Judiciales
El Poder Judicial comenzó a utilizar una billetera virtual para la carga de combustible
De esta manera, abandona el uso de vales de combustible para su flota de vehículos.
El Poder Judicial de Río Negro abandona el uso de vales de combustible para su flota de vehículos. En el nuevo sistema, se utilizará una billetera virtual que aporta información sobre consumos y validación de cargas mediante geoposicionamiento y volumen del tanque.
La Resolución 531 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó la contratación con la firma YPF para la provisión de combustible mediante el programa YPF Ruta. La modalidad resulta beneficiosa para el Poder Judicial no solo por el precio diferencial y el plazo de pago, sino porque se provee de una billetera virtual que se administra desde un portal y cuenta con una aplicación para el celular de cada uno de los choferes que conducen automóviles oficiales.
Entre los fundamentos de la resolución, se consideró que la Ley de Administración Financiera Nacional N° 24.156 estipula que los combustibles y lubricantes que requieran las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública deberán contratarse con YPF S.A., empresa que integra el sector público nacional.
En la actualidad, el combustible necesario para la flota de vehículos del Poder Judicial es abonado mediante la Dirección de Fondos Permanentes y al valor de playa surtidor mediante la operatoria de vales de combustible.
Como el contrato con YPF aporta transparencia y control en el consumo de combustibles, el Poder Judicial optó por utilizar el programa YPF Ruta. La aplicación optimiza los tiempos y recursos mediante la autogestión de las cuentas y las herramientas de analítica avanzada. Toda la información de la flota del Poder Judicial estará disponible para el sector de la Administración General desde el portal web. Desde allí se provee una tarjeta que se carga en modo virtual a la aplicación en el celular de cada chofer.
Eso permite autorizar determinados montos y llevar un control más exhaustivo, lo que aporta a la transparencia en el uso de los fondos públicos. Solo la Administración puede habilitar a los conductores desde el portal de autogestión y cargarles el saldo en su billetera virtual.
La resolución del STJ destaca que el programa YPF Ruta es una herramienta parametrizable que permite seleccionar en forma individual y vía web los productos habilitados, límites diarios y mensuales de consumo en pesos y otros aspectos de interés para cada vehículo, a la vez que permite obtener información de transacciones para toda la flota, detallando día, hora, estación de servicio, producto, cantidad, chofer, optimizando el control del gasto.
Judiciales
Médico roquense denunciado por abuso sexual simple aceptó haber cometido el delito
El Tribunal dará a conocer su resolución este jueves. Sería condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional más la inhabilitación perpetua para que ejerza la medicina.
Esta mañana (22/10) la Fiscalía, querella y defensa particular del médico roquense imputado por abuso sexual simple, presentaron al Tribunal interviniente un acuerdo de procedimiento abreviado pleno. Todo ello contando con el aval de la mujer víctima.
De esta manera, luego de que el hombre de 76 años reconociera ser el autor del hecho, se solicitó además de la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación perpetua para que ejerza la medicina, la aplicación de reglas de conducta, entre ellas no puede modificar su domicilio, no puede cometer nuevos delitos, debe realizar presentaciones trimestrales en el (IAPL), prohibición de acercamiento a la víctima como a su domicilio en un rango de 100 metros, prohibición de contacto y hostigamiento a través de cualquier vía o por terceros.
«Además deberá acreditar haber realizado el curso de género impartido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y será inscripto en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS). Todo lo mencionado debe ser cumplido por el imputado bajo apercibimiento de que se pueda revocar la condicionalidad de la condena», expresó la Fiscalía.
En la audiencia, se enumeró la evidencia recolectada, entre ella la denuncia penal realizada por la víctima, testimoniales, intervención de varios profesionales.
«El equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y su asistencia a la señora, la pericia psicológica concretada por el Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial, la pericia social a la víctima, la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de Procuración General de esta provincia, el croquis y fotos del Gabinete de Criminalística en el lugar del hecho», enumeró el fiscal del caso.
A su turno, la querella dijo que «la víctima expresó que quiere esta condena, que no le interesa que el imputado vaya preso, adhiere al acuerdo que hemos trabajado junto a la fiscalía y la defensa particular».
El hecho ocurrió en junio del año pasado durante la tarde, cuando la mujer acudió a la consulta por ser el imputado su médico clínico, con el fin de solicitarle una receta de medicamentos. Fue en ese marco, que el hombre habría abusado de la mujer, situación que la víctima no pudo consentir libremente. El consultorio del acusado está ubicado en su propia vivienda, en el barrio Los Olmos de General Roca.
Finalmente, todas las partes renunciaron a los plazos procesales, el Tribunal tuvo por recepcionado el acuerdo y dará a conocer su resolución mañana jueves (23/10) a las 11 de la mañana.
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Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
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Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
