El legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) presentó un proyecto de ley por el cual los docentes que no superen las tres inasistencias trimestrales por licencia, debidamente justificadas, y participen de actividades de formación percibirán un adicional del 10% de su salario. Esta iniciativa es similar a la ley sancionada hace pocos días en la provincia del Neuquén.

«Mientras de un lado tenemos a un grupito de sindicalistas extorsionadores que tienen secuestrada a la educación, del otro hay muchísimos buenos docentes que ponen vocación y garra», señaló Juan Martin, explicando que «este proyecto busca reconocerlos y premiarlos».

El proyecto contempla a todo el personal del escalafón docente que esté efectivamente asignado a las escuelas y excluye a quienes se encuentren en comisión de servicios fuera del sistema educativo. «La idea es priorizar que las escuelas funcionen y que los docentes tengan un incentivo para desarrollar su carrera», sostuvo el presidente del bloque PRO-Unión Republicana en la Legislatura.

Juan Martin inscribió esta iniciativa en «una visión amplia que tenemos sobre el sistema educativo. Para el gobierno de Juntos Somos Río Negro, pese a los anuncios, la educación no parece ser una prioridad. Para nosotros es esencial, afirmó.

«En función de esta mirada presentamos proyectos como la emergencia educativa, las guardias mínimas en las escuelas en caso de paro y la incorporación de la educación financiera y la educación emocional a los programas», mencionó, lamentando que «la falta de visión del gobierno impida debatir estos temas en la Legislatura».

En las primeras horas de la segunda ola de despidos en el Estado, ATE ya registró 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional y se prepara para profundizar las medidas de fuerza este lunes (01/07) en todos los organismos públicos y Ministerios. «Esto se parece cada vez más a una dictadura», evaluó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos. Ellos y sus familias están siendo condenados a una muerte civil», esgrimió el referente estatal, quien encabezará las medidas de fuerza junto a la conducción nacional del sindicato a partir de las 9 en la sede nacional del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, del lado de la Provincia de Buenos Aires.

El dirigente señaló que «al igual que en marzo, nuevamente se advierte una gran cantidad de cesantías en el interior del país». Y sentenció que «por estas horas el Estado nacional agoniza en las provincias. Su ausencia es casi total».

«Si el Gobierno quiere llevar adelante una barrida y limpieza en el Estado, que empiece pasando la escoba por Quinta de Olivos y la Casa Rosada porque ahí es donde está toda la basura», contestó Aguiar a los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Estos despidos se traducen en una pérdida de derechos para toda la población. El empleo público está estrechamente ligado a los derechos sociales, económicos y culturales que los Estados tienen que garantizar a través de sus políticas públicas. Cada vez que en la administración pública se destruye un puesto de empleo, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde», detalló el secretario general de ATE.

En esta línea, Aguiar concluyó con que «no tenemos que dudar nunca acerca de que las herramientas más eficaces que tenemos los estatales para enfrentar este doloroso presente, son la huelga y movilización. En las próximas horas tenemos que multiplicar las protestas para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y que se garantice la renovación automática de todos los contratos».

Relevamiento de despidos

A partir de la políticas de cesantías que el Gobierno impulsó desde el inicio de su gestión, ATE creó un Monitor de Despidos para contabilizar el impacto de estas medidas en todos los organismos públicos. El relevamiento se conforma a partir de las comunicaciones fehacientes a través de telegramas de despidos, comunicaciones vía mail o WhatsApp, e incluso comunicaciones verbales de instancias jerárquicas superiores.

Si bien hasta el momento ya se registraron 2.305 despidos en todo el país desde el viernes 28 de junio, aún falta reunir información de algunas provincias y organismos, además de los notificaciones que podrían llegar durante las primeras horas del lunes, por lo que el número podría aumentar en las próximas horas.

Según el informe preliminar, los organismos y carteras más afectadas hasta el momento son:

• Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: 450 despidos (se trata del 80% del personal).
• Secretaría de Derechos Humanos: 700 despidos.
• Ex Ministerio de Desarrollo Social: 370 despidos (tanto en sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los Centros de Referencia en todas las provincias del país)
• INTI: 285 despidos.
• Parques Nacionales: 79 despidos.
• INCAA: 20 despidos.

El Gobierno de Río Negro ha intensificado el proceso de revisión del Estado y el control del ausentismo, con el objetivo de «brindar un mejor servicio a los rionegrinos y reducir los costos de funcionamiento».

Durante los meses de mayo y junio, la Junta de Disciplina, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, llevó a cabo cuatro reuniones en las cuales se trataron y analizaron diversos expedientes relacionados con faltas disciplinarias de agentes de diferentes reparticiones. Como resultado de estos encuentros, se iniciaron 30 nuevos sumarios y se aplicaron 47 suspensiones, con duraciones que oscilan entre 1 y 30 días. Además, se aplicaron 8 cesantías y 1 exoneración.

Las sanciones expulsivas se aplicaron principalmente a agentes del Ministerio de Salud, debido a razones de violencia entre compañeros y abandono de servicio. En el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), las sanciones se debieron a causas penales. En cuanto a los expedientes del Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Humano y SENAF, la mayoría de las sanciones se relacionaron con el abandono de servicio.

«Este esfuerzo por parte del Gobierno de Río Negro refleja el compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, asegurando que los recursos del Estado sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de todos los ciudadanos», destacaron desde el Ejecutivo.