Judiciales
Imputación y preventiva de seis meses para Pedro Acuña por el femicidio de su pareja, Marisa Galdame
La autopsia determinó que la víctima recibió cinco puñaladas, una de ellas mortal.
Este jueves (9/11) fue imputado Pedro Acuña (38 años) por el femicidio de Marisa Galdame, su pareja y madre de sus hijos. Además el equipo fiscal pidió la prisión preventiva, razón por la cual el sujeto continuará detenido.
Según la acusación, el hecho “habría ocurrido en la madrugada del 30 de octubre pasado, en una vivienda del barrio Islas Malvinas de Allen, y tras el llamado de un vecino, personal de la Comisaría 6ta. realizó las primeras intervenciones. Fue así que la policía ingresó a la casa señalada, y encontró a Marisa Galdame, de 30 años, sin vida y a su lado a quien hoy está imputado, padre de los dos hijos de la víctima fatal, de 5 y 13 años”.
“Se constató que el hombre presentaba signos vitales, se convocó a personal de salud y fue trasladado al hospital local. Allí quedó internado en terapia intensiva, con heridas cortantes y que para la teoría fiscal habrían sido provocadas por sí mismo.
La fiscalía informó que la autopsia determinó: Galdame presentaba al menos 5 puñaladas en la parte superior de la espalda, una de ellas fue letal.
Entre el sustento probatorio enumerado en la audiencia de esta mañana, la fiscalía mencionó: el acta de procedimiento de la Comisaría 6ta., el procedimiento llevado a cabo por el Gabinete de Criminalística de Allen donde se detallan fotografías, secuestros de interés para la causa, croquis ilustrativo, filmaciones.
Además, se incluyó el informe de la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial en la morgue de General Roca, donde detalla que “las heridas fueron provocadas por un arma blanca y que el cuerpo presentaba intentos de defensa ante el ataque de otra persona”.
Así mismo, el equipo fiscal mencionó las entrevistas concretadas con allegados de la víctima fatal, los secuestros, entre ellos: un arma blanca de 41 cm de largo y 28 cm de largo de hoja filo liso, un arma larga o de hombro tipo carabina calibre 22 LR, una vaina servida aparentemente calibre 22, varios celulares, prendas de vestir.
También se agregó el certificado médico expedido tanto por el médico de guardia del hospital de Allen como del médico policial, y la copia de la denuncia en el marco de la Ley 3040 de octubre del año pasado realizada por la víctima.
Por su parte, las representantes de la defensa penal pública no tuvieron objeciones formales ni técnicas para formular respecto del hecho, la calificación legal y el sustento probatorio.
Medida cautelar
Por el cuadro de salud que acarreó el imputado tras el hecho, se realizó la semana pasada una audiencia de control de detención, donde la jueza de Garantías resolvió el pedido fiscal. De esta manera, en el hospital la custodia policial se mantuvo hasta este martes cuando el hombre obtuvo el alta médica y fue trasladado a la comisaría, lugar donde recibió asistencia de la defensa penal pública y se concretaron los trámites correspondientes, quedando detenido en la unidad policial.
“El hombre luego de matar a quien era su pareja y madre de sus dos hijos, habría intentado quitarse la vida auto-infligiéndose heridas en el abdomen y en el cuello, con este accionar, para esta parte, el sujeto habría intentado evadirse del accionar de la justicia”, detalló la fiscalía.
La defensa penal pública se opuso al pedido de prisión preventiva, teniendo presente que “es la medida más gravosa, ya que priva de la libertad de manera anticipada a las personas que están imputadas”.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de “femicidio”, de conformidad con los artículos 45, 80 inc. 1 y 11 del Código Penal, y la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
La magistrada resolvió que el imputado cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 6 meses, hasta el 29 de abril del año próximo.
Mientras que la investigación penal preparatoria quedó establecida por el plazo de ley, es decir de 4 meses.
Judiciales
Enfrentan penas de prisión efectiva por un intento de robo en una vivienda
La banda utilizó una camioneta robada y con patente adulterada.
El Ministerio Público Fiscal pidió que los tres hombres ya declarados responsables penales como autores de tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, cumplan penas que van de los 5 años y medio hasta los 7 años de prisión efectiva.
El hecho que resultó probado fue el ocurrido en octubre de 2024 en General Roca, cuando forzaron el portón de ingreso de una vivienda y no lograron apoderarse de ningún elemento debido a la intervención de personal policial.
Los tres imputados llegan a esta etapa del juicio de cesura cumpliendo prisión preventiva en el marco de este y otro legajo que investiga una presunta asociación ilícita.
Concretamente, en la audiencia de hoy (11/05), la Fiscalía mencionó como prueba que los tres cuentan con antecedentes penales computables por delitos cometidos contra la propiedad y que continúan siendo investigados por hechos similares.
Es así que para uno de ellos solicitó la pena de 5 años y 6 meses de prisión, para otro la misma cantidad de tiempo y que se le revoque la condicionalidad de otra condena, y para el último, una pena unificada de 9 años comprensiva de la que le corresponde en este legajo fiscal, que es de 7 años.
«Los hombres concretaron este hecho haciendo una vigilancia previa de la casa de la víctima y de su familia, es decir haber premeditado su accionar, además utilizaron una camioneta sustraída en Neuquén y que le adulteraron su chapa patente», detalló la fiscal.
Luego, dos de los imputados, asistidos por sus defensores particulares hicieron uso de la palabra, y tras esto, los tres abogados solicitaron la misma pena, es decir, dos años y seis meses.
El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su sentencia el próximo lunes 18 de mayo a las 12.00.
Judiciales
Autorizan a una mujer a donar un riñón a su amigo, que lleva 12 años en diálisis y espera un trasplante
La ley exige autorización judicial cuando el donante no tiene vínculo familiar ni convivencial con el receptor.
Se conocieron hace más de 10 años y forjaron una profunda amistad. Se acompañaron en momentos de crisis y construyeron un vínculo con rasgos de familiaridad que se sostuvo en el tiempo. Él ya convivía con un diagnóstico que con los años derivó en una insuficiencia renal terminal y en una vida atada a la diálisis. Su estado es grave y desde hace tiempo espera un donante. En ese contexto, ella tomó una decisión fuerte: ofrecerle uno de sus riñones.
Pero su voluntad no es suficiente: los estudios debían confirmar compatibilidad, los equipos médicos debían validar la intervención y, además, la ley imponía un límite: sin vínculo familiar, el trasplante requería autorización judicial. Con todos los informes a favor, el caso llegó al fuero de Familia de Bariloche. La jueza analizó las pericias médicas, psicológicas y sociales, evaluó el vínculo entre ambos y autorizó la donación.
El planteo se presentó como una medida autosatisfactiva, una vía excepcional que permite obtener una respuesta urgente cuando no hay otra alternativa eficaz. El objetivo fue concreto: remover el obstáculo legal que impide, en principio, la donación entre personas sin parentesco. La ley de trasplantes limita estos casos a vínculos familiares o convivenciales, con la intención de evitar cualquier forma de comercialización de órganos. Fuera de ese esquema, la intervención judicial resulta indispensable.
En ese marco, también intervinieron organismos especializados. El INCUCAI señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y remarcó la necesidad de garantizar la voluntariedad, el carácter altruista y la gratuidad de la donación. En la misma línea, CUCAI Río Negro avaló esos criterios y destacó que el procedimiento debe cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.
Para resolver, la Unidad Procesal de Familia reunió una batería de pruebas. Los estudios médicos confirmaron que existía compatibilidad y que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica. También se determinó que el receptor no presentaba contraindicaciones para atravesar la intervención.
Las evaluaciones psicológicas indicaron que ambos comprenden el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus implicancias. En el caso de la donante, se destacó la capacidad de decidir con autonomía, con un nivel de madurez adecuado y sin interferencias externas. Los informes descartaron la presencia de presiones o condicionamientos que pudieran afectar su voluntad.
Las pericias sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con cercanía y participación compartida en distintos momentos de sus vidas. También señalaron la inexistencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un punto central en este tipo de procesos.
Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión y explicó sus motivos. Expuso que su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La jueza dejó constancia de que podía revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias.
Con ese conjunto de elementos, la magistrada concluyó que se trataba de un caso excepcional en el que correspondía apartarse de la restricción legal. La autorización habilita la donación, aunque el procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.
Judiciales
El Ministerio de Salud pidió que el anestesiólogo condenado no vuelva a trabajar en hospitales públicos de la provincia
La medida se conoció tras las protestas de familiares de Valentín y el apartamiento de Atencio Krause dispuesto por la dirección del nosocomio roquense.
El Ministerio de Salud de Río Negro solicitó formalmente a la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación que se abstenga de asignar al médico Mauricio Javier Atencio Krause para prestar servicios en hospitales públicos de la provincia.
La decisión se conoció este viernes (08/05) y se da luego de la fuerte repercusión social generada por la presencia del anestesiólogo en el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde había retomado guardias pese a haber sido condenado en primera instancia por la muerte de Valentín, ocurrida en julio de 2024.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida busca «resguardar el adecuado funcionamiento institucional» de los hospitales públicos y preservar un ámbito de «tranquilidad, confianza y contención» tanto para pacientes como para trabajadores del sistema de salud.
El pedido se fundamenta en el impacto público y social que provocó el caso. Según se indicó oficialmente, la eventual presencia de Atencio Krause en efectores públicos podría afectar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y generar malestar tanto en la comunidad como en el personal sanitario.
No obstante, el Ministerio aclaró que la resolución «no implica un pronunciamiento sobre la capacidad técnico-profesional» del anestesiólogo ni sobre sus responsabilidades penales o civiles, cuestiones que continúan bajo análisis de la Justicia.
La polémica se intensificó en las últimas horas luego de que familiares y vecinos realizaran un escrache frente al Hospital López Lima al conocerse que el profesional había retomado funciones en quirófano. Además, la directora del nosocomio, Susana Marezi, confirmó públicamente que ordenó apartarlo del establecimiento por una cuestión «estrictamente ética».
Atencio Krause fue condenado por homicidio culposo e inhabilitado para ejercer la medicina por 7 años y 6 meses. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme y continúa en instancia de revisión judicial, legalmente no tenía impedimentos para continuar trabajando.
