Judiciales
Conflicto por la Biblioteca del Teatro de La Estación: Imputaron por «usurpación» a ocho personas
No podrán ingresar nuevas personas al lugar, sólo a quienes se le formularon cargos. Asimismo se retirará la presencia policial del edificio.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos hoy (10/04) a ocho personas como coautoras del delito de «usurpación», según los Artículos 181 inc. 1ro. y 45 del Código Penal.
Según la acusación fiscal, «el hecho habría ocurrido el jueves 14 de marzo pasado, alrededor de las 12.15, en el sector de la Biblioteca ubicada entre el teatro de la Estación y la Dirección de Turismo, ubicada en 25 de mayo, entre España y Maipú, de General Roca, cuya posesión y administración detenta la Municipalidad de General Roca».
«En dichas circunstancias, ocho personas, y al menos 30 más aún no identificadas, cuando dos empleados de la Municipalidad estaban acondicionando el lugar, mediando violencia, amenazas e intimidación, empujaron la puerta de ingreso, pese a la resistencia de los empleados y les decían que se vayan. De esta manera habrían logrado usurpar el lugar, permaneciendo hasta la fecha los imputados antes identificados, impidiendo el ingreso de personal del Municipio», agregaron las representantes fiscales.
Como sustento probatorio para instancia se mencionó el acta de constatación de la Comisaría 3° realizada el 15 de marzo de 2024, además el acta de exposición policial del día de ocurrido el hecho por parte de los empleados municipales, documentación aportada por la Municipalidad de Roca, entrevista realizada a la Directora de Turismo municipal, inventario realizado del lugar.
Se agrega el acta de constatación del sábado 6 de abril donde la Fiscalía se hizo presente junto a personal policial, disponiendo que las personas que estaban dentro del edificio podían salir pero no ingresar, y que se daba autorización que se les brinden víveres y demás cuestiones que necesitaran los de adentro.
La querella, representando a la Municipalidad de General Roca, adhirió a la formulación, y enunció información que agregó como respaldo probatorio.
Por su parte, la abogada particular que asiste a los ocho imputados, solicitó que no se tengan por formulados los cargos, y que se quite la posta policial del lugar. Asimismo, con la asistencia de su abogada de confianza, tres de las ocho personas hicieron uso de la palabra, sin responder preguntar de las partes.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal para las ocho personas imputadas, y estableció que la investigación penal preparatoria dure 4 meses.
Medida cautelar
Luego, la Fiscalía y la querella solicitaron como medida cautelar que «se prohíba el ingreso de nuevas personas, que únicamente puedan ingresar y salir del lugar quienes fueron imputados en el día de la fecha», expresó la fiscalía. Además, «pediremos que se quite la custodia policial del lugar».
Por su parte, la defensora pidió que se rechace el pedido fiscal y el de la querella, que se continúe la investigación sin la aplicación de medidas cautelares, y que se permita el acceso a la Biblioteca.
Finalmente, la jueza de Garantías resolvió que para salvaguardar el bien, el espacio donde funciona la Biblioteca, no podrán ingresar nuevas personas al lugar, sólo quienes fueron imputados hoy, y se retirará la presencia policial del edificio.
Además, en el marco de esto, se fijó una reunión entre las partes, es decir Fiscalía, querella y defensa.
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
Judiciales
Condenado a 4 años de prisión por distribuir material de abuso infantil
El hombre de 36 años reconoció haber compartido imágenes de abuso sexual infantil a través de redes sociales.
Un hombre de 36 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Penal Pública.
Durante la audiencia, el imputado reconoció haber cometido los hechos investigados: 5 episodios ocurridos entre 2023 y 2024, todos en la localidad de Cervantes.
Según la Fiscalía, el hombre poseía y distribuía imágenes y videos de contenido sexual infantil a través de medios electrónicos y redes sociales. La denuncia se originó a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización internacional que trabaja en la detección de este tipo de delitos y mantiene convenios de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y, a su vez, con el de Río Negro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado, donde se secuestró material informático. También se incorporaron al expediente los informes periciales de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y de la Delegación de Criminalística de Cervantes.
El Tribunal Colegiado consideró acreditada la responsabilidad penal del hombre por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años, de acuerdo a lo previsto en los artículos 128, 1°, 3° y último párrafo del Código Penal.
El condenado no posee antecedentes penales ni causas en trámite, y deberá cumplir la pena de prisión efectiva, además de afrontar las costas del proceso judicial.
