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ATE confirmó que habrá despidos y define huelgas sectoriales
La primera medida de fuerza sería en el SENASA y podría afectar a todas las exportaciones. «La paz social la tienen que garantizar los Gobiernos con sus políticas, no los trabajadores», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó, a partir de datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición que se están realizando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, que «la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos Ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos».
El sindicato alentó a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.
«La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro», apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
«Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión», señaló el dirigente.
La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA. Cabe destacar que una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último, pone en riesgo el status sanitario argentino.
La información surgió luego de que la conducción de ATE mantenga reuniones con trabajadores que formaron parte de los intercambios entre las gestiones saliente y entrante, y pudo conocer que quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, no importando la antigüedad que tengan. «Son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos», resaltó Aguiar.
Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.
«Este mismo lunes estaremos informando un paro de 72 horas en el SENASA. La medida podría afectar a todas las exportaciones y no vamos a ser responsables nosotros», advirtió el dirigente estatal.
En este sentido, Aguiar concluyó con que «está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos».
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
