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Río Negro

Confirmado: Cobrarán peajes en las Rutas 2, 6, 8, 65 y 69 de Río Negro

El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado en la Legislatura. No pagarán los vehículos de uso particular que tributan en la provincia.

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El Parlamento rionegrino sancionó este jueves (17/05) la ley que establece una contribución especial de peaje, que abonarán quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. La norma no incluye a los vehículos de uso particular que tributan en Río Negro. La ley obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra.

Carlos Valeri fue el miembro informante del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Explicó que a partir de la ley, se implementará un sistema de telepeaje para transportes de carga en cinco Rutas Provinciales: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.

Valeri planteó los inconvenientes ocasionados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se agravaron últimamente por la falta de presupuesto y la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. El mal estado de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y provoque su deterioro.

Los fondos recaudados con este sistema de peaje se destinarán exclusivamente al reacondicionamiento y pavimentado de las rutas provinciales.

La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.

El debate

Por el bloque UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen expresaron el acompañamiento de su bancada al proyecto. Consideraron que la implementación del peaje es conveniente a fin de mejorar el mantenimiento de las rutas de la provincia, en un contexto de disminución de los recursos que provienen de la coparticipación y del deterioro de la infraestructura vial producido por «camiones que usufructúan las rutas y no dejan nada». Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la ley «ante la falta de fondos suficientes para hacer el mantenimiento de las rutas».

Javier Acevedo, del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, apoyó la implementación del peaje señalando el deterioro de las rutas provinciales producido por los camiones de la producción del petróleo. «Los que lucran transitando por la provincia con grandes sumas de dinero en el transporte, van a tener que aportar», aseguró. Fernando Frugoni apoyó la propuesta y pidió la exención del pago del peaje para los vehículos radicados en el ejido de San Antonio. Roberta Scavo acompañó también y pidió que se contemple la situación de los vecinos que viven en Carmen de Patagones.

Leandro García, del bloque Justicialista Nuevo Encuentro, no acompañó la propuesta al considerar que la redacción del proyecto no es clara. Ana Marks también se opuso. Entre otros puntos, criticó la falta de legitimación social que tuvo el proyecto y consideró que «era mucho más fácil ser taxativo en cuanto a quién se quiere cobrar el peaje, que llenar de excepciones la ley, y darle al Ejecutivo la posibilidad de que siga exceptuando indefinidamente, lo que lleva a una dispersión normativa y a una inseguridad jurídica». En cambio Pedro Dantas, del mismo bloque, apoyó la iniciativa.

Patricia Mc Kidd (Pro Unión Republicana) también se opuso, señaló que con este proyecto «se demuestra el carácter antiproductivo del oficialismo y del grupo de aliados que lo acompaña».

Martina Lacour también manifestó su voto en contra. Señaló que el proyecto es anticonstitucional, argumentó que el artículo 9 del proyecto dice que quien tenga una deuda no podrá transitar, lo que contradice el derecho a transitar contemplado en la Constitución. También habló de falta de claridad en a redacción del proyecto y criticó el «poco tiempo de análisis que tuvo el proyecto».

Por el Bloque Vamos Con Todos, Delgado Sempé expresó la «firme oposición al sistema de peaje» centrándose en críticas al estado de las rutas de la provincia. José Luis Berros también votó en contra. Justificó su posición con críticas a la falta de claridad en la redacción del proyecto: «Es un desastre», señaló. Consideró que si ante una situación de crisis como la que se está viviendo, sumamos otra contribución, el bolsillo del vecino no lo va aguantar».

En el mismo sentido, Juan Martín (Pro Unión Republicana) se opuso a la iniciativa. Sostuvo que el proyecto «es poco claro, ambiguo y vago». Aseguró que se trata «otro manotazo de ahogado recaudatorio por parte de este Gobierno».

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate aclarando que el principal objetivo de la instalación del peaje es el control del pesaje de los camiones, que son los que deterioran las rutas.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el objeto de la ley y el hecho imponible, explicó que se trata de una contribución especial por hacer uso de una infraestructura vial provincial, y el hecho imponible es transitar por la ruta. Además, aclaró que los sujetos obligados son todos, menos los rionegrinos que tengan el auto para uso particular.

«Ante la dificultad, estamos tratando de mantener las rutas lo mejor posible», fundamentó el legislador de JSRN. «Somos defensores de la productividad, no queremos engañar a nadie con este proyecto, estamos queriendo cuidar la vida de los rionegrinos, con mejores rutas y más seguridad», concluyó.

Río Negro

¿Quiénes deben inscribirse para mantener los subsidios energéticos?

En Río Negro hay casi 130.000 hogares que pueden perder el subsidio si no se inscriben en el RASE antes del 5 de agosto.

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El Gobierno Nacional implementó una serie de medidas que afectan a los usuarios de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural en todo el país. En Río Negro en particular y en el sector eléctrico, hay casi 130.000 hogares que pueden perder el subsidio si no se inscriben en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) antes del 5 de agosto.

Ese registro fue habilitado por Nación en el 2022 cuando se creó la segmentación energética, que dividió a los hogares en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben.

Allí se incluyó a las familias que percibían algún tipo de plan social en forma automática en el nivel 2 de la segmentación, donde agrupó a los hogares de menores ingresos. Ahora, a partir de una nueva normativa nacional, deberán pedir por su cuenta si necesitan mantener el subsidio.

Sólo de esa manera continuarán pagando una tarifa reducida, ya que el subsidio aplica sobre el costo de la energía, que es el componente que fija Nación y que representa casi la mitad del costo de la factura eléctrica.

En Río Negro, los 280.981 usuarios del servicio eléctrico están distribuidos del siguiente modo:

  • Nivel 1 (N1, mayores ingresos): 97.339 usuarios, quienes no tienen subsidios y pagan tarifa plena relacionada con el costo de la energía.
  • Nivel 2 (N2, menores ingresos): 129.570 usuarios, que recibirán subsidios con un tope de consumo si se inscriben.
  • Nivel 3 (N3, ingresos medios): 53.072 usuarios, también con subsidio y un tope de consumo.

Para inscribirse, los usuarios deben visitar la web nacional www.argentina.gob.ar/subsidios

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Política

Intendentes del Valle piden participar de la renegociación de las regalías hidrocarburíferas

Soria, Zalzoto y Román solicitaron una audiencia con el gobernador Weretilneck.

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La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, participó el martes (18/06) de una reunión junto a sus pares de Catriel, Daniela Zalzoto y de Allen, Marcelo Román, donde dialogaron sobre la política hidrocarburífera provincial y su impacto en los Municipios productores.  

Los jefes comunales coincidieron en que la prórroga de contratos petroleros que está llevando adelante el Gobierno de Río Negro, «encubre lo que en realidad es una nueva renegociación de las concesiones hidrocarburíferas».

En este contexto y teniendo en cuenta que se trata de la explotación de recursos naturales que corresponden a territorios comunales, «resulta indispensable que la definición del nuevo esquema sea transparente, participativo y representativo de todos intereses implicados, a fin de garantizar la justa distribución de regalías», manifestaron Soria, Zalzoto y Román.

«En función de la relevancia estratégica que esta actividad representa para el desarrollo de sus comunidades, así como las implicancias ambientales locales que conlleva; no corresponde avanzar con mecanismos unilaterales de toma de decisiones, tal como se pretende a través del Proyecto N° 635-24 presentado por el Ejecutivo Provincial ante la Legislatura de Río Negro. Allí se plantea autorizar a la Secretaria de Energía y Ambiente de la Provincia en la toma de decisiones que implican cambios en las cláusulas de los contratos vigentes, modificando los términos y condiciones de las concesiones de explotación y exploración de áreas hidrocarburíferas, habilitando a condonar regalías, cánones, tributos, bonos y redefinir compromisos en negociaciones directas con las empresas», agregaron.

En este sentido, los jefes comunales solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck a fin de presentar este reclamo e «impulsar un proceso transparente, justo y acorde a la legislación vigente».

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Política

Weretilneck: «Habrá consecuencias para los médicos y empleados públicos»

La mayoría de las ciudades rionegrinas enfrentan un problema generalizado donde los médicos han expedido certificados de manera irregular.

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El gobernador Alberto Weretilneck anunció medidas contra el ausentismo en la administración pública, señalando la complicidad de ciertos médicos en la emisión de certificados médicos falsos.

Mediante un minucioso trabajo, que realizaron diversos organismos de control de la provincia, se detectó que la mayoría de las ciudades enfrentan un problema generalizado donde los médicos han expedido certificados de manera irregular, generando pérdidas millonarias al estado.

«Hoy en día, en un contexto laboral tan crítico, es inaceptable que algunos agentes públicos eludan sus responsabilidades mediante prácticas ilegales», afirmó Weretilneck.

«Estamos comprometidos a devolver a la comunidad el esfuerzo que hacen los contribuyentes, cumpliendo con nuestros deberes de manera íntegra», añadió.

El gobernador subrayó que la presentación de certificados médicos falsos no solo perjudica al estado, sino también a la comunidad en su conjunto. «Una vez comprobadas estas irregularidades, procederemos ante la junta de disciplina de la provincia», advirtió.

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