A través del Decreto N° 513/2025, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró no laborable el próximo 27 de junio para la Administración Pública Provincial, en conmemoración del Día del Empleado y la Empleada Pública.

La fecha remite a la adopción del Convenio 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 27 de junio de 1978, que reconocen el derecho a la negociación colectiva y regulan las relaciones laborales en el sector público.

Río Negro adhiere a esta conmemoración nacional establecida por la Ley N° 26.876 y lo hace en línea con lo dispuesto por el Decreto provincial N° 376/19, que instituyó este día no laborable de manera anual para los organismos estatales.

El decreto también invita a los municipios rionegrinos a adherir e instaurar la jornada como no laborable en sus respectivas administraciones públicas.

«La medida forma parte del reconocimiento institucional a las trabajadoras y trabajadores del Estado, fundamentales en la prestación de servicios a la comunidad en todo el territorio provincial», dice el Decreto.

En tanto, el Consejo Provincial de Educación dispuso jornada institucional y no va a haber dictado de clases.

Con la sanción de la nueva Ley de Puertos, Río Negro incorporó una normativa clave que regula la actividad portuaria en toda su jurisdicción, brindando previsibilidad a las inversiones y consolidando su rol estratégico en el desarrollo económico nacional.

Una herramienta estratégica para una provincia exportadora

La nueva legislación, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, establece un marco legal moderno para la habilitación, administración y operación de puertos marítimos, fluviales y lacustres. Forma parte del paquete normativo aprobado junto al Régimen de Promoción Económica e Industrial, con el objetivo de potenciar la infraestructura productiva, atraer inversiones privadas y generar empleo de calidad.

La norma posiciona al sistema portuario rionegrino como un activo clave para la logística del comercio exterior, la industria hidrocarburífera, la pesca, el turismo y el transporte de cargas.

«El desarrollo portuario no puede depender de decisiones externas. Por eso Río Negro decidió tener una ley propia, con una mirada federal y estratégica», expresó el gobernador Weretilneck. «Esta norma nos permite administrar mejor, planificar a largo plazo y atraer inversiones que generen empleo y valor agregado en nuestra provincia», amplió.

Agencias portuarias con capacidad de gestión y financiamiento

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de agencias portuarias autárquicas con capacidad operativa y financiera. Estos entes estarán habilitados para modernizar servicios, otorgar habilitaciones y concesiones, establecer tarifas y llevar adelante proyectos de inversión bajo criterios técnicos y competitivos.

La Provincia cuenta con una infraestructura portuaria valiosa cuyo uso será optimizado con las condiciones mejoradoras que establece la normativa.

La nueva ley también promueve la coordinación entre el sistema portuario y otras estructuras logísticas provinciales, como zonas francas, parques industriales y terminales de carga.

Habilitación de terminales privadas e incentivos fiscales

El marco legal contempla la posibilidad de habilitar terminales portuarias privadas que presenten planes de obras, inversión y responsabilidad social portuaria. Estas podrán acceder a concesiones por hasta 50 años, con bonificaciones específicas para aquellas que compartan infraestructura o se integren a ecosistemas logísticos.

A nivel fiscal, las empresas podrán acceder a incentivos provinciales como exenciones o reducciones temporales de cánones y tarifas si invierten en infraestructura portuaria.

Además, se crea un Fondo Portuario Provincial destinado a financiar obras, dragado y mantenimiento, que se alimentará con recursos propios y aportes de las agencias portuarias.

Una provincia conectada al mundo

La ley impulsa la radicación de inversiones en sectores estratégicos como la logística, la exportación y los servicios vinculados al comercio exterior. El sistema portuario adquiere un rol fundamental para la competitividad de la provincia, desde la salida marítima de productos por San Antonio Este hasta el desarrollo del turismo lacustre en la Región Andina.

Con este nuevo marco normativo, Río Negro da un paso decisivo para consolidar su perfil exportador, generar condiciones para el crecimiento del sector energético y productivo, y proyectarse como un nodo logístico de referencia nacional y binacional.

El gobernador Alberto Weretilneck participó ayer lunes (23/06) en Buenos Aires de una reunión de trabajo con sus pares y representantes de distintas provincias, donde se acordó impulsar un proyecto de ley para redefinir la distribución del Impuesto al Combustible Líquido, con el objetivo de lograr una asignación más equitativa de los recursos nacionales, en un contexto económico complejo.

El encuentro se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y congregó a un grupo amplio y diverso de mandatarios provinciales, además de autoridades nacionales.

Allí se consensuó un documento conjunto que fue presentado al Gobierno Nacional. La propuesta principal del texto es avanzar en un proyecto de ley que elimine los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, de manera que tanto la Nación como las 24 jurisdicciones del país puedan asignar esos recursos según sus propias prioridades y necesidades.

A su vez, se plantea que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea distribuido entre la Nación y las provincias de acuerdo con el criterio de coparticipación vigente (Ley Nacional N° 23.548), lo cual representaría un paso firme hacia una mayor equidad en el reparto de los recursos públicos.

«Estas decisiones no atentan contra la sustentabilidad de las cuentas nacionales, pero sí pueden generar más federalismo, más justicia distributiva y una mejor respuesta a las demandas sociales que enfrentamos en cada provincia», expresaron los mandatarios firmantes.

Junto a Weretilneck, participaron del encuentro y suscribieron el documento los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta). También estuvieron presentes los vicegobernadores de La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Chaco, junto al titular del CFI, Ignacio Lamothe.

«Lo que estamos planteando es sentido común: que los recursos que se generan en todo el país se distribuyan con criterios más justos, para que cada provincia pueda responder a las necesidades de su gente. Es tiempo de avanzar hacia un federalismo real, con autonomía y responsabilidad», reflexionó Weretilneck, al finalizar el encuentro.