Gremios
El Ministerio de Educación aseguró que descontará el día a los docentes que hagan paro
El Gobierno detalló que no se cumple con la Ley que indica que toda medida de acción directa debe ser comunicada con una antelación no menor a 48 horas.
Luego del anuncio del gremio docente UnTER de convocar a un paro para mañana viernes (14/06), el Ministerio de Educación y Derechos Humanos aseguró que no contarán con justificación las inasistencias docentes. La cartera educativa se basa en la Ley 5.255, Dto. Reg. 302/18, en ccds Ley 14.786, que indica que «toda medida de acción directa debe ser comunicado a este organismo laboral con una antelación no menor a 48 horas a efectos de poder formalizar la correspondiente instancia de conciliación que garantice la paz, el diálogo social y los trámites necesarios para abordar distintas estrategias de resolución de conflictos».
Además, indicaron que «es también requisito fundamental acompañar respectiva copia de acta de asamblea que dispone la medida, extremo no acreditado ante la Secretaría de Trabajo«.
Por ello, «toda medida de fuerza llevada a cabo por las asociaciones gremiales que no sea dispuesta respetando el procedimiento la ley estipula podrá dar lugar a la declaración de ilegalidad de la medida mediante resolución fundada de quien suscribe sin perjuicio de las demás acciones aplicables al caso», explicaron desde el Ministerio de Educación.
«Esto nos genera un grave perjuicio en la falta de previsibilidad para todos los servicios prestados en los establecimientos educativos y a la comunidad (comedores, transporte, comunicación a las familias, entre otros)», lamentaron.
«Manifestamos como Ministerio que ante la decisión unilateral del sindicato UnTER de llevar a cabo un paro de educación, sin respetar los plazos necesario para la implementación de medidas de acción directa, expresamos nuestro más enérgico rechazo a esta acción que perjudica gravemente a las comunidades educativas de la provincia de Rio Negro», agregaron.
«Consideramos que este tipo de decisiones, tomadas sin el debido respeto por la instancias de negociación y dialogo, como lo son las mesas paritarias, impactan negativamente en el proceso educativo y el bienestar de nuestros estudiantes. Las mesas paritarias son el organismo legítimo para la negociación y resolución de conflictos laborales, y su uso correcto es esencial para garantizar una educación de calidad y sin interrupciones», expresaron.
«La medida adoptada por el sindicato UnTER no solo ignora los mecanismos democráticos de negociación, sino que también coloca en una situación de vulnerabilidad a miles de estudiantes y sus familias, quienes dependen del normal desarrollo de las actividades educativas. Esta interrupción afecta el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, generando un perjuicio irreparable», añadieron desde el Ministerio.
«Hacemos un llamado al sindicato UnTER a reconsiderar su postura y a retomar el camino del diálogo y la negociación responsable. Es fundamental que todas las partes involucradas trabajemos en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad educativa y aseguren la continuidad de las clases», sostuvieron.
En este sentido, reiteraron «nuestro compromiso con la educación pública de calidad y nuestro rechazo a cualquier acción que, sin el debido consenso y respeto por las instancias de diálogo, perjudique el normal desarrollo de las actividades escolares».
Finalmente ratificaron que «ante esta irregular convocatoria a paro general manifestamos nuestro rechazo a la medida de fuerza al no cumplir con la formalidad legal requerida por la Secretaría de Trabajo y la normativa vigente, por este motivo no contarán con justificación las inasistencias docentes».
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
Gremios
Tras el 2,8% de inflación, Aguiar señaló que «los salarios estatales perdieron 14,4% en el 2025»
“Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece, el proceso inflacionario continúa en ascenso y se reduce el poder de compra de la gente», dijo el secretario general de ATE.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».
Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».
«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».
«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.
«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.
Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.
Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
