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Política

Las provincias unidas del Sur: Los gobernadores patagónicos se le volvieron a plantar a Milei

Los mandatarios respaldaron a su par de Chubut que dijo que «si el Ministerio de Economía no le entrega a la provincia sus recursos, entonces no entregaremos nuestro petróleo y gas».

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A través de un comunicado firmado por los gobernadores de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y La Pampa, las provincias de la región patagónica se unieron y expresaron su apoyo a los dichos de Ignacio Agustín Torres, mandatario de Chubut, quien manifestó la idea de avanzar en «cerrar la exportación de petróleo si no le sacan el pie de encima a la provincia».

«Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», indicaron.

«Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», agregaron

«Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600.000 chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo», añadieron.

«También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», expresaron.

«Por esa razón la Justicia Federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos», puntualizó el texto que lleva la firma de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Sergio Ziliotto de La Pampa; Claudio Vidal de Santa Cruz; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; y de Torres de Chubut.

«Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», indicaron en el comunicado.

«Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen», agregaron.

«Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas», manifestaron.

«Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina», concluyeron.

Gremios

ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios

«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.

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Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.

«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.

En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».

«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.

Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.

Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.

En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.

Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.

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Política

La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales

Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.

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La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».

«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.

Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.

Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.

Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.

Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.

La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.

El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.

«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.

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Política

Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina.

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El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que cierra una etapa clave de la obra energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina. «Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro», remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.

El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina. La obra avanza con estándares de calidad que incluyeron 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores a lo largo de toda la traza.

En octubre, la UTE Techint–Sacde alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada. La etapa se completará con soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. La exportación se proyecta a partir de diciembre de 2026.

Weretilneck expresó que «es un día histórico para Río Negro y para la Argentina» y destacó además que «estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, condiciones que dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan».

VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios. Se prevén ingresos para Río Negro por más de U$S 1.000 millones en 13 años, mientras que el Bono VMOS de U$S 60 millones ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad.

El gobernador subrayó que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece el protagonismo de Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional.

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