Política
Hidrógeno Verde: Proyecto para instalar un parque eólico en Cerro Policía
El proyecto de ley se enmarca en el Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La gobernadora Arabela Carreras envió a la Legislatura Provincial el proyecto de ley con Acuerdo de Ministros que busca aprobar el contrato celebrado entre Eólica Rionegrina SA (ERSA) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, en el marco del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde.
La gobernadora destacó que la iniciativa «se enmarca en los proyectos de inversión que propicia Río Negro para la producción de Hidrógeno Verde, lo que nos posiciona como una región estratégica y pionera en la materia, con un Plan propio».
El contrato pretende ejecutar un proyecto de inversión privada de instalación de un parque de energía eléctrica de fuente eólica, con el fin de alcanzar los objetivos de energías limpias y el compromiso con un futuro sustentable para las y los rionegrinos.
El secretario de Estado de Planificación, Daniel Sanguinetti, explicó que se buscará «la aprobación del contrato que se firmó entre Fortescue y Eólica, que es una empresa subsidiaria de INVAP Sociedad del Estado”.
Sanguinetti comentó que el contrato busca que «Eólica le venda a Fortescue el anteproyecto, los estudios pertinentes y las autorizaciones correspondientes para la instalación de un proyecto de un parque eólico en la zona de Cerro Policía».
Cabe recordar que mediante la Ley Nº 5.560 se declaró de interés público provincial a la iniciativa privada presentada por Fortescue para la realización de las obras de infraestructura necesarias para la generación de energía eléctrica de fuente renovable con destino a la producción de Hidrógeno Verde.
Además, se remarca que para lograr el objetivo de producir Hidrógeno Verde, toda la energía utilizada en el proceso debe provenir de fuentes renovables. Por ello, a través del parque eólico se posibilitaría la inyección de la energía producida al sistema interconectado con la consecuente extracción de energía en la planta de producción de H2V del mismo sistema.
De esta manera, la instalación del parque tiene por finalidad abastecer de energía renovable, verde y limpia a las plantas industriales que la empresa inversora (Fortescue) pretende construir en la zona de Sierra Grande.
En función de esto ERSA suscribió los contratos correspondientes son AFFISA, los que deben ser aprobados por el órgano legislativo, a través de los cuales se acuerda la cesión onerosa del uso de tierras fiscales y también se establece una adenda donde se acuerdan y establecen reglas de manejo para mejorar la coordinación y otorgar seguridad a los pobladores rurales de la zona.
El Secretario resaltó la importancia que tendría la aprobación del proyecto por parte de la Legislatura ya que esto «da mayor seguridad jurídica a este tipo de contratos. Es una instancia más de todo este proyecto serio, responsable y de muchísimo trabajo», agregó.
«Esto también genera mano de obra y trabajo genuino, este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos», cerró Sanguinetti.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
