Luego de que el Gobierno reglamentara el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una presentación judicial para frenar esta medida.

«Estamos frente a un régimen de disponibilidad manifiestamente ilegal, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«La Justicia tiene que actuar de manera inmediata para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a todo el recurso humano que reviste en la planta permanente del Estado. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad. La articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros», detalló el referente estatal.

La decisión del Gobierno fue reglamentada a través de la Resolución N° 54/25 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la cual detalla los parámetros mediante los cuales pueden dejar en disponibilidad a trabajadores con estabilidad a partir del cierre de organismos como así también por exceder la «dotación óptima necesaria», criterio completamente subjetivo que figura en el Capítulo IV art. 52 de la Ley Bases.

A partir de esto, Aguiar acordó junto a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, realizar una presentación judicial conjunta para frenar esta medida. Así, ambos equipos jurídicos realizaron una reunión para formalizar la acción que será presentada ante la Justicia en las próximas horas. Por parte de la conducción nacional participó Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional. En tanto, por ATE Capital, concurrieron Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos, y Suyai Lutz, integrante del equipo de Jurídicos.

Desde el sindicato explicaron que «no se reúnen los parámetros legales exigidos por ley para declarar el pase a disponibilidad de los trabajadores afectados por las últimas reconfiguraciones de organismos en el marco de las facultades delegadas, ya que no se trata de cierre de organismos sino de reestructuraciones».

Ayer (14/07) a la mañana se llevó a cabo un encuentro de paritarias entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UnTER. La reunión se realizó en dependencias de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y al respecto desde la cartera educativa se destacó la importancia de este espacio de diálogo para continuar «trabajando en todos los aspectos que hacen al sistema educativo».

El Gobierno ofreció una propuesta trimestral que consiste en en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

A su vez se incorporó a la propuesta el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

Por parte de Educación participaron la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación, Silvia Arza, la vocal gubernamental, Romina Procoppo, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda, y la secretaria de Administración Mónica Temprano.

Por el gremio UnTER, estuvieron la secretaria general, Silvana Inostroza; la secretaria gremial y de Organización, María Castañeda; y el vocal, Marcelo Nervi, entre otros.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de salud para el jueves 17 de julio con movilización a Plaza de Mayo en defensa del Hospital Garrahan y de todo el Sistema Público Sanitario.

«Esta es una medida de fuerza de carácter federal que tiene que servir para ponerle freno a la destrucción y el vaciamiento del sistema de salud, y exigir una inmediata recomposición salarial para todos los trabajadores hospitalarios. Una huelga que debe llevarse adelante de manera simultánea en toda la Argentina. Lo que pasó con los residentes y las becas nos muestra a un Gobierno que pretende disfrazar de libertad a la precarización laboral», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«El Garrahan y el resto de los hospitales no soportan un recorte más. Se tienen que otorgar presupuestos de emergencia y restablecer de manera inmediata todas las políticas públicas que fueron eliminadas», agregó el dirigente estatal.

Luego de mantener una reunión con la Junta Interna del Hospital infantil y otras organizaciones que representan trabajadores hospitalarios, el sindicato convocó a «la más amplia unidad» para llevar adelante la marcha que tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación a partir de las 16 y que además se replicará en todas las provincias.

En esta línea, Aguiar explicó que «más del 80% del sistema de salud pública se encuentra en las provincias y funciona gracias a medio millón de trabajadores precarizados, y en la mayoría de los casos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Desde ATE demandamos ingresos que permitan alcanzar el costo de la Canasta Básica».

ATE se mantiene en alerta por la situación presupuestaria que pone en riesgo de funcionamiento a los más de 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias y más de 500.000 trabajadores del Sistema de Salud, tanto de institutos nacionales como provinciales.

«La defensa del Garrahan y de todos los hospitales tiene un consenso social creciente. Hoy en la Argentina, está siendo afectado el derecho humano a la salud de millones de usuarios del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

En el caso del Hospital Garrahan, los trabajadores perciben ingresos netos de $797.000, lo que provocó que más de 200 profesionales hayan renunciado en lo que va del 2025.

El sindicato también rechazó el recientemente publicado Decreto 459 que disuelve el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, degrada al Instituto Nacional del Cáncer a «unidad organizativa» del Ministerio de Salud, y fusiona las instituciones Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, absorbidas por la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

De esta manera, ATE reclamará en rechazo al Decreto 459/25 que fusiona instituciones sanitarias; a la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud que modifica el sistema de residencias; por una urgente recomposición salarial; en rechazo al vaciamiento al Sistema Público de Salud y al cierre de los Hospitales Nacionales; y por el presupuesto de emergencia para Salud.