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Compró una moto 0 km, fue tres veces al service y no se la arreglaban bien: Deberán pagarle una nueva más 4 millones de pesos

Cansado de no obtener respuestas, un vecino inició un reclamo a Defensa del Consumidor y obtuvo un fallo favorable.

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Un hombre de Viedma compró una moto en un local de electrodomésticos y a los tres meses ya reportó problemas técnicos. Le informaron que debía llevarla al servicio oficial para no perder la garantía. Y allí empezó la odisea.

La llevó al más cercano, que estaba en Bahía Blanca, donde la revisaron. Cuando la moto volvió, el tablero seguía funcionando mal, por lo que volvió a enviar el vehículo. En esa oportunidad, cambiaron todo el tablero. Semanas después, volvió a reportar fallas y le indicaron que remitiese otra vez la motocicleta, lo cual no fue posible debido a la pandemia de COVID-19.

Una vez que se levantaron las restricciones, contrató un transporte. En el service estuvo parada por tres meses porque no había repuestos. Después de ser reparada por segunda vez y tras varios meses sin poder usarla, contrató nuevamente un transporte por su cuenta para traer el vehículo a Viedma. Señaló que no se le entregó ningún comprobante de las intervenciones, ya que Benelli cuenta con un sistema digital oficial donde el servicio técnico carga todo lo relativo a las intervenciones mecánicas de la moto.

Con la moto en su poder, realizó un viaje a Puerto Madryn y allí nuevamente reportó fallas, las mismas que las anteriores, solo que esta vez se apagó y no encendió más. Fue la tercera vez y a pocos meses de la adquisición. Además, la moto perdía aceite y el disco de freno trasero no tenía un color habitual, sino que parecía deteriorado. Informó de ello a la firma Benelli, quienes le indicaron que la llevará nuevamente al servicio oficial, pero debía abonar el traslado.

Decidió iniciar el reclamo ante Defensa del Consumidor, para lo cual se convocó a Naldo Lombardi S.A., quien en esta oportunidad citó a La Emilia S.A. como proveedor del producto. La Emilia solo ofreció poner a su disposición el servicio técnico, lo cual fue rehusado por el hombre, pues la moto había sido revisada por ese servicio tres veces y todas con resultados negativos, ya que nunca pudieron encontrar la falla.

Por ello, solicitó un nuevo vehículo, como la ley autoriza. En esta instancia no fue posible llegar a un acuerdo, por lo que, ante el incumplimiento, el organismo multó a ambas firmas y el dueño de la moto inició una demanda civil.

Ya en el expediente se realizó un informe pericial mecánico. «El estado actual de la motocicleta, al momento de la pericia, es sin funcionamiento. Asimismo, refiere que la moto presenta defectos, entre ellos un armado/ensamblado defectuoso de fábrica. Ello ha hecho que quedaran juntos, tocándose entre sí los cables de electricidad con el cable del acelerador. Observa que ello generó desgaste entre sí hasta perder la protección aislante».

Agregó que «se ha producido un cortocircuito dejando sin funcionamiento el sistema eléctrico, incluyendo el tablero, instrumentos, bomba de combustible y el CDI». Aclaró que «esa circunstancia es totalmente ajena al uso de la moto, ya que los cables en cuestión se encuentran dentro del cuadro/chasis de la misma, donde no se llega fácilmente».

Refirió que se evidencia que los defectos presentados no fueron resueltos y que para resolverlos es necesario el reemplazo completo del sistema eléctrico, incluyendo tablero de instrumentos, computadora y batería.

Después del análisis de las declaraciones testimoniales y las pruebas documentales, el juez civil concluyó que «el producto que fue puesto en el mercado en la cadena de comercialización -fabricante y vendedor- a disposición del consumidor y usuario ha sido defectuoso, siendo este el caso donde claramente se observa que la motocicleta dejó de funcionar, pese a la asistencia del servicio oficial, situación constatada por el perito designado».

Por todo ello, el magistrado condenó a Naldo Lombardi S.A. y La Emilia S.A. de forma solidaria a abonar por daño emergente, daño moral y daño punitivo más de 4 millones de pesos. Además, deberá pagar el valor del vehículo.

Judiciales

Denuncian un caso de mala praxis en un sanatorio privado de Roca: Murió un niño de 4 años

La víctima ingresó al Juan XXIII para una cirugía de complejidad menor. Investiga la Justicia.

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Nahitan Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años, falleció esta tarde (18/07) en el sanatorio privado Juan XXIII luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta hoy, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral. La Justicia investiga una posible mala praxis.

Según detallaron familiares del niño, el jueves pasado (11/07), Valentín entró al sanatorio Juan XXIII a las 7 de la mañana a realizarse una cirugía de hernia de diafragma. La misma estaba programada, con los estudios prequirúrgicos aprobados. La operación, que según los médicos duraría una hora y media, termino en casi tres horas. Desde ese momento permaneció en terapia intensiva hasta hoy, una semana después, pasando por diferentes episodios de salud y diagnósticos de los profesionales que lo atendieron.

«Valentín estuvo toda una semana sedado, con oxígeno y medicación, transitando un «mal despertar» que hoy diagnosticaron como muerte cerebral», indicaron familiares de la víctima.

«Valentín no mostró mejoría desde el día de la operación, aunque los informes que llegaban eran de espera y progreso. Él entro ese día al sanatorio caminando, riéndose más allá del miedo a las agujas, charlando con el paciente que compartía la habitación y con todo el entusiasmo de que el domingo estaría en su casa mirando la final de la Copa América con su familia. Lo cual nunca pasó», lamentaron.

En este sentido, y consumado el fallecimiento del niño, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación.

Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido. Mañana viernes (19/07) se le practicara la autopsia.

«Valentín se destacaba por su hermosa sonrisa y ser un niño feliz. Creció en un hogar que le brindó mucho amor y buena salud. Era divertido y charlatán como pocos a su edad. Amaba a su familia y a su perro Fito», recordaron desde la familia.

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Judiciales

Una roquense denunció a un abogado de la región por violencia de género

La Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

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Tras una denuncia por violencia de género, la Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a un abogado de la región, quien ejercería violencia contra su ex pareja.

Fue la propia víctima quien acudió a la Comisaría de la Familia bajo un fuerte estado de shock, en busca de ayuda tras sufrir un grave hecho de violencia, tanto física como verbal y psicológica por parte del letrado. Sumado a este episodio, la mujer vendría afrontando múltiples amenazas por parte del sujeto.

Tras relatar los hechos quedó radicada la denuncia en el marco de la Ley N° 3040 de violencia familiar y se iniciaron actuaciones judiciales. También se le brindó asistencia a la víctima.

Según informó el sitio GNRNoticias, frente a este caso, la Justicia ordenó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se ha iniciado un proceso judicial por violencia familiar en el Juzgado de Familia de Roca.

Ante cualquier caso de violencia de género se recomienda llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Así también, se invita a la comunidad a comunicarse con el Consejo Local de Mujeres Diversas al email [email protected] para poder un abordaje a cada caso en particular.

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Judiciales

Causa IPROSS: Avalaron que los condenados utilicen tobilleras hasta que se confirmen las penas de prisión efectiva

Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, los farmacéuticos acusados de estafar a la obra social seguirán bajo monitoreo permanente.

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El Tribunal de Impugnación (TI) definió que las cuatro personas condenadas por las estafas a la obra social IPROSS seguirán con tobillera electrónica y sin poder salir de sus respectivas ciudades hasta que las condenas sean confirmadas. Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, las personas seguirán bajo monitoreo.

Las penas de prisión fijadas el pasado 4 de julio por un Tribunal de Juicio de Roca se harán efectivas una vez que la condena quede firme. Para eso es necesario que se analicen y resuelvan todos los recursos que legalmente pueden presentar los defensores.

En una audiencia realizada ayer (12/07) al mediodía, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante (Fiscalía de Estado) impugnaron la medida cautelar de las tobilleras, ordenada por los jueces de Roca el mismo día que dictaron la sentencia. Afirmaron que las altas penas definidas en el juicio aumentaron el riesgo procesal de fuga de las cuatro personas y que las pulseras de seguimiento satelital no resultan suficientes para evitar ese peligro.

El Tribunal de Impugnación analizó los planteos y concluyó que las tobilleras están funcionando correctamente, que no hubo ninguna arbitrariedad en la decisión del Tribunal de Roca y que el potencial riesgo de fuga está suficientemente neutralizado con esos dispositivos. Según definió el TI, no se aportaron pruebas concretas que demuestren un riesgo mayor, teniendo en cuenta que las cuatro personas tienen sus patrimonios inhibidos y sólo disponen en la actualidad de la liquidez económica de sus fuentes de trabajo para solventar los gastos cotidianos propios y de los familiares que tienen a cargo. Tampoco se acreditó que hayan buscado algún tipo de contacto o ayuda para una eventual fuga de la región.

«No se acreditó que la tobillera sea insuficiente para controlar los movimientos de las personas condenadas», concluyó el TI en su resolución.

De esta manera, se mantienen las condiciones definidas la semana pasada: ninguno de los tres hombres condenados puede salir del ejido municipal de Roca y la mujer condenada no puede salir del ejido de Allen, con la aclaración de que podrá gestionar anticipadamente los permisos que necesite por razones médicas, según lo solicitó la defensa.

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