Judiciales
Engañó a su tía para quedarse con toda la herencia pero terminó con las manos vacías por “ingratitud”
Una Cámara Civil de Apelaciones confirmó un fallo de primera instancia que anuló la donación, devolviendo a la mujer todos sus derechos.
Una anciana donó a su sobrina política toda la herencia de su esposo fallecido. Durante los 56 años que ella y el hombre estuvieron casados, no tuvieron hijos, por lo que no tenían herederos directos. Pero lo que en un comienzo pareció un acuerdo familiar transparente, terminó siendo un engaño de la sobrina para quedarse con todo.
Ahora, una Cámara Civil de Apelaciones confirmó un fallo de primera instancia que anuló la donación, devolviendo a la tía todos sus derechos.
Poco antes de morir su tío y tras varios años de distanciamiento, la sobrina retomó el vínculo con los ancianos. Y apenas el hombre murió, se llevó a la tía vivir a su casa y en ese contexto la hizo firmar una donación total a su favor.
La tía le cedió por escritura pública todos los bienes que habían sido de su esposo y también los bienes gananciales que el matrimonio había adquirido durante más de medio siglo de unión. Luego, la sobrina ingresó al proceso de sucesión de su tío con engaños y firmas falsificadas, lo que terminó de confirmar el cuadro de abuso ilegal ante la vulnerabilidad de la anciana.
Para la Cámara, el de la sobrina fue “un comportamiento ruin y gravemente ultrajante” que cuadra en el concepto legal de “ingratitud”. Esa figura, según el Código Civil y Comercial, permite revocar las cesiones de derechos sucesorios.
La anciana, aislada en la casa de la sobrina, bajo mediación psiquiátrica y en pleno duelo, firmó una escritura a favor de la mujer haciéndole una “cesión de los derechos hereditarios y gananciales” que le correspondían en la sucesión del marido. En esa cesión, llamativamente, no se guardó para sí misma ningún usufructo ni derecho sobre ninguna de las propiedades del matrimonio ni le puso a la sobrina ninguna condición para garantizarse un techo, cuidados o alimentos por el resto de su vida. Con esa escritura, la sobrina se presentó en la sucesión de su tío y pidió que todos los bienes sean registrados a su nombre.
Firmas falsas
Poco tiempo después la tía descubrió la gravedad de la situación. A través de su abogado pidió la nulidad de la cesión y luego presentó una demanda contra la sobrina, donde pidió que se revoque la donación por “ingratitud”. Allí explicó que al momento de firmar la escritura no podía comprender los alcances del acto y que en realidad “nunca deseó” desprenderse de todo.
A través de una pericia caligráfica se comprobó que la sobrina había falsificado la firma de la tía para impulsar muy rápidamente el proceso de la sucesión del tío. Descubierta la maniobra, la sobrina dijo que había copiado la firma “con el expreso conocimiento de mi tía y para no incomodarla” cada vez que había que presentar papeles judiciales. La excusa fue calificada como “increíble” en el fallo de primera instancia. Para la Cámara, fue una demostración más de una “actitud de aprovechamiento que no tiene límites”.
Para la jueza de primera instancia “no fue casualidad” que la sobrina se acercara a su tío moribundo ni tampoco que la tía fuera medicada con clonazepam durante los ocho meses que vivió con la sobrina luego de enviudar. En ese período la sucesión avanzó “a un ritmo vertiginoso”, según destacó el fallo, y la anciana firmó la cesión total de derechos.
En el análisis jurídico, la cesión de derechos sucesorios se equiparó con una donación. Y en el contexto, el fallo de primera instancia aplicó la “revocación por ingratitud” del Código Civil y Comercial. Según esa norma, las donaciones se pueden revocar si el donatario (la sobrina) “priva injustamente de bienes” al donante. Así, la jueza ordenó “dejar sin efecto” la cesión.
Ingratitud, desproporción y aprovechamiento
La primera sentencia fue apelada por la sobrina. Dijo que su tía firmó la cesión con pleno discernimiento y tildó de “absurdo” que el fallo analizara el prospecto y las contraindicaciones del clonazepam. Afirmó que la falsificación de firmas no le causó ningún “daño” a la tía y que la escritura de cesión fue “instrumentada con todas las formalidades”.
Al analizar la apelación, la Cámara Civil no sólo confirmó la invalidez de la donación sino que además enumeró otras razones jurídicas por las cuales esa cesión debía ser anulada.
La anciana “se encontraba atravesando una situación de duelo al perder su compañero de vida, con un estado de salud delicado bajo tratamiento médico acreditado, y fuera de su hogar, alejada de su círculo de contención socioafectiva, esto es, de las diferentes relaciones vinculares que ha desarrollado en su ciudad de residencia, situación que entiendo suficiente para considerar que se encontraba en un estado de vulnerabilidad del cual la demandada (la sobrina) se ha visto directamente beneficiada”, dijo la Cámara.
Para el tribunal, además de la figura legal de “ingratitud”, en el caso también se da el vicio de “lesión”. Para el derecho civil, los actos jurídicos pueden anularse “cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación”. La ley también presume que hay lesión cuando hay una “notable desproporción de las prestaciones” entre dos partes. En este caso, la Cámara advirtió que la anciana no recibió ninguna contraprestación de su sobrina ante semejante donación, “ni siquiera el compromiso de cuidarla y asistirla velando por su bienestar en su ancianidad hasta el fallecimiento”, lo que “evidencia un total aprovechamiento”.
“Quedaron acreditadas maniobras abusivas y de total aprovechamiento de la actora, tanto en oportunidad de la donación como luego de ella, siendo en definitiva toda una secuela de actos que tenía como finalidad última quedarse con los bienes”, concluyó el Tribunal.
La lesión, las falsificaciones, la rápida inscripción de los bienes a su nombre y las intimaciones judiciales que hizo la sobrina contra la tía luego de ser descubierta configuraron para la Cámara “un comportamiento ruin y gravemente ultrajante que autoriza la revocación por ingratitud”.
Por otra parte, el Tribunal valoró que la donación también es nula porque implica, en los hechos, que la tía se desprendió de la totalidad de su patrimonio, sin reservarse ninguna contraprestación o beneficio, algo que la ley tampoco autoriza.
“Estaríamos muy lejos de cumplir con el mandato constitucional de “afianzar la justicia” si por meros pruritos formales permitimos que se consolide tamaño despojo del que ha sido víctima la actora, una persona hipervulnerable por su condición de mujer, su ancianidad y delicado estado de salud”, definió finalmente la Cámara.
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Se entregó en Roca el joven acusado de asesinar de un disparo a un hombre en Allen
El imputado acudió por sus propios medios a la guardia de la Comisaría 3° y manifestó su intención de entregarse. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Allen.
Un hombre de 32 años murió ayer lunes (09/11) por la mañana en Allen tras recibir un disparo en el pecho. Por el homicidio, un joven de 25 años que permanecía prófugo se presentó voluntariamente este martes en la Comisaría 3° de General Roca, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
El hecho se conoció alrededor de las 6, cuando desde la guardia del Hospital Ernesto Accame informaron el ingreso de la víctima en estado crítico. Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos, minutos más tarde confirmaron su fallecimiento a causa de la herida de arma de fuego en la zona torácica.
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre había sido auxiliado en la intersección del Pasaje Vecinal e Islas Malvinas y trasladado de urgencia al nosocomio local por allegados a bordo de un automóvil.
En el lugar trabajaron el fiscal Zornita, efectivos de la Comisaría 33°, personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística.
En tanto, el sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, se presentó este martes alrededor de las 11 en la guardia de la Comisaría 3°. El joven acudió por sus propios medios y manifestó su intención de entregarse al conocer que era buscado por el crimen ocurrido 24 horas antes.
Tras su presentación, el personal policial se comunicó con la Fiscalía Descentralizada de Allen, desde donde se dispuso notificar formalmente su aprehensión en el legajo judicial caratulado como homicidio agravado. También se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial para el cotejo de antecedentes.
El imputado quedó alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, se notificó a la Defensoría Oficial para garantizar su representación legal.
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Juicio por abuso sexual: La Fiscalía pidió perspectiva de género y una resolución con enfoque en los derechos de la víctima
La fiscal Benatti pidió que se analice el contexto de vulnerabilidad de la víctima, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. La defensa solicitó que el acusado sea condenado por estupro.
La Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que declare responsable penal a un hombre acusado por hechos de abuso sexual que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años. El caso llegó a juicio varios años después de ocurrido y la acusación sostuvo que se trató de un ataque no consentido que derivó en un embarazo.
Durante los alegatos de clausura, la fiscal Celeste Benatti pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni que analizaran el caso desde la perspectiva de una niña de 12 años en 2015. Planteó la necesidad de comprender cómo su vida y sus decisiones cotidianas quedaron atravesadas y subordinadas a las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que la niña nunca eligió mantener una relación con el imputado ni quedar embarazada sin comprender siquiera lo que eso significaba. También señaló que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente mediante un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti sostuvo que en aquel momento falló el sistema de protección y que la víctima quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida. En ese sentido, pidió que el Tribunal resuelva con perspectiva de género y contemple el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Entre las pruebas, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, que confirmó la paternidad respecto del hijo producto del abuso con un 99,99% de probabilidad. También mencionó el informe médico forense que estableció la fecha de concepción.
Los hechos juzgados ocurrieron en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía 12 años y el imputado 18. La Fiscalía sostuvo que se trató de un ataque no consentido, en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar.
La representante fiscal también recordó la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el debate y solicitó que su asistido sea condenado por la figura de estupro. El Tribunal informó que dará a conocer su resolución el miércoles 11 de noviembre a las 12.30 horas.
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Violencia obstétrica: Condenaron a un anestesiólogo y a una clínica por el maltrato a una mujer durante una cesárea
Una mujer que llevaba 40 horas de trabajo de parto fue maltratada por un anestesiólogo antes de una cesárea. La Justicia reconoció el daño y condenó al profesional y al sanatorio a pagar una indemnización.
Una mujer que llevaba 40 horas en labores de parto y 8 horas con contracciones aceptó someterse a una cesárea en una clínica de Roca. Estaba agotada y los controles médicos comenzaban a detectar señales de riesgo para el bebé. Ante ese panorama, resignó su deseo de un parto natural y fue ingresada al quirófano.
Allí, cuando estaba a punto de aplicarle la anestesia epidural, el anestesiólogo le recriminó que lo hubieran convocado después de la medianoche, cuando él ya había terminado su jornada laboral. La mujer le respondió que no podía elegir el horario del nacimiento de su hijo. El profesional también hizo comentarios despectivos sobre abogados y jueces cuando supo que ella era abogada, en los momentos previos al nacimiento del bebé.
La mujer inició primero un proceso en el fuero de Familia, donde se reconoció que había sufrido violencia obstétrica. Esa decisión quedó firme luego de una apelación de los demandados ante la Cámara. Después presentó una demanda civil por los daños que le ocasionó el episodio.
El fuero Civil condenó al anestesiólogo y a la clínica a pagar una indemnización. La sentencia incluyó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, entre ellas la entrega de información sobre sus derechos a las personas gestantes que ingresan a la clínica y la implementación de un procedimiento accesible para recibir y resolver reclamos.
Para resolver el caso, la magistrada aplicó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género.
También consideró la Ley Nacional de Parto Respetado y la Ley de Derechos del Paciente. Citó, además, los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la violencia durante el embarazo, el parto y el posparto constituye una violación a los derechos humanos.
La sentencia también recuperó los estándares internacionales que identifican concepciones machistas y estereotipadas detrás de estas prácticas. Entre ellas, la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable del embarazo, la supuesta inferioridad de las mujeres, la creencia de que no pueden tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos y las concepciones que reducen sus cuerpos a objetos de placer sexual masculino.
En el ámbito provincial, la jueza destacó que Río Negro fue pionera con la Ley D 3263, que reemplazó el concepto de parto médico por el de parto humanizado. Esa norma reconoce a la persona gestante como protagonista del nacimiento y protege su derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.
Otro aspecto central fue la evaluación del daño psicológico. Durante el proceso se presentaron dos pericias con conclusiones diferentes. La jueza otorgó mayor valor al informe del Cuerpo de Investigación Forense, que identificó angustia, ansiedad, sentimientos de desvalorización y otras consecuencias vinculadas con el episodio.
Estereotipos a la vista
Al analizar la conducta del anestesiólogo, la magistrada señaló que «el demandado debió conocer que se dirigía a una mujer que atravesaba el proceso de nacimiento de su hijo y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, el profesional dispensó un trato inadecuado a la paciente, cuando su especial posición de jerarquía y autoridad le imponía límites en el modo de relacionarse con su paciente, y no lo hizo, omitiendo la especial diligencia que le era exigible».
La jueza dedicó una parte de la sentencia a identificar y visibilizar los estereotipos que impactaron en el suceso.
Así, cuestionó que se atribuyera a la paciente responsabilidad por la duración del trabajo de parto y por el horario de la intervención, como si hubiera podido decidir cuándo debía nacer su hijo. También examinó el prejuicio que asocia la emocionalidad femenina con una menor capacidad para interpretar lo sucedido. Según explicó, el dolor, el cansancio o la angustia no habilitan a considerar que el relato de una mujer sea exagerado o poco confiable. Otro aspecto revelado fue la naturalización del maltrato dentro de los equipos de salud.
La sentencia también rechazó la expectativa de que una mujer deba reaccionar de una manera determinada frente a una situación de violencia. Finalmente, la magistrada examinó la desigualdad de poder propia de la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Esa asimetría se profundiza durante el parto, cuando la persona depende de la asistencia médica para atravesar una intervención necesaria.
En sus conclusiones, la magistrada consideró que el anestesiólogo debía responder por su conducta porque vulneró el deber de brindar un trato digno y respetuoso y cometió un acto de violencia obstétrica.
También atribuyó responsabilidad a la clínica, ya que el profesional fue convocado por la institución. A su vez, la jueza consideró insuficientes las acciones de capacitación que la clínica había acreditado tras la intervención del fuero de Familia.
Garantía de no repetición
La condena no se limitó a la reparación económica. La clínica deberá elaborar y entregar a las pacientes una carta de derechos de las personas gestantes. La misma deberá ser escrita en lenguaje claro y accesible, con información sobre el trato digno, la participación en las decisiones médicas, el respeto de sus necesidades y preferencias y los canales para realizar consultas o reclamos.
También tendrá que implementar o adecuar un protocolo para recibir y responder denuncias por posibles situaciones de violencia obstétrica.
Las medidas deberán cumplirse dentro de los 60 días posteriores a que la sentencia quede firme, con acreditación documental y control judicial. La jueza sostuvo que la prevención requiere acciones institucionales efectivas y sostenidas, capaces de modificar prácticas y evitar nuevas vulneraciones de derechos.
