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Engañó a su tía para quedarse con toda la herencia pero terminó con las manos vacías por “ingratitud”

Una Cámara Civil de Apelaciones confirmó un fallo de primera instancia que anuló la donación, devolviendo a la mujer todos sus derechos.

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Una anciana donó a su sobrina política toda la herencia de su esposo fallecido. Durante los 56 años que ella y el hombre estuvieron casados, no tuvieron hijos, por lo que no tenían herederos directos. Pero lo que en un comienzo pareció un acuerdo familiar transparente, terminó siendo un engaño de la sobrina para quedarse con todo.

Ahora, una Cámara Civil de Apelaciones confirmó un fallo de primera instancia que anuló la donación, devolviendo a la tía todos sus derechos.

Poco antes de morir su tío y tras varios años de distanciamiento, la sobrina retomó el vínculo con los ancianos. Y apenas el hombre murió, se llevó a la tía vivir a su casa y en ese contexto la hizo firmar una donación total a su favor.

La tía le cedió por escritura pública todos los bienes que habían sido de su esposo y también los bienes gananciales que el matrimonio había adquirido durante más de medio siglo de unión. Luego, la sobrina ingresó al proceso de sucesión de su tío con engaños y firmas falsificadas, lo que terminó de confirmar el cuadro de abuso ilegal ante la vulnerabilidad de la anciana.

Para la Cámara, el de la sobrina fue “un comportamiento ruin y gravemente ultrajante” que cuadra en el concepto legal de “ingratitud”. Esa figura, según el Código Civil y Comercial, permite revocar las cesiones de derechos sucesorios.

La anciana, aislada en la casa de la sobrina, bajo mediación psiquiátrica y en pleno duelo, firmó una escritura a favor de la mujer haciéndole una “cesión de los derechos hereditarios y gananciales” que le correspondían en la sucesión del marido. En esa cesión, llamativamente, no se guardó para sí misma ningún usufructo ni derecho sobre ninguna de las propiedades del matrimonio ni le puso a la sobrina ninguna condición para garantizarse un techo, cuidados o alimentos por el resto de su vida. Con esa escritura, la sobrina se presentó en la sucesión de su tío y pidió que todos los bienes sean registrados a su nombre. 

Firmas falsas

Poco tiempo después la tía descubrió la gravedad de la situación. A través de su abogado pidió la nulidad de la cesión y luego presentó una demanda contra la sobrina, donde pidió que se revoque la donación por “ingratitud”. Allí explicó que al momento de firmar la escritura no podía comprender los alcances del acto y que en realidad “nunca deseó” desprenderse de todo.

A través de una pericia caligráfica se comprobó que la sobrina había falsificado la firma de la tía para impulsar muy rápidamente el proceso de la sucesión del tío. Descubierta la maniobra, la sobrina dijo que había copiado la firma “con el expreso conocimiento de mi tía y para no incomodarla” cada vez que había que presentar papeles judiciales. La excusa fue calificada como “increíble” en el fallo de primera instancia. Para la Cámara, fue una demostración más de una “actitud de aprovechamiento que no tiene límites”.

Para la jueza de primera instancia “no fue casualidad” que la sobrina se acercara a su tío moribundo ni tampoco que la tía fuera medicada con clonazepam durante los ocho meses que vivió con la sobrina luego de enviudar. En ese período la sucesión avanzó “a un ritmo vertiginoso”, según destacó el fallo, y la anciana firmó la cesión total de derechos.

En el análisis jurídico, la cesión de derechos sucesorios se equiparó con una donación. Y en el contexto, el fallo de primera instancia aplicó la “revocación por ingratitud” del Código Civil y Comercial. Según esa norma, las donaciones se pueden revocar si el donatario (la sobrina) “priva injustamente de bienes” al donante. Así, la jueza ordenó “dejar sin efecto” la cesión.

Ingratitud, desproporción y aprovechamiento

La primera sentencia fue apelada por la sobrina. Dijo que su tía firmó la cesión con pleno discernimiento y tildó de “absurdo” que el fallo analizara el prospecto y las contraindicaciones del clonazepam. Afirmó que la falsificación de firmas no le causó ningún “daño” a la tía y que la escritura de cesión fue “instrumentada con todas las formalidades”.

Al analizar la apelación, la Cámara Civil no sólo confirmó la invalidez de la donación sino que además enumeró otras razones jurídicas por las cuales esa cesión debía ser anulada.

La anciana “se encontraba atravesando una situación de duelo al perder su compañero de vida, con un estado de salud delicado bajo tratamiento médico acreditado, y fuera de su hogar, alejada de su círculo de contención socioafectiva, esto es, de las diferentes relaciones vinculares que ha desarrollado en su ciudad de residencia, situación que entiendo suficiente para considerar que se encontraba en un estado de vulnerabilidad del cual la demandada (la sobrina) se ha visto directamente beneficiada”, dijo la Cámara.

Para el tribunal, además de la figura legal de “ingratitud”, en el caso también se da el vicio de “lesión”. Para el derecho civil, los actos jurídicos pueden anularse “cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación”. La ley también presume que hay lesión cuando hay una “notable desproporción de las prestaciones” entre dos partes. En este caso, la Cámara advirtió que la anciana no recibió ninguna contraprestación de su sobrina ante semejante donación, “ni siquiera el compromiso de cuidarla y asistirla velando por su bienestar en su ancianidad hasta el fallecimiento”, lo que “evidencia un total aprovechamiento”. 
“Quedaron acreditadas maniobras abusivas y de total aprovechamiento de la actora, tanto en oportunidad de la donación como luego de ella, siendo en definitiva toda una secuela de actos que tenía como finalidad última quedarse con los bienes”, concluyó el Tribunal.

La lesión, las falsificaciones, la rápida inscripción de los bienes a su nombre y las intimaciones judiciales que hizo la sobrina contra la tía luego de ser descubierta configuraron para la Cámara “un comportamiento ruin y gravemente ultrajante que autoriza la revocación por ingratitud”.

Por otra parte, el Tribunal valoró que la donación también es nula porque implica, en los hechos, que la tía se desprendió de la totalidad de su patrimonio, sin reservarse ninguna contraprestación o beneficio, algo que la ley tampoco autoriza.

“Estaríamos muy lejos de cumplir con el mandato constitucional de “afianzar la justicia” si por meros pruritos formales permitimos que se consolide tamaño despojo del que ha sido víctima la actora, una persona hipervulnerable por su condición de mujer, su ancianidad y delicado estado de salud”, definió finalmente la Cámara.

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Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

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Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.

La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.

Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.

El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.

Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.

La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.

Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.

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Una abuela de Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta

La mujer, que convive con la niña y se ocupa de su cuidado, inició una demanda contra ambos progenitores. La jueza estableció que cada uno aporte el 20% de sus ingresos, con un mínimo equivalente al 70% del salario mínimo.

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Una abuela materna de General Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta, una niña que vive con ella y de cuyo cuidado se ocupa. La mujer había iniciado una demanda contra ambos progenitores para que contribuyeran económicamente con las necesidades básicas de la pequeña.

Además del reclamo alimentario, la abuela inició otro proceso judicial para obtener la guarda de la niña. En su presentación explicó que la madre trabaja en otra provincia y percibe un salario mensual, mientras que el padre realiza trabajos ocasionales. Por ese motivo, solicitó que ambos aportaran un porcentaje de sus ingresos, con un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El fuero de Familia de Roca hizo lugar parcialmente al pedido y estableció que cada progenitor deberá aportar el 20% de sus ingresos totales, luego de los descuentos obligatorios de ley. También fijó para cada uno un monto mínimo equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para resolver, la jueza tuvo en cuenta el carácter urgente de los alimentos provisorios y el derecho de la niña a recibir asistencia económica de sus padres. Consideró, además, que el proceso de guarda iniciado por la abuela constituye un indicio suficiente del derecho que reclama, lo que permite adoptar una medida preventiva sin esperar a contar con todas las pruebas ni a una sentencia definitiva.

La magistrada explicó que el objetivo es evitar que la demora del proceso judicial perjudique a la niña. En esta etapa, señaló, no corresponde realizar un análisis exhaustivo de las pruebas, ya que esa evaluación se llevará adelante antes de dictar la sentencia definitiva. También valoró que los progenitores todavía no habían contestado la demanda y que el Defensor de Menores se había pronunciado a favor de establecer una cuota provisoria.

La resolución aclaró que los montos podrán aumentar o reducirse durante el proceso si se presentan nuevas pruebas que justifiquen una modificación. La cuota definitiva se determinará luego de analizar la situación económica de ambos progenitores y los demás elementos incorporados al expediente.

Por último, se dispuso que los aportes deberán depositarse entre los días 1 y 10 de cada mes en una cuenta judicial. La jueza ordenó su apertura y la gestión de una tarjeta de débito para la abuela. La cuenta tendrá como único destino el depósito de las cuotas alimentarias y las asignaciones familiares.

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Imputaron a una mujer por el choque en el que murió Omar Moreno en la Ruta 22

La Fiscalía sostuvo que la conductora realizó un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla y se interpuso en el carril por el que circulaban las víctimas.

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Una mujer quedó imputada por el accidente de tránsito ocurrido en mayo de este año sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, en el que murió Omar Edgardo Moreno y dos mujeres sufrieron lesiones graves.

Durante la audiencia realizada este viernes (13/11), la fiscal Verónica Villarruel explicó que, de acuerdo con la acusación, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.27, cuando la imputada circulaba en un Peugeot 307 en sentido este-oeste e inició una maniobra de adelantamiento en un sector demarcado con doble línea amarilla. Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la conductora se habría acercado a una camioneta para sobrepasar a dos automóviles y un camión, invadiendo de esa manera el carril por el que circulaban las víctimas.

Ante esa situación, Moreno intentó evitar la colisión y se desplazó hacia la banquina sur. La imputada también realizó una maniobra hacia ese sector. La Fiscalía sostuvo que, como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y de no mantener el dominio efectivo del vehículo, se produjo el choque que terminó con la vida del hombre. Tanto la mujer que lo acompañaba como la persona que viajaba junto a la imputada sufrieron lesiones graves.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, certificados médicos, informes de los peritos mecánicos sobre el Peugeot 307 y el Ford Focus involucrados, y el relevamiento realizado por la Delegación de Cervantes del Gabinete de Criminalística.

También se incorporaron pericias accidentológicas sobre las velocidades aproximadas de los vehículos al momento del impacto y la mecánica del hecho, un video extraído de un taxi que circulaba por la ruta en ese momento y las entrevistas al camionero que habría sido sobrepasado y al conductor del taxi. A esto se sumaron informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y las lesiones que presenta la mujer que continúa bajo tratamiento médico.

La querella adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular no formuló objeciones.

Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria, en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y pluralidad de víctimas (dos víctimas), conforme a los artículos 54, 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.

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