, El Manso, El Foyel y El Bolsón, pone en peligro la vida de las personas, atenta contra la prestación de servicios y contra el turismo, que genera aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno (PBI)», agrega.

Se detalla que «el calamitoso estado de la ruta atenta contra los servicios públicos de salud, educación, turismo, seguridad, lucha y prevención de incendios SPLIF, transporte, asistencia social (Plan Calor), y vulnera el derecho de los ciudadanos de trabajar y ejercer el comercio».

Se trata de un amparo colectivo donde se solicita una medida cautelar urgente para que la Justicia Federal obligue a Vialidad Nacional a reparar inmediatamente esa ruta.

Esta acción está firmada por el senador nacional y gobernador electo, Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan; la defensora del Pueblo, Adriana Santagatti; el Concejo Deliberante de El Bolsón; la Cámara Comercial Industrial y Agropecuaria Regional (CCIAR) de El Bolsón; la Asociación Bomberos Voluntarios de esa ciudad; y la Cámara de Turismo de El Bolsón, entre otros.

Se solicita cuanto antes se dicte una medida cautelar positiva exigiendo la «urgente la señalización del calamitoso estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo que va desde Bariloche a El Bolsón; realizar los desvíos necesarios para evitar accidentes y/o la rotura de los vehículos que transitan; realizar tareas de bacheo y/o relleno de los principales y más grandes pozos (cráteres) existentes en la ruta».

Se exige, además, «realizar una campaña informativa que advierta al conductor de vehículos y a todo aquel que transite por el citado tramo de la Ruta 40 que la misma se encuentra en un deplorable estado, evitando así el acaecimiento de daños inmediatos a las cosas y a las personas; se disponga planificar un mantenimiento provisional y preventivo para los próximos meses en los que se mantendrá la alta demanda turística y hasta tanto se puedan realizar las obras de mejora definitivas de la cinta asfáltica, que hacen al objeto principal de la presente acción».

Política

Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%

El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.

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El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.

Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.

«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.

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Política

Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional

La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.

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Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.

La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.

La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.

Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.

En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.

La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.

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Política

Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro

En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

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En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.

Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.

«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.

Los motivos de las sanciones

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.

Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.

Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.

«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra

Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.

La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).

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