Política
Las provincias unidas del Sur: Los gobernadores patagónicos se le volvieron a plantar a Milei
Los mandatarios respaldaron a su par de Chubut que dijo que «si el Ministerio de Economía no le entrega a la provincia sus recursos, entonces no entregaremos nuestro petróleo y gas».
A través de un comunicado firmado por los gobernadores de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y La Pampa, las provincias de la región patagónica se unieron y expresaron su apoyo a los dichos de Ignacio Agustín Torres, mandatario de Chubut, quien manifestó la idea de avanzar en «cerrar la exportación de petróleo si no le sacan el pie de encima a la provincia».
«Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», indicaron.
«Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», agregaron
«Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual.
No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600.000 chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo», añadieron.
«También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», expresaron.
«Por esa razón la Justicia Federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos», puntualizó el texto que lleva la firma de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Rolando Figueroa de Neuquén; Sergio Ziliotto de La Pampa; Claudio Vidal de Santa Cruz; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; y de Torres de Chubut.
«Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», indicaron en el comunicado.
«Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen», agregaron.
«Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas», manifestaron.
«Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina», concluyeron.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
Policiales
Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca
Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.
La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.
Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».
Un modelo de gestión coordinada
Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.
Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».
