Río Negro
¿De qué se trata la desvinculación voluntaria para agentes públicos rionegrinos?
Los estatales que adhieran recibirán una suma equivalente a 1,2 sueldos por cada año de antigüedad.
En el marco de la reciente implementación de la Ley N.º 5717, los agentes públicos de planta permanente del Poder Ejecutivo provincial y de los organismos de control interno pueden ahora acceder a un conjunto de beneficios a través del Régimen de Desvinculación Voluntaria.
Uno de los principales atractivos de este régimen es la mejora en la liquidación final. Los agentes que se adhieran recibirán una suma equivalente a 1,2 sueldos por cada año de antigüedad, o por fracción mayor a seis meses. Este incremento representa una mejora significativa en comparación con el régimen anterior, brindando a los empleados una compensación más justa y acorde a sus años de servicio.
Otro beneficio importante es la continuidad de la cobertura de la obra social IPROSS durante un año, sin costos de aportes y contribuciones para los agentes desvinculados. Estos costos serán completamente bonificados por el gobierno provincial, asegurando que los agentes y sus familias mantengan acceso a servicios de salud sin interrupciones.
Los agentes que se desvinculen y posteriormente inicien actividades económicas unipersonales en la provincia estarán exentos de tributos provinciales, fomentando así el emprendimiento y la generación de nuevas fuentes de ingresos. Además, las empresas que contraten personal desvinculado dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de desvinculación también recibirán exenciones fiscales, incentivando la reintegración laboral de estos trabajadores.
Para adherirse al régimen, los agentes deben completar un formulario de adhesión en el área de Recursos Humanos de su organismo y adjuntar los certificados de antecedentes penales correspondientes. Recursos Humanos iniciará el trámite, incluyendo un informe de la máxima autoridad de su jurisdicción sobre la conveniencia de la desvinculación. La Secretaría de la Función Pública emitirá un dictamen favorable o no favorable, y en caso de ser positivo, el agente tendrá 5 días para aceptar o desistir de la desvinculación.
Es importante destacar que el régimen excluye a ciertos grupos de empleados, como el personal policial, de servicio penitenciario y docente, así como a quienes perciban una jubilación o prestación equivalente, entre otros.
La Ley de Desvinculación Voluntaria representa una oportunidad significativa para los agentes públicos que deseen desvincularse de sus puestos, ofreciéndoles una liquidación más favorable, continuidad en la cobertura de salud y beneficios fiscales. Estos incentivos están diseñados para facilitar la transición hacia nuevas oportunidades laborales y fomentar el emprendimiento en la provincia.
Política
Presupuesto 2026: Más de 380 obras y equilibrio fiscal
«La consigna planteada para 2026 es precisa: cada peso que ingresa se destina a mejorar los servicios y avanzar con nuevas obras», dijo Weretilneck.
El gobernador Alberto Weretilneck presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un incremento del 38% respecto de este año y más de 380 obras financiadas con fondos provinciales. «La propuesta reafirma un Estado en marcha, con equilibrio financiero, sin déficit y con prioridades claras: el 66% del presupuesto se orienta a educación, salud y seguridad, tres pilares centrales de la vida cotidiana», indicó.
«La consigna planteada para 2026 es precisa: cada peso que ingresa se destina a mejorar los servicios y avanzar con nuevas obras, bajo un criterio que garantiza la llegada de recursos a todas las localidades. Nuestro objetivo es que Río Negro esté mejor y que cada vecino y vecina sienta que hay un Estado que acompaña», expresó el mandatario.
Del total, el 37% se destinará a educación, asegurando salarios, comedores, transporte escolar y mantenimiento edilicio, además del fortalecimiento de la formación técnica y profesional. También se sostendrán programas educativos que igualan oportunidades y se ampliarán espacios para escuelas técnicas y de capacitación laboral.
A salud se destinará el 15%, garantizando el funcionamiento de los 34 hospitales y centros de salud, la incorporación de equipamiento de alta complejidad y la renovación de ambulancias para reforzar la red de emergencias. El presupuesto también prevé obras sanitarias, ampliaciones y refacciones que mejoran la atención en todo el territorio.
Para seguridad se asignará el 13%, orientado a móviles, equipamiento tecnológico, infraestructura y un modelo de prevención moderno, basado en tecnología y presencia territorial. Esto incluye renovación de vehículos, herramientas digitales, mejoras edilicias y fortalecimiento del sistema penitenciario.
A la obra pública se destinará el 11% del presupuesto provincial. Ese monto permitirá avanzar con más de 380 obras que abarcan agua potable, saneamiento, pavimento, rutas, ampliaciones hospitalarias, refacciones escolares, infraestructura urbana y soluciones habitacionales. El criterio territorial asegura presencia en todas las regiones.
El gobernador anunció la elevación del proyecto en sus redes sociales. «Es una de las decisiones más complejas que debe tomar un gobierno. Se necesita experiencia, conocimiento, sensibilidad y visión. Hay que contemplar lo urgente, lo necesario y, al mismo tiempo, tener una mirada estratégica», afirmó.
El presupuesto también refuerza políticas sociales, culturales y deportivas; acompañamiento a familias y municipios; infraestructura comunitaria; programas para clubes; y el sostenimiento de espacios culturales y patrimoniales.
«Tengo que asegurar la integración provincial: que los fondos lleguen a cada localidad, a cada región, a cada comisión de fomento. Que ningún rionegrino se sienta olvidado. Tenemos que hacer lo que hay que hacer y defender a Río Negro con hechos, no con discursos», cerró Weretilneck.
Judiciales
Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
Río Negro
Río Negro avanza en una Red Federal para controlar a deudores alimentarios
Referentes del Registro Civil participaron en Buenos Aires del primer encuentro que busca articular acciones entre las provincias para mejorar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Representantes del Registro Civil de Río Negro participaron en Buenos Aires del Primer Encuentro Federal de Cooperación Interjurisdiccional, una instancia que busca impulsar la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a mejorar la respuesta estatal frente al incumplimiento del deber alimentario.
El nuevo espacio estará conformado por autoridades y equipos técnicos de las jurisdicciones participantes, con el objetivo de establecer una coordinación permanente entre los registros provinciales. La intención es ordenar la información existente, compartir experiencias y avanzar en la adopción de criterios técnicos comunes que permitan una aplicación más eficaz de las medidas vigentes.
La articulación federal también prevé el desarrollo de herramientas que fortalezcan el sistema de protección alimentaria, garantizando que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por deudas alimentarias.
Desde el Gobierno rionegrino destacaron que la provincia asumirá un rol activo en la Red, trabajando para la sostenibilidad del sistema y para agilizar los mecanismos de control y sanción frente a situaciones de incumplimiento.
