Río Negro
La Legislatura aprobó el Régimen de Desvinculación Voluntaria para agentes públicos
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.
Los agentes públicos de Río Negro podrán desvincularse del Estado y obtener una serie de beneficios, tras haberse modificado en la Legislatura la Ley Nº 3135. El proyecto fue originado en el Poder Ejecutivo y contó con el respaldo mayoritario del Parlamento.
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral. El monto de esas cuotas se actualizará de acuerdo al aumento salarial que se produzca en las categorías que revestían al momento de retirarse.
También continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año y quienes inicien alguna actividad económica en la provincia gozarán de exenciones en el impuesto a los ingresos brutos.
La legisladora Marcela González Abdala (Juntos Somos Río Negro) fundamentó la iniciativa diciendo que se basa en la necesidad de modernizar el Estado, evaluando la cantidad y calidad de sus agentes.
Tras mencionar que «la sociedad pide un cambio de rumbo» en ese aspecto, sostuvo que «muchas provincias atraviesan por la misma situación, y lo están discutiendo. Todo ello producto del rumbo económico actual».
Indicó que el gobierno nacional eligió despedir a algunos sectores de trabajadores, mientras que Río Negro «optó por el diálogo y por poner en marcha esta desvinculación para aquellos agentes que creen que han cumplido un ciclo en el Estado».
Opiniones, aportes y críticas
Al tomar la palabra otros legisladores, César Domínguez (Primero Río Negro) argumentó su acompañamiento, aunque pidió el congelamiento de nuevos ingresos por el término de tres años. «Si eso no ocurre se va a convertir en una puerta giratoria, porque se irán retirando pero también incorporando», indicó.
El bloque de Vamos con todos no apoyó la iniciativa. Ayelén Spósito consideró que la suma estimada que recibirá en promedio cada desvinculado (unos 10 millones de pesos) «no alcanza para iniciar una actividad privada». Resaltó el incremento de la cantidad de agentes públicos «previo a las campañas electorales».
Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro) explicó que el respaldo a la propuesta se debe a la necesidad de modernizar el Estado y al deseo de «darle una mano» a los empleados estatales.
No obstante solicitó que las cuotas que se les abonarán tras desvincularse se actualicen y de esa manera no ser tan afectados por la inflación. También requirió que tengan atención prioritaria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico en materia de capacitación y asistencia financiera, si optan por comenzar con un emprendimiento privado.
Por otra parte, García anticipó que presentará otra propuesta para que también puedan desvincularse quienes se encuentren a menos de cinco años de acceder a la jubilación y ya tienen lo 30 años de aportes.
La Coalición Cívica ARI-Cambiemos también votó a favor de la iniciativa, según lo adelantó antes de la votación el legislador Javier Acevedo. «Sabemos que hay sobredimensión de empleados, que muchas veces llegan con las elecciones, pero un retiro voluntario es mucho mejor opción que los despidos», sostuvo.
Asimismo propuso que se aumenten algunos montos que se abonarán a quienes se retiren y se acorte la cantidad de cuotas. También que se invite a adherir a otros poderes del Estado y a los municipios.
Si bien acompañaron el proyecto porque entendieron que «es mejor que nada», desde el bloque PRO-Unión Republicana criticaron varios aspectos de la presentación.
María Laura Frei sostuvo que el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo «fue por necesidad y no por convicción. Este mismo gobierno aumentó la planta mediante sucesivos pases a planta permanente, pero no mejoró el servicio. Ahora llegó el momento en que no hay plata. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen con el agua hasta el cuello y no hay un plan».
Juan Martín, por su parte, manifestó que la Provincia comenzó a «desandar un camino de festival de empleo públicos. En este tiempo de gobiernos verdes y un gremio que usa el mismo color, la cantidad de agentes estatales creció de 48.000 a 68000. Ésto se paga con déficit y deudas, y las consecuencias las tenemos hoy».
Para Lorena Matzen (UCR) se trata de «un retiro con dignidad económica» debido a los montos que recibirán quienes decidan retirarse. Destacó además que es una medida voluntaria y no forzosa.
López: «No hay que temerle al Estado»
Cerró las deliberaciones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien -en principio- desmintió los dichos de Juan Martín sobre el incremento del personal. «No es verdad que aumentamos la planta, eran agentes que estaban contratados y adquirieron estabilidad», indicó. Añadió que sí se contrataron más trabajadores, pero para cubrir cargos tras la apertura de nuevas escuelas y hospitales.
López afirmó que «no hay que temerle al Estado, porque el Estado siempre equilibra y elimina extremos».
Finalmente informó que se incorporaron algunas modificaciones en el proyecto, producto de sugerencias de otros bloques, como que las cuotas indemnizatorias se actualicen de acuerdo a los aumentos salariales de las categorías que revestían al momento de retirarse.
El proyecto fue votado por 40 legisladores y rechazado por 5.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
