Política
Avanza en la Legislatura el proyecto para que las escuelas tengan guardias mínimas en caso de huelga
El PRO busca declarar a la educación como servicio estratégico esencial.

La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura Provincial aprobó hoy (02/09) por amplia mayoría una iniciativa del legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) para declarar a la educación como servicio estratégico esencial, garantizando guardias mínimas en las escuelas en caso de medida de fuerza docente o no docente.
«Es un proyecto que contempla la declaración de la educación como un servicio estratégico esencial para la provincia, que está en línea con lo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados», explicó el autor de la iniciativa que acompañaron con su firma los legisladores María Laura Frei, Martina Lacour, Ofelia Stupenengo, Gabriela Picotti, Juan Ignacio Murillo y Claudio Doctorovich.
De aprobarse este proyecto que hoy pasó el filtro de su comisión de origen y podría tratarse esta semana, cada escuela deberá mantener una guardia mínima del 30% de su planta docente y no docente en caso de paro. En el supuesto de que la medida de fuerza se extienda por más de dos días, dicha guardia deberá ser del 50%.
«No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica», remarcó Juan Martin, planteando que «lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas».
«Países como Francia, Alemania, España, Ecuador y Perú tienen normas que declaran a la educación como un servicio esencial y fijan límites en caso de medida de fuerza. La tarea de los maestros y del personal auxiliar es tan importante como la de los policías o la de los trabajadores de la salud, por eso no deberían poder parar por completo las escuelas», añadió.
El presidente del bloque PRO-Unión Republicana consideró que «de aprobarse este proyecto, el gobierno tendría una herramienta para cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la educación» y se mostró confiado en el tratamiento de la iniciativa al indicar que «así como en la Comisión de Educación de la Legislatura tuvimos el apoyo de otros espacios; en el Congreso Nacional, salvo el kirchnerismo, todos los bloques apoyaron un proyecto similar».
Gremios
El Gobierno de Río Negro realizó una propuesta salarial al gremio UnTER
La oferta consiste en recomponer y equiparar los cargos replanteados por la gremial en la paritaria anterior.

En el marco de una nueva reunión de paritarias, el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, recibió a representantes del gremio docente UnTER, en instalaciones de la Secretaría de Trabajo de la provincia.
Durante el encuentro, se trabajó en todo lo relacionado en la paritaria anterior en cuanto a los pedidos del sindicato respecto a incrementos salariales y en ese sentido, desde el Gobierno rionegrino se realizó una propuesta económica. La misma consiste en recomponer y equiparar los cargos replanteados por la gremial. Las grillas correspondientes fueron adjuntadas al acta de la paritaria.
«Analizando las horas y cargos vinculados, la propuesta queda muy por encima de la inflación acumulada, corrigiendo de esta manera la totalidad de horas y cargos acordados», aseguraron desde Educación.
La oferta alcanza a 84.320 hs de 25 horas cátedra y a 47.463 hs de 35 horas cátedra, asimismo llega al millar de cargos superiores.
«Todo este trabajo representa un importante esfuerzo por parte del Estado rionegrino para mantener el nivel adquisitivo de los sueldos, sin poner en riesgo el pago de los mismos y el funcionamiento de los servicios estatales de la provincia», agregaron desde la cartera educativa.
«De esta manera y mediante un importante espacio de diálogo, se continúa trabajando en todos los aspectos que hacen al sistema educativo y la organización de cara a los inicios de los ciclos lectivos», añadieron.
En relación a esto, se están llevando a cabo los correspondientes procesos licitatorios para las localidades que no cuentan con convenios con los municipios, para garantizar los servicios de transporte, comedores escolares, mantenimiento e insumos. No obstante en el resto de las localidades los convenios están vigentes hasta el mes de abril con opción a prórroga. Para 2025, los convenios por estos servicios insumirían $47.793.326.924,74.
Además, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se encuentra cumpliendo una importante labor en la Zona Andina en el marco de la emergencia por los incendios, con las escuelas a disposición para los brigadistas y tareas de logística.
La ministra Patricia Campos se encuentra trabajando en el lugar y por eso no fue parte de la paritaria de la cual participaron el secretario de Articulación y Gestión, Adrián Carrizo, la secretaria de Administración, Mónica Temprano, la secretaria General del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda, los vocales gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, y la directora General de Educación, Romina Faccio. Por el gremio UNTER, estuvieron la secretaria General Silvana Inostroza, el secretario Adjunto Gustavo Cifuentes, el vocal gremial Marcelo Nervi, entre otras autoridades.
Por otro lado se determinó pasar a un cuarto intermedio hasta el día martes (11/02).
Política
Emergencia Ígnea: Acuerdo con CFI por $1000 millones para El Bolsón
Contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio de asistencia técnica y financiera por la emergencia ígnea con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, por un aporte de $1.000 millones, para mitigar los efectos del incendio en El Bolsón y zonas aledañas.
Este acuerdo busca proporcionar un respaldo inmediato a las comunidades afectadas y contribuir a la recuperación económica, productiva y ambiental de la provincia.
En respuesta a esta situación crítica, el convenio establece un aporte financiero de hasta $1.000 millones por parte del CFI, destinados específicamente a la recuperación productiva y medioambiental de las áreas perjudicadas.
Los incendios registrados en la región han generado un fuerte impacto ecosistémico, económico y social, afectando más de tres mil hectáreas y ocasionando pérdidas significativas en los sectores agropecuario, industrial, forestal y turístico. Además de la destrucción de infraestructura productiva y el deterioro de los suelos, la crisis ha comprometido fuentes de trabajo, perjudicando directamente a cientos de familias que dependen de estas actividades para su sustento diario.
El gobernador Weretilneck destacó que «este acuerdo es fundamental para garantizar la asistencia inmediata a los damnificados y avanzar en la recuperación productiva y ambiental de la provincia. Nos permite actuar con rapidez y planificación, asegurando que nuestros productores y comunidades puedan reconstruir sus actividades y generar resiliencia ante futuras crisis».
En términos de financiamiento, el desembolso de los fondos se realizará en dos etapas: una primera cuota de $500 millones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio, y una segunda cuota de igual monto a los quince días siguientes. Este esquema de distribución busca asegurar una respuesta rápida y eficiente, garantizando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
El acuerdo contempla la asistencia a los afectados mediante un conjunto de medidas estratégicas, incluyendo la reconstrucción de infraestructura predial, la provisión de pasturas para el ganado, la limpieza y rehabilitación de bosques nativos, y la implementación de programas de reforestación para mitigar los daños en el ecosistema.
También se prevé la capacitación de productores y pobladores en la prevención y manejo de incendios forestales, promoviendo una cultura de cuidado y sostenibilidad ambiental que permita reducir riesgos a futuro.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, subrayó que «desde el CFI reafirmamos nuestro compromiso con el federalismo solidario, acompañando a Río Negro en la implementación de estrategias para mitigar los efectos de esta crisis. Nuestra prioridad es fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de desastres y trabajar en conjunto para impulsar soluciones sostenibles a largo plazo».
El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, estableciendo mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para garantizar la correcta aplicación de los fondos y la efectividad de las acciones implementadas. Asimismo, se conformará un comité de evaluación integrado por representantes del gobierno provincial y del CFI, que se encargará de monitorear el impacto de las medidas adoptadas y proponer ajustes en caso de ser necesario.
Este acuerdo representa un paso significativo en la articulación de esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y organismos de cooperación, reafirmando la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas que permitan no solo la recuperación de las áreas afectadas, sino también la construcción de una estructura de prevención y resiliencia que minimice los efectos de futuros desastres.
Política
Weretilneck gestiona ayuda nacional ante los incendios en El Bolsón
Junto al viceministro del Interior, dialogaron sobre la necesidad de reforzar la coordinación y cooperación entre las fuerzas federales de seguridad, la Policía de Río Negro y el Poder Judicial.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, abordaron hoy (06/02) la preocupante situación que se vive en El Bolsón a causa de los incendios forestales.
El mandatario provincial expuso la gravedad de los hechos, haciendo hincapié en la intencionalidad de los focos y las devastadoras consecuencias que esta situación generó en familias y los productores de la zona, que sufrieron pérdidas totales.
En este marco, Weretilneck solicitó la colaboración del Gobierno Nacional para mitigar el impacto del fuego y asistir a los afectados. Asimismo, se dialogó sobre la necesidad de reforzar la coordinación y cooperación entre las fuerzas federales de seguridad, la Policía de Río Negro y el Poder Judicial, con el fin de prevenir y evitar este tipo de delitos.