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Con violencia en las puertas de la Legislatura, se aprobó la declaración de la educación como servicio esencial
El proyecto, presentado por el legislador Juan Martín, fue votado por mayoría en primera vuelta.
La Legislatura provincial aprobó hoy (26/09), en primera vuelta y por mayoría, el proyecto de ley que declara la educación obligatoria como un servicio estratégico esencial. El proyecto, que contó con 35 votos a favor y 11 en contra, recibió el respaldo de los bloques PRO Unión Republicana -sin el apoyo de la legisladora Patricia Mac Kidd que votó en contra-, JSRN, CC ARI Cambiemos Primero Río Negro y UCR. Por su parte, los bloques de Vamos con Todos y PJ-NE se opusieron a la iniciativa.
En las puertas del Parlamento provincial, un grupo de docentes agremiados en UnTER, intentó ingresar al edificio para participar de la sesión y se vivieron momentos de mucha tensión y violencia. Desde el sindicato aseguraron que fueron reprimidos por la Policía de Río Negro.
El proyecto, que deberá se tratado en un segunda vuelta, generó un fuerte y largo debate en el recinto. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martin (PRO), propone asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas en situaciones de paro docente. El proyecto establece que, ante una medida de fuerza, cada establecimiento educativo deberá garantizar que al menos el 30% de su planta docente y no docente continúe trabajando. Este porcentaje aumentaría al 50% en caso de que el paro se extienda por más de dos días consecutivos.
En la apertura del debate el legislador del PRO señaló, que a «todas luces la educación es un servicio esencial» y que no se trata de limitar el derecho a huelga sino armonizarlo con el derecho a aprender. «La educación es un derecho pero se defiende con las escuelas abierta», señaló y agregó que «este es sólo un punto de la emergencia educativa, el financiamiento forma parte de otro debate».
Apoyo al proyecto
El proyecto fue acompañado por la totalidad de los legisladores de JSRN. La legisladora Marcela Abdala señaló que el Gobierno entiende a la educación como algo «esencialísimo» y agregó que «de ninguna manera estamos en contra del derecho a huelga. Pero no vamos a permitir que la casta sindical le quite el derecho a nuestros niños por defender sus privilegios. Nuestros docentes rionegrinos están entre los mejores pagos del país. Así y todo, no podemos garantizar que nuestros niños estén en las escuelas como mínimo sus 180 días». Y señaló que en lo que va del año ya se perdieron 15 días de clases por paro.
Al cierre del debate el presidente de la bancada oficialista, Facundo López señaló «no queremos más alumnos rehenes de una decisión sindical, que estoy seguro que no representan a todos los docente. Vamos a debatir todo lo que sea necesario, pero con los maestros dando clase. Para eso, todos los rionegrinos y rionegrinas pagan los impuestos para que ellos cobren el sueldo los primeros días hábiles de cada mes. No estamos haciendo nada más que garantizar para nosotros uno de los principales derechos que se debe garantizar el Estado, que es la educación de cada uno de los chicos que viven en Río Negro».
Bloques UCR y CC ARI- Cambiemos, apoyaron con reservas
Ambos bloques decidieron apoyar el proyecto de ley en general pero señalaron que esperan continuar debatiendo y generar modificaciones la proyecto inicial ya que tiene dudas en la posibilidad de su implementación.
Ariel Bernate (UCR) destacó que el proyecto trata «un conflicto de intereses» y señaló que actualmente no se garantiza una educación de calidad. Su compañera de bancada advirtió que, si no se realizan ajustes en la iniciativa original, su bloque no apoyará la ley en la segunda vuelta.
Por su parte, Javier (CC ARI Cambiemos) criticó los paros docentes, afirmando que «perjudican principalmente a los alumnos más vulnerables» y destacó la importancia de priorizar el derecho a aprender y enseñar, subrayando que «la educación no es una guardería, debe formar» por lo que “acompañamos en general pero votaremos en contra de algunos artículos que creemos deben ser mejorados”. El bloque también manifestó el interés de su bloque en continuar el debate antes de asegurar su acompañamiento en segunda vuelta.
La oposición al proyecto
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) expresó su firme defensa de las escuelas públicas y de sus trabajadores. Además, calificó el proyecto de ley como «inconstitucional». La legisladora sugirió que se legisle una nueva ley pero que asegure un mayor presupuesto, no solo para salarios, sino también para infraestructura, transporte y comedores escolares. El presidente del bloque, José Luis Berros, reiteró en el cierre del debate que el proyecto es «inconstitucional» y expresó su desacuerdo con la decisión de no permitir el ingreso de los docentes al recinto para presenciar la discusión.
Por su parte, Daniel Bellos (PJ-NE) destacó el desconocimiento sobre el trabajo en las escuelas de quienes plantearon el proyecto y además «no garantiza calidad educativa». Y se contundente en que se cercena el derecho a huelga.
También votó en contra la legisladora Patricia Mc Kidd (PRO Unión Republicana), quien señaló que la «educación en Río Negro requiere reformas no más parches». Y señaló, como docente, no puede acompañar este proyecto. Yo soy enemiga del paro docente, nunca paré cuando ejercía la docencia. Pero por mas que pongamos un grupo de docentes no se garantiza que se trabaje lo que estaba planificado».
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ATE lanzó un paro nacional en salud desde la medianoche
«Si piensan que van a cansarnos se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza», apuntó Rodolfo Aguiar.
Luego del fracaso en la audiencia por el conflicto en el Hospital Garrahan, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional de salud que comenzó a partir de las 00.00 de este jueves (5/06).
«Hemos decidido nacionalizar el reclamo del Garrahan y lanzar un paro de salud en todo el país. Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles en representación de las autoridades del Garrahan, pero ningún funcionario. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran», concluyó el dirigente estatal.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, se había fijado una audiencia entre las partes para ayer a las 14. Sin embargo, no asistió ningún representante del Poder Ejecutivo y el sindicato consideró que la reunión careció de validez.
ATE decidió nacionalizar el conflicto argumentando que las condiciones de precarización laboral y salarial recrudecen en las provincias.
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Aguiar se reunió con Melella en Tierra del Fuego y repudiaron el «industricidio» de Milei en la provincia
«Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo», indicó el secretario General de ATE Nacional.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, mantuvo una reunión en Tierra del Fuego con el gobernador Gustavo Melella y coincidieron en que las políticas de Javier Milei significan un «industricidio» para la provincia.
«Con el gobernador hemos coincidido en que el Gobierno nacional asfixia a las provincias, quiere terminar con el federalismo y tenemos que impedirlo», señaló Aguiar tras la reunión y detalló que «el encuentro ha sido positivo y el diálogo fructífero. La respuesta a un presidente que quiere cerrar todas las fábricas no solo tiene que ser política sindical, sino fundamentalmente institucional».
«Desde ATE no vamos a dejar de reclamar en la provincia por nuestros salarios y las condiciones de empleo, pero tenemos que actuar en conjunto cuando la que está en riesgo es la soberanía», completó el dirigente estatal.
Además, el referente nacional mantuvo reuniones con las conducciones provincial y de las seccionales del sindicato para elaborar un informe de situación sobre el impacto que tienen en el Sector Público las recientes medidas implementadas por el Gobierno nacional en relación a la apertura de las importaciones.
ATE puso el acento en las modificaciones impositivas a la compra de productos desde el extranjero. Un ejemplo de ello es el caso de los celulares, que tuvieron una reducción de los aranceles del 16% al 8%, y a partir del 15 de enero del 2026 pasará a ser de 0%, según lo dictado en el Decreto 333/25 que lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
El sindicato evaluó que se trata de un ataque directo contra el motor productivo de Tierra del Fuego, el cual afecta a toda la comunidad en general y son miles los puestos de empleo en peligro.
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Sin oferta del Gobierno, ATE tildó de fraude a la paritaria y exigió $1.800.000 de salario mínimo
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», apuntó Aguiar.
El Gobierno concurrió sin un ofrecimiento formal a la paritaria nacional y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Ante esta situación, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «la negociación es un fraude» y exigió elevar el salario mínimo a $1.800.000.
«Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico», señaló el dirigente estatal.
«La paritaria estatal se ha transformado en un fraude y el Gobierno vulnera el convenio 154 de la OIT en tanto y en cuanto en las negaciones que se llevan adelante no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos», agregó en referencia al convenio internacional que promueve la negociación colectiva.
En este marco, Aguiar concluyó que «la pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. A la paz social se la debe garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tienen los trabajadores».
A partir del estudio realizado por los trabajadores del INDEC, ATE determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debiera ser de $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos, utilizando los datos oficiales del organismo para realizar esta medición.
Cabe recordar que la paritaria en la Administración Pública Nacional comprende el periodo de junio 2024 a mayo 2025. A falta de conocer el dato de inflación de este último mes, los incrementos salariales durante ese periodo (20,8%) fueron la mitad que la inflación (41,4%).
De esta forma, el periodo paritario 2025-2026 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 queda sin aumento en su inicio.
La situación salarial acrecienta la conflictividad en el Sector Público y, de esta manera, en los próximos días definirá la continuidad del plan de acción en rechazo a las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos.
