Judiciales
Más de 150 niños y niñas ayudaron a diseñar el modelo de notificaciones judiciales para las infancias
El STJ aprobó una guía especial para mejorar las audiencias de escucha a niños, niñas y adolescentes que están afectados por un proceso judicial.
Desde que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobó una guía especial para mejorar las audiencias de escucha a niños, niñas y adolescentes que están afectados por un proceso judicial, cambió también la forma en que chicos y chicas reciben la noticia de que serán escuchados por un juez, una jueza o un equipo técnico del Poder Judicial.
Las declaraciones de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales son cotidianas. Son convocados como testigos, como víctimas, en procesos de adopción o como potenciales afectados por un litigio entre personas adultas de su familia o de su entorno social. Si bien en la mayoría de los casos se trata de casos del fuero de Familia y del fuero Penal, los niños y niñas pueden ser escuchados en cualquier tipo de proceso. La guía excluye a los procesos penales, que se tramitan de otra manera.
Antes de la nueva Guía de Escucha para la Niñez y la Adolescencia, aprobada en 2023 por el STJ, las notificaciones con la citación a declarar llegaban a la casa del niño o la niña, pero iban dirigidas a las personas adultas. Su diseño era el “tradicional”, que muchas veces resultaba difícil o intimidante para el grupo familiar. Por eso el cambio de paradigma comenzó desde ese contacto inicial: ahora las notificaciones dicen “Invitación de Escucha para Niñez y Adolescencia”, están personalmente dirigidas a la personas menores de edad y su diseño está validado por más de 150 niños y niñas de la provincia que aportaron sus opiniones sobre cómo debía ser ese documento legal.
Tanto la Guía de Escucha como el nuevo modelo de invitación judicial tienen como objetivo garantizar que los niños, niñas y adolescentes afectados por un proceso judicial puedan acceder al servicio de justicia y ejercer en plenitud su derecho a ser oídos y a opinar en forma activa cuando son sus propios derechos los que están en juego.
Al trabajar sobre el nuevo documento, el área de Diseño del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial evaluó distintas propuestas. Cambió la tipografía, mejoró la organización de la información, resaltó un párrafo con los derechos de las infancias en el proceso judicial y sumó gráficos (íconos) para destacar los datos más importantes. Los modelos fueron analizados con el grupo de juezas que intervino en el proyecto y las dos opciones finalistas pasaron a los validadores definitivos: los potenciales destinatarios.
Las visitas que las escuelas realizan habitualmente al edificio del Poder Judicial en Viedma fueron la ocasión perfecta. Con la colaboración del área de Ceremonial y Protocolo, que coordina las visitas guiadas, se trabajó directamente con los niños y niñas. Al principio se les presentó el modelo de citación tradicional para personas adultas, para ver su reacción. Luego, con una breve explicación del proyecto, se les exhibieron las versiones nuevas.
Chicos y chicas de 9 a 15 años analizaron las propuestas y volcaron sus opiniones, que sirvieron para ajustar y terminar el modelo final. Fueron estudiantes de escuelas de Comallo, Bariloche, Río Chico, El Caín, Valcheta, Lamarque y Viedma.
«Sus opiniones fueron muy importantes a la hora de hacer ajustes y entender sus necesidades, ya que pudieron manifestar cuestiones que no estaban dentro de nuestras expectativas», señalaron desde el Centro de Planificación Estratégica. Y el resultado se ajustó a esa visión: «querían un documento que sea claro pero no aniñado; que sea descontracturado, pero sin dejar de ser formal», explicaron.
Judiciales
Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
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Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
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Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
