El Municipio de General Roca continúa desarrollando el Plan Integral de Bacheo y Recuperación Vial con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones de paños de pavimento de hormigón en diversos puntos considerados estratégicos para la circulación urbana. Los trabajos se llevaron adelante en las intersecciones de Canadá y España, Canadá y Don Bosco, Canadá y Neuquén, además de Paraguay al 1146, Vintter y La Plata, San Martín y La Pampa, Santa Cruz y Moreno, Mitre y Chacabuco, Chile al 645, España al 306, 9 de Julio y Mendoza, y Rawson y República del Líbano.

Actualmente, los equipos trabajan sobre calle La Plata, entre Bahía Blanca y Paraná, donde se ejecutan tareas de demolición de sectores deteriorados, preparación de la base y posterior reconstrucción de la calzada.

Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días las obras continuarán en República del Líbano y José Ingenieros, República Dominicana y Resistencia, y Canadá y Maipú.

Las autoridades destacaron que «este tipo de intervenciones requiere una importante logística y el traslado de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, minicargadoras, motocompresores y camiones. Por ese motivo, en algunos casos se concentran varias tareas sobre una misma arteria para optimizar recursos y tiempos de ejecución».

Finalmente, se solicitó a conductores y peatones «extremar las precauciones al circular por los sectores intervenidos y respetar el vallado y la señalización dispuesta para garantizar la seguridad de los trabajos».

El Ministerio de Salud de Río Negro realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 13/26 destinada a la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad para las áreas de Neonatología, Pediatría y Maternidad del Hospital Dr. Francisco López Lima de General Roca.

El acto se llevó a cabo en Viedma y contó con la presentación de ofertas por parte de tres empresas interesadas en proveer la aparatología. El presupuesto oficial supera los 229 millones de pesos y forma parte del plan de inversión que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de los hospitales públicos.

Desde la cartera sanitaria destacaron que «la incorporación de nueva tecnología permitirá potenciar el servicio de Neonatología del hospital roquense, considerado uno de los más complejos del sistema sanitario provincial y referencia para toda la región».

Entre los equipos licitados se incluyen respiradores de alta frecuencia, sistemas de soporte respiratorio, bombas de infusión y jeringa, mezcladores de oxígeno, flowmeters, una servocuna para la recepción de recién nacidos y un sillón de parto de última generación.

Además, se prevé la compra de instrumental específico para diagnóstico y atención neonatal, como estetoscopios pediátricos, balanzas digitales, equipos de succión y kits para canalización umbilical.

En total, la adquisición contempla 70 equipos e insumos destinados a fortalecer la atención de recién nacidos, niños y madres, mejorando las condiciones de trabajo del personal de salud y la calidad de las prestaciones brindadas.

Las propuestas técnicas y económicas ingresaron ahora en la etapa de evaluación administrativa, proceso que permitirá determinar la adjudicación definitiva de la licitación.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que «esta inversión forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema público de salud y busca garantizar que los hospitales cuenten con herramientas adecuadas para responder a las demandas de atención de alta complejidad».

Cuatro personas fueron imputadas este martes (09/06) por una presunta defraudación contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), en el marco de una investigación que involucra al establecimiento de salud mental Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.

De acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido entre noviembre de 2021 y julio de 2023 y comprenden un total de 21 maniobras que, según la hipótesis fiscal, permitieron facturar y cobrar prestaciones que nunca fueron brindadas a afiliados de la obra social provincial.

La investigación apunta contra la presidenta del establecimiento, su socio, un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología y una acompañante terapéutica. A cuatro de ellos se les formularon cargos durante la audiencia de este martes, mientras que una quinta persona será imputada en los próximos días.

Según describió la Fiscalía, los profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes, incluyendo de manera ficticia a afiliados en la modalidad denominada Hospital de Día. Esa documentación era utilizada para respaldar facturaciones por prestaciones que no habrían sido efectivamente brindadas.

La acusación sostiene que los listados y documentación eran remitidos a la administración de San Cirano S.A., desde donde se confeccionaban las facturas que posteriormente eran presentadas ante el Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del IPROSS. Tras el circuito administrativo correspondiente, la obra social autorizaba y abonaba los montos reclamados.

Para la Fiscalía, la maniobra fue posible gracias al convenio vigente entre el IPROSS y el establecimiento, mediante el cual la institución se comprometía a brindar distintos módulos de atención a afiliados, incluyendo internación, internación especial, Hospital de Día y reinserción socio-productiva.

Los imputados fueron acusados por el delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, en concurso real. La presidenta de la institución y su socio deberán responder en carácter de coautores, mientras que los profesionales fueron señalados como partícipes necesarios.

Entre las pruebas incorporadas a la causa se encuentran la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, expedientes administrativos, documentación vinculada a facturaciones, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de organismos nacionales y provinciales, además de entrevistas realizadas durante la investigación.

Durante la audiencia, las defensas no formularon objeciones a la imputación. Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.