Un conductor alcoholizado protagonizó un fuerte siniestro vial este miércoles (11/11) por la mañana en General Roca, cuando terminó chocando contra el edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mosconi. El vehículo impactó contra una de las paredes de la salita y provocó importantes daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 9, en un horario en el que el centro de salud tenía vecinos en su interior que habían concurrido para recibir atención médica. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas de gravedad.

Según indicaron testigos, antes de terminar contra el edificio sanitario, el automovilista habría chocado de frente contra un canasto ubicado frente a un comercio de la zona y luego continuó su marcha hasta impactar contra la salita.

El CAPS terminó con parte de la mampostería destruida y el cerco metálico derribado por la fuerza del choque.

La situación generó preocupación entre los vecinos, teniendo en cuenta que Mosconi es un sector donde numerosos chicos se trasladan caminando para asistir a la escuela y donde, a esa hora, también circulan personas que concurren al centro de salud.

Los controles de tránsito realizados durante la última semana en General Roca dejaron como resultado la confección de 106 actas de infracción y la retención preventiva de 26 vehículos, entre ellos 21 motocicletas y 5 automóviles. Además, se detectaron 8 casos de alcoholemia positiva.

Los operativos fueron llevados adelante por inspectores municipales entre el lunes 2 y el lunes 9 de noviembre, en diferentes sectores de la ciudad, tanto en la zona céntrica como en el área rural, con el objetivo de preservar la seguridad vial.

Según el detalle difundido por el Municipio, 6 vehículos fueron retenidos por alcoholemia positiva, 5 por ruidos molestos, 3 por realizar destrezas en la vía pública y 12 por falta de documentación. Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con la falta de licencia de conducir y de seguro obligatorio.

En este contexto, la Dirección de Tránsito recordó que se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

La infracción a la normativa de Alcohol Cero al Volante es considerada una falta grave y contempla multas de entre 1.000 y 3.000 USAM, equivalentes a montos de entre $1.200.000 y $3.600.000, según la tarifaria vigente al 10 de noviembre de 2026. También puede implicar la inhabilitación de la licencia de conducir.

Desde el Municipio advirtieron que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa el riesgo de protagonizar siniestros viales y puede afectar no solamente al conductor, sino también al resto de los usuarios de la vía pública. Por ello, recomendaron evitar la ingesta de bebidas alcohólicas antes de conducir o designar a una persona responsable al volante.

Un conductor que atropelló desde atrás a un ciclista en calle Viterbori de General Roca, escapó sin asistirlo y lo dejó inconsciente sobre el asfalto deberá indemnizarlo por las lesiones y las consecuencias del siniestro. El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda presentada por la víctima y atribuyó la totalidad de la responsabilidad al automovilista. La condena también alcanzó a la compañía aseguradora, dentro de los límites de la cobertura contratada.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo por el margen derecho de la calzada, entre las calles Lago Lolog y Cerro Aconquija. Llevaba un chaleco reflectante y avanzaba junto al cordón cuando un Volkswagen Gol Trend que transitaba en la misma dirección lo embistió desde atrás.

La fuerza del impacto hizo que el ciclista saliera proyectado contra el parabrisas del automóvil y luego cayera sobre el asfalto. El conductor no se detuvo para auxiliarlo y abandonó el lugar, mientras la víctima permanecía herida e inconsciente.

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco López Lima y luego a un policlínico de Cipolletti, donde permaneció internado en terapia intensiva y debió ser sometido a una operación. Además, su bicicleta nunca apareció.

A partir de lo ocurrido, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra el automovilista y la aseguradora. Reclamó una reparación por las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas, los gastos de atención y la pérdida del rodado.

Durante el juicio, las partes sostuvieron versiones opuestas. El ciclista afirmó que el conductor lo había atropellado desde atrás, guardado la bicicleta en el baúl y escapado para ocultar lo sucedido. El demandado negó esa acusación y sostuvo que la víctima había cruzado repentinamente la calzada, vestida con ropa oscura y en condiciones de escasa iluminación. También dijo que se retiró debido a una alteración emocional y rechazó haberse llevado la bicicleta. La aseguradora respaldó esa postura y atribuyó el accidente a la conducta del ciclista.

La jueza tuvo por acreditadas la fuga del automovilista y la desaparición de la bicicleta, aunque no consideró probado que el conductor la hubiera escondido o sustraído.

El informe del Gabinete de Criminalística y la pericia accidentológica fueron determinantes para reconstruir el siniestro. Ambos coincidieron en que el automóvil impactó desde atrás a la bicicleta, que circulaba aproximadamente a 45 centímetros del cordón. Los especialistas descartaron que el ciclista hubiera cruzado repentinamente la calzada y señalaron que la avenida era recta, contaba con iluminación artificial y no presentaba obstáculos para la visión.

En su análisis, la magistrada aplicó las normas del Código Civil y Comercial sobre el riesgo creado por la circulación de vehículos. Ese régimen establece que, una vez acreditados el accidente y el daño, quien pretende liberarse de responsabilidad debe demostrar una causa ajena, como la conducta de la propia víctima. También examinó las obligaciones de cuidado y prevención de la Ley Nacional de Tránsito, incluido el deber de detenerse y prestar asistencia después de un siniestro.

La jueza concluyó que el automovilista incumplió esas obligaciones y que ni él ni la aseguradora lograron demostrar que el ciclista hubiera provocado el choque.

La reparación reconocida comprendió la incapacidad psicofísica permanente, el daño moral, el tratamiento psicológico futuro y la pérdida de la bicicleta. Para determinar el daño moral, se consideraron la gravedad de las lesiones, las cicatrices, las consecuencias emocionales y el abandono de la víctima después del impacto. También se reconoció la necesidad de realizar un tratamiento psicológico semanal durante un año.

En cambio, se rechazó el reclamo por gastos médicos y traslados, debido a que las prestaciones habían sido cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Además, la sentencia dispuso verificar si el ciclista recibe una reparación laboral por incapacidad permanente, con el objetivo de evitar una doble compensación por el mismo perjuicio.

Finalmente, el fallo ordenó al conductor y a la aseguradora -esta última dentro de los límites de la cobertura contratada- pagar la reparación dentro de los 10 días, bajo apercibimiento de ejecución.