Judiciales
Presentaron en Roca la modernización del fuero Laboral
Comenzará a funcionar a partir del 1 de agosto próximo.
A partir del 1 de agosto, el fuero Laboral de Roca comenzará a funcionar bajo el modelo de Oficinas Judiciales y se sumará al proceso de modernización que ya se implementó en Viedma, Bariloche y Cipolletti en las demás Cámaras del Trabajo de la provincia. El nuevo modelo se presentó el viernes (26/07) en una jornada de la que participaron los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Sergio Barotto y Ricardo Apcarián junto con el director del Centro de Planificación Estratégica Alfredo Bozzetti.
El esquema implica que un organismo especializado, la Oficina de Tramitación Integral Laboral, asume todas las actividades administrativas y de gestión vinculadas con los juicios laborales, dejando para los jueces y las juezas de las Cámaras del Trabajo la tarea indelegable de tomar las audiencias y dictar las sentencias y resoluciones.
La nueva estructura judicial y administrativa responde a «modelos de gestión que permiten brindar respuestas eficientes con mayor celeridad», explicó el juez del STJ Sergio Barotto, delegado de la Segunda Circunscripción.
El juez Ricardo Apcarián, coordinador del proyecto, contó la experiencia en los demás fueros y circunscripciones y agradeció la colaboración del Colegio de Abogados de Roca que estuvo representado por su presidente Nicolás Diaz.
Alfredo Bozzetti, del Centro de Planificación Estratégica, expuso el funcionamiento del nuevo modelo junto con todas las etapas de trabajo que permitieron su puesta en funcionamiento este 1 de agosto.
La reorganización se viene gestando desde hace varios meses, con jornadas de trabajo entre el STJ, los jueces y las juezas de las dos Cámaras del Trabajo de Roca y el Centro de Planificación Estratégica. El cambio implica la adaptación de funciones y tareas, la sensibilización del personal para sus nuevos roles, además de una estandarización de prácticas entre los dos tribunales del fuero que funcionan en la ciudad y que tienen competencia en toda la circunscripción. Además, requiere adecuaciones informáticas y de infraestructura, que ya se realizaron.
De acuerdo con el organigrama, el fuero Laboral de Roca seguirá teniendo dos Cámaras Laborales, con tres jueces y juezas en cada una. Luego habrá cuatro Unidades Procesales, cada una a cargo de un Secretario o Secretaria de Cámara. Y dentro de cada Unidad Procesal habrá una cantidad mínima de personal y un total de cuatro referencistas. El resto de las personas que actualmente trabajan bajo dependencia directa de las Cámaras pasarán a cumplir funciones administrativas y específicas en la OTIL.
Por su parte la OTIL tendrá como coordinador a Ignacio Barsellini. Ese organismo se distribuirá las tareas de atención al público, gestión y agendamiento de audiencias, despacho primario de presentaciones, receptoría de documentación y archivo, transferencias y pagos por ejecución de sentencias, entre otras.
El modelo comenzará a funcionar el próximo jueves 1 de agosto. En este contexto el STJ dispuso la suspensión de términos para hoy 29, el 30 y 31 de julio.
De la presentación que se hizo el viernes participó todo el equipo de trabajo del fuero Laboral, incluidos los jueces y juezas Daniela Perramón, Juan Huenumilla, María del Carmen Vicente, Paula Bisogni, Walter Peña y Victorio Gerometta y las secretarias Lucia Meheuech, Marcela López, María Eugenia Pick y María Magdalena Tartaglia. También se realizó una recorrida por las instalaciones que demandaron cambios en la organización del espacio y la infraestructura.
Judiciales
Condenaron a 3 años de prisión en suspenso al anestesiólogo Atencio Krause por la muerte de Valentín
Además, está inhabilitado por 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
En una sentencia que coincide con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el juez Emilio Stadler condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por la muerte del niño de 4 años.
El fallo impone una pena de 3 años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena de 3 años de prisión condicional para el anestesiólogo. Además pidieron la inhabilitación especial para ejercer la medicina durante 10 años. La querella adhirió. Por su parte el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica.
En julio de 2024, Valentín ingresó al Sanatorio Juan XXIII para una cirugía programada de hernia diafragmática. Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.
Luego de analizar las pruebas y los testimonios, el juez Stadler determinó que el médico actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó varios aspectos que demostraron el descuido del anestesiólogo, entre ellos la falta de vigilancia. El profesional no realizó un control constante de la respiración ni de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva.
Al momento de detectarse el problema, el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado. La sentencia también hizo referencia al uso del teléfono celular y a diversas distracciones. Testigos declararon que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.
El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.
Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante 3 años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.
El juicio de cesura comenzó el 3 de febrero y tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, mientras que la defensa del médico estuvo a cargo de Juan Ignacio Scianca.
Judiciales
Vivió 10 años bajo la humedad en las 500 Viviendas: Ordenan a las vecinas de arriba a realizar las reparaciones urgentes
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
Una mujer vive en su departamento de planta baja del barrio 500 Viviendas de Roca desde hace años. Sin embargo, su hogar dejó de ser un refugio y se transformó en una fuente de angustia constante. Durante una década, realizó arreglos por su cuenta en techos y paredes a raíz de filtraciones de agua provenientes de los pisos superiores.
El agua atraviesa la estructura de manera pareja y constante. Ante esta situación, la mujer recurrió al Poder Judicial mediante una acción de daño temido, ya que el riesgo resulta real y urgente: el techo puede desplomarse y las paredes pueden electrificarse.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y ordenó a las propietarias de los pisos superiores reparar el caño maestro y eliminar las filtraciones. La sentencia establece que, si las obras no se ejecutan, la mujer podrá realizarlas por su cuenta, con cargo a las vecinas del nivel superior.
Un informe técnico advirtió la existencia de riesgos graves. El agua puede tomar contacto con cables o cajas eléctricas, lo que provoca electrificación de las paredes y descargas peligrosas. Además, la humedad favorece el crecimiento de moho, que causa enfermedades respiratorias.
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
La jueza consideró que el caso reúne todos los requisitos de una acción preventiva. La normativa autoriza a los jueces a adoptar medidas inmediatas cuando existe un riesgo grave e inminente para las personas o los bienes.
El Tribunal entendió que los propietarios de las unidades funcionales están alcanzados por el deber de prevención de daños, dado que son cotitulares de las partes comunes del edificio. Por ese motivo, deben permitir el ingreso a sus viviendas para llevar adelante las reparaciones necesarias.
En cuanto al consorcio, aunque no fue demandado de manera directa, la jueza resolvió que debía colaborar mediante la entrega de los planos del edificio, en función de las amplias facultades judiciales propias de las acciones preventivas. En consecuencia, rechazó de forma parcial la excepción de falta de legitimación planteada.
El fallo ordena al consorcio entregar los planos del edificio para asegurar la correcta ejecución de las obras. A su vez, la vecina afectada debe permitir el acceso a su vivienda con el fin de facilitar las tareas de reparación.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
