Río Negro
Confirmado: Cobrarán peajes en las Rutas 2, 6, 8, 65 y 69 de Río Negro
El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado en la Legislatura. No pagarán los vehículos de uso particular que tributan en la provincia.
El Parlamento rionegrino sancionó este jueves (17/05) la ley que establece una contribución especial de peaje, que abonarán quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. La norma no incluye a los vehículos de uso particular que tributan en Río Negro. La ley obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra.
Carlos Valeri fue el miembro informante del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Explicó que a partir de la ley, se implementará un sistema de telepeaje para transportes de carga en cinco Rutas Provinciales: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.
Valeri planteó los inconvenientes ocasionados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se agravaron últimamente por la falta de presupuesto y la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. El mal estado de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y provoque su deterioro.
Los fondos recaudados con este sistema de peaje se destinarán exclusivamente al reacondicionamiento y pavimentado de las rutas provinciales.
La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.
El debate
Por el bloque UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen expresaron el acompañamiento de su bancada al proyecto. Consideraron que la implementación del peaje es conveniente a fin de mejorar el mantenimiento de las rutas de la provincia, en un contexto de disminución de los recursos que provienen de la coparticipación y del deterioro de la infraestructura vial producido por «camiones que usufructúan las rutas y no dejan nada». Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la ley «ante la falta de fondos suficientes para hacer el mantenimiento de las rutas».
Javier Acevedo, del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, apoyó la implementación del peaje señalando el deterioro de las rutas provinciales producido por los camiones de la producción del petróleo. «Los que lucran transitando por la provincia con grandes sumas de dinero en el transporte, van a tener que aportar», aseguró. Fernando Frugoni apoyó la propuesta y pidió la exención del pago del peaje para los vehículos radicados en el ejido de San Antonio. Roberta Scavo acompañó también y pidió que se contemple la situación de los vecinos que viven en Carmen de Patagones.
Leandro García, del bloque Justicialista Nuevo Encuentro, no acompañó la propuesta al considerar que la redacción del proyecto no es clara. Ana Marks también se opuso. Entre otros puntos, criticó la falta de legitimación social que tuvo el proyecto y consideró que «era mucho más fácil ser taxativo en cuanto a quién se quiere cobrar el peaje, que llenar de excepciones la ley, y darle al Ejecutivo la posibilidad de que siga exceptuando indefinidamente, lo que lleva a una dispersión normativa y a una inseguridad jurídica». En cambio Pedro Dantas, del mismo bloque, apoyó la iniciativa.
Patricia Mc Kidd (Pro Unión Republicana) también se opuso, señaló que con este proyecto «se demuestra el carácter antiproductivo del oficialismo y del grupo de aliados que lo acompaña».
Martina Lacour también manifestó su voto en contra. Señaló que el proyecto es anticonstitucional, argumentó que el artículo 9 del proyecto dice que quien tenga una deuda no podrá transitar, lo que contradice el derecho a transitar contemplado en la Constitución. También habló de falta de claridad en a redacción del proyecto y criticó el «poco tiempo de análisis que tuvo el proyecto».
Por el Bloque Vamos Con Todos, Delgado Sempé expresó la «firme oposición al sistema de peaje» centrándose en críticas al estado de las rutas de la provincia. José Luis Berros también votó en contra. Justificó su posición con críticas a la falta de claridad en la redacción del proyecto: «Es un desastre», señaló. Consideró que si ante una situación de crisis como la que se está viviendo, sumamos otra contribución, el bolsillo del vecino no lo va aguantar».
En el mismo sentido, Juan Martín (Pro Unión Republicana) se opuso a la iniciativa. Sostuvo que el proyecto «es poco claro, ambiguo y vago». Aseguró que se trata «otro manotazo de ahogado recaudatorio por parte de este Gobierno».
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate aclarando que el principal objetivo de la instalación del peaje es el control del pesaje de los camiones, que son los que deterioran las rutas.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el objeto de la ley y el hecho imponible, explicó que se trata de una contribución especial por hacer uso de una infraestructura vial provincial, y el hecho imponible es transitar por la ruta. Además, aclaró que los sujetos obligados son todos, menos los rionegrinos que tengan el auto para uso particular.
«Ante la dificultad, estamos tratando de mantener las rutas lo mejor posible», fundamentó el legislador de JSRN. «Somos defensores de la productividad, no queremos engañar a nadie con este proyecto, estamos queriendo cuidar la vida de los rionegrinos, con mejores rutas y más seguridad», concluyó.
Río Negro
Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre
Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.
El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.
Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.
Detalle del cronograma
Viernes 19/12
- Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
- Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
Sábado 20/12
- Docentes y porteros
- Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo, Judicial y órganos de control
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
