Judiciales
Una mujer se tropezó con una canilla que quedó de una obra inconclusa de ARSA y deberá ser indemnizada
Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.
Una mujer de Viedma se tropezó con una canilla que sobresalía de la vereda y debió ser hospitalizada. La recuperación le llevó meses, y aún así, quedó con secuelas. La canilla estaba al descubierto debido a una obra inconclusa de la empresa prestataria del servicio. Sin embargo, la empresa intentó culpar a la Municipalidad y a la propia frentista. Un fallo civil dispuso un resarcimiento para la damnificada.
El accidente ocurrió al mediodía de enero, cuando la vecina fue a la casa de su suegra y tropezó con una canilla que emergía de la vereda. Para proteger su cuerpo, colocó las manos en el suelo, lo que provocó que sus muñecas soportaran la totalidad de su peso, quedando inmovilizada y consciente en el piso.
Fue trasladada al Sanatorio Austral, donde, tras realizarle placas, determinaron que había sufrido una fractura de radio derecho distal intraarticular debido a la caída. Posteriormente, fue operada y tuvo que recibir sesiones de kinesiología. Quedó con secuelas incapacitantes, según el informe médico.
En el expediente, la empresa argumentó que el Municipio es el responsable de la vía pública y recordó que los frentistas tienen obligaciones concurrentes, como custodiar los espacios verdes ubicados frente a sus domicilios y denunciar cualquier anomalía dentro de un plazo perentorio de 72 horas. Incluso culpó a la víctima, por conocer previamente el lugar.
Sin embargo, se comprobó que la frentista había reclamado por una obra inconclusa por parte de Aguas Rionegrinas. Cuando se presentó la Municipalidad de Viedma, rechazó las afirmaciones de la empresa, indicando que ARSA buscaba desligarse de su responsabilidad como causante del daño.
La propietaria de la casa declaró haber realizado denuncias desde el año 2019, después de que la empresa dejara la canilla sobresaliendo tras concluir una obra, y solo la reparó después del incidente que motivó la demanda. También expresó que, aunque hubiera querido contratar un servicio de albañilería para cubrir la canilla, el reglamento de los usuarios se lo prohibía, por lo que se limitó a ejercer sus derechos como usuaria y esperar a que ARSA cumpliera con sus obligaciones como concesionaria del servicio.
El juez civil, al resolver, afirmó que las denuncias de la usuaria frentista estaban probadas, incluso con un informe de 2017 que señalaba la reparación de una pérdida pero la ausencia de amuramiento de la tapa. El expediente incluyó ingresos de la mujer a la guardia, informes médicos, testimonios y pruebas documentales.
El magistrado concluyó que la mala condición de la vereda, debido a una obra realizada por la demandada, era la causa del tropiezo y caída de la actora, lo que motivó su ingreso al Sanatorio Austral. También tuvo en cuenta la conducta procesal de la demandada, quien se limitó a culpar a la víctima y a terceros, sin ofrecer una explicación satisfactoria de la existencia de la canilla como obstáculo y la falta de medidas preventivas. Además, destacó que ARSA realizó el arreglo correspondiente días después del accidente.
Finalmente, el juez analizó los daños y dispuso una indemnización a favor de la vecina.
Judiciales
Fiscalía pidió más de 7 años de prisión para dos hombres acusados de cometer un violento robo en Roca
Ambos fueron declarados coautores de un robo doblemente agravado ocurrido en febrero de 2024. El Tribunal dará a conocer la sentencia el lunes 20 de octubre.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que dos hombres sean condenados a penas de más de 7 años y medio de prisión, tras haber sido declarados coautores de un violento robo ocurrido en General Roca. La sentencia será leída el próximo lunes (20/10) a las 11.30 horas por el Tribunal Colegiado.
«Se trató de un hecho grave y premeditado, cometido por cuatro personas que se desplazaron en un vehículo y esperaron a un descuido de la víctima para apoyarle un arma en la nuca y maniatarla. Una vez en el interior de la casa, produjeron múltiples destrozos, arrancaron un DVR para no ser descubiertos y rompieron un sommier», explicó el fiscal del caso durante su alegato final.
El representante del Ministerio Público agregó que «la víctima expresó mucho temor a lo largo del proceso, motivo por el cual la fiscalía solicitó rondines policiales para garantizar su seguridad».
Para uno de los acusados, la Fiscalía pidió 7 años y 6 meses de prisión, además de la revocación de la condicionalidad de una condena anterior y la unificación de la pena por el mismo monto. En tanto, para el segundo hombre solicitó 8 años y 6 meses de prisión, con declaración de reincidencia y unificación de condenas en 27 años de prisión.
Por su parte, el defensor particular de ambos sostuvo que sus asistidos no participaron del hecho, cuestionó la falta de acreditación de los daños y pidió que se impongan las penas mínimas previstas por el Código Penal.
El hecho
Durante el juicio se comprobó que el robo ocurrió en febrero de 2024, cerca de las 15.30 horas, cuando la víctima abría el portón de ingreso a su vivienda. En ese momento, fue interceptada por dos de los cuatro autores, quienes la intimidaron con un arma de fuego -real o de utilería- y la obligaron a ingresar al domicilio.
Una vez dentro, la ataron de manos y pies con una soga y sustrajeron dinero en efectivo, una moto, un monitor, un DVR de cámaras de seguridad y un celular. Los delincuentes huyeron en un Citroën C4, vehículo que posteriormente fue identificado por las cámaras de seguridad de la ciudad.
La calificación legal del caso es robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada o de utilería, según los artículos 45, 166 (último párrafo) y 167 inciso 2° del Código Penal.
Judiciales
Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
Judiciales
Uno de los adolescentes imputados por el crimen de Julián Dobra se quitó la tobillera
Finalmente fue localizado en su vivienda y ahora lo internarán en uno de los dispositivos de la SENAF, hasta que continúe el proceso.
Este mediodía (09/10) la Fiscalía solicitó que se modifique la detención de uno de los menores imputados en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra, tras la notificación por parte la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico que el adolescente se había quitado el dispositivo.
«Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer (08/10) la Policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente», explicó el equipo fiscal.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que «pesa sobre el menor punible una imputación por un hecho grave, en calidad de participe primario. El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos«.
Por su parte, la defensora pública de menores punibles explicó que «se ha trabajado en este tema, no se han encontrado otras medidas alternativas por eso se adhiere al pedido de la Fiscalía».
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de lo planteado por la Fiscalía.
Datos e imágenes de menores
Al inicio de la audiencia, la defensora de menores volvió a solicitar, a través del juez interviniente en este legajo, que se inste a los medios de comunicación de mantener la prohibición de publicar datos e imágenes de los menores que están involucrados en este o en cualquier otro legajo.
La defensora invocó, además de normativa provincial, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional N° 20.056 sobre la prohibición de la difusión o publicidad de hechos referidos a menores de edad. Tal como indica la normativa internacional de raigambre nacional y provincial.
