Con la mirada puesta en una nueva relación entre el Estado y la comunidad, la Provincia de Río Negro avanza en la modernización de la gestión, mediante un importante proceso de despapelización y agilización de trámites.

Durante todo el año, el Ministerio de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo llevó adelante un proceso intensivo de capacitaciones en los organismos públicos, preparando al personal y funcionarios para incorporar al trabajo diario del sistema de gestión documental electrónica -GDE-.

Hasta el momento, 50 reparticiones del Estado y más de 4.400 usuarios trabajan bajo esta modalidad, que cuida el ambiente porque permite mediante la utilización de las herramientas tecnológicas dejar de usar papel.

«Creemos que la simplificación del Estado es el objetivo, pensando en una nueva relación con el ciudadano, una relación que hay que modificarla, porque existe una fuerte demanda por parte de cada uno de los trámites y existen políticas de desarrollo que no están llegando adecuadamente a la comunidad. Muchas veces la tecnología puede ser un vector superador para simplificar la cotidianidad», comentó el ministro Lutz.

Con respecto a la recepción por parte de los agentes, de esta nueva forma de trabajar, explicó que «la transformación digital en el Gobierno es un proceso que va con una velocidad aceptable; hemos mejorado la tasa de penetración del GDE, permitido generar ventanillas de consultas, capacitando a una serie de empleados para que se adapten a estos tiempos».

«La simplificación, la eliminación de intermediarios, el achicamiento de los tiempos y que el Estado se haga más invisible, son los objetivos», agregó el ministro.

En la jornada de ayer (26/06), personal de la cartera de Gobierno llevó adelante un encuentro a través del cual se pudo constatar el avance en cuanto a la utilización del sistema, las complicaciones que surgen en la tarea diaria y las necesidades de cada área.

Se presentó este miércoles (26/06) en la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro el proyecto para prorrogar las concesiones hidrocarburíferas en Río Negro. La reunión contó con la participación de intendentes de distintos municipios que expusieron sus opiniones respecto al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa habilita a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente a prorrogar por 10 años los contratos con las empresas concesionarias, que deberán estar inscriptas en un Registro Provincial que se crearía con la ley.

Funcionarios de la Secretaría dieron detalles del proyecto. Mariela Moya, de la Secretaría de Hidrocarburos, explicó sus alcances. Indicó que se trata de la extensión de los plazos de concesión del 75% de las concesiones de explotación. En total son 21 que están en condiciones de ser prorrogadas, cuyos vencimientos son entre el 2025 y 2028.

«Nos adelantamos un par de años porque vemos que la situación es crítica en cuanto a las inversiones y a la producción. Debemos dar un paso adelante antes de que la situación sea irreversible. Buscamos sostener la actividad y las inversiones», fundamentó.

«Nuestra propuesta se basa en actualizar un nuevo contrato de prórroga, considerando la situación actual de la industria hidrocarburífera, con la presencia de los no convencionales, teniendo en cuenta qué cosas no nos sirvieron de los contratos anteriores con respecto al control y fiscalización. La idea es fortalecer el control y la fiscalización para que el día a día sea más efectivo y podamos tener el control de las inversiones en la provincia», agregó.

Los intendentes coincidieron en destacar el espacio de diálogo brindado por la comisión presidida por Carlos Valeri. El punto más debatido fue el que establece las sumas de dinero que la provincia, los municipios, comunas y comisiones de fomento percibirían en concepto de Bono de Prórroga. Varios jefes comunales y algunos legisladores de la oposición cuestionaron el porcentaje del 10% que percibirán los municipios y pidieron que sea mayor, algunos hablaron de llevarlo al 20%.

Otro de los cuestionamientos fue con respecto a los pasivos ambientales. La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, sintetizó las críticas de la oposición. Denunció incumplimiento en la remediación de pasivos ambientales. Aseguró que el proyecto «atenta contra los municipios productores». Sostuvo además que la producción petrolera genera un gran déficit de infraestructura, dejando las rutas destrozadas. También criticó la «falta de información de planes de inversiones» y que no se cumpla con el «compre local».

Magdalena Odarda también fue crítica. «Entendemos que hay una renegociación encubierta y no una prórroga», advirtió. Cuestionó que se le «otorguen facultades extraordinarias» a la Secretaría de Energía. También remarcó que «no se ha remediado el pasivo ambiental».

Ante las críticas de la oposición, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, aseguró que «no estamos viniendo a ocultarle nada a nadie, ni a perjudicar a nadie, estamos viendo si podemos entre todos generar una prórroga de un contrato para que haya mayores inversiones en Río Negro. No vamos a perdonar las deudas a nadie».

Con respecto a las críticas sobre el porcentaje del bono de prórroga, señaló «que haya 14 o que haya 10%, fue y es una voluntad del gobernador Alberto Weretilneck, fue una decisión política. Porque puede pasar, como pasa en otros casos, que las regalías no se comparten con nadie. En cambio el gobernador siempre ha tratado de incorporar y distribuir entre todos los municipios, porque tiene una concepción municipalista, porque ha sido intendente y su formación fue dentro de un municipio».

Participaron de la reunión los intendentes de Cervantes, Claudia Montanaro; de Catriel, Daniela Salzotto; de Cinco Saltos, Enrique Rossi, de Fernández Oro, Gustavo Amati, de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Campo Grande, Daniel Hernández; de Lamarque, Sergio Hernández; y el secretario de Hacienda de General Roca, Pablo Rolo.

En el marco del control del ausentismo en dependencias del Estado provincial, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, confirmó que detectaron muchos empleados y empleadas que estaban siendo atendidos por el mismo médico en distintas partes de Río Negro. «Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», aseguró.

«Las Juntas Médicas de la provincia están bajo el ala de Función Pública y fue a través de ellas que se encendieron las primeras alarmas. En algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día. Encontramos una fábrica de certificados que eran vendidos a las y los agentes públicos que los solicitaban», detalló Lastra.

El Gobierno provincial puso el ojo en la cantidad de certificados que llegaron a las áreas de recursos humanos de cada ministerio, provocando un marcado ausentismo en las áreas de trabajo. «El presentismo hace que se resientan servicios como los de Salud, Seguridad y Educación, por ejemplo», aseguró.

«Los certificados tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología. Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», agregó Lastra.

Respecto a cuál es el mecanismo correcto, Lastra explicó que «si el certificado supera las 72hs de tratamiento, la Junta Médica debe hacer un monitoreo, llamar al empleado que lo presentó, convocarlo a que se apersone en sede de la Junta Médica y, eventualmente en algunos casos, ir hasta el domicilio a constatar el hecho que se notifica en el certificado».

A mediados de este mes, Alberto Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación. El Gobierno provincial detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales y también se descubrieron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.