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Con violencia en las puertas de la Legislatura, se aprobó la declaración de la educación como servicio esencial
El proyecto, presentado por el legislador Juan Martín, fue votado por mayoría en primera vuelta.
La Legislatura provincial aprobó hoy (26/09), en primera vuelta y por mayoría, el proyecto de ley que declara la educación obligatoria como un servicio estratégico esencial. El proyecto, que contó con 35 votos a favor y 11 en contra, recibió el respaldo de los bloques PRO Unión Republicana -sin el apoyo de la legisladora Patricia Mac Kidd que votó en contra-, JSRN, CC ARI Cambiemos Primero Río Negro y UCR. Por su parte, los bloques de Vamos con Todos y PJ-NE se opusieron a la iniciativa.
En las puertas del Parlamento provincial, un grupo de docentes agremiados en UnTER, intentó ingresar al edificio para participar de la sesión y se vivieron momentos de mucha tensión y violencia. Desde el sindicato aseguraron que fueron reprimidos por la Policía de Río Negro.
El proyecto, que deberá se tratado en un segunda vuelta, generó un fuerte y largo debate en el recinto. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martin (PRO), propone asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas en situaciones de paro docente. El proyecto establece que, ante una medida de fuerza, cada establecimiento educativo deberá garantizar que al menos el 30% de su planta docente y no docente continúe trabajando. Este porcentaje aumentaría al 50% en caso de que el paro se extienda por más de dos días consecutivos.
En la apertura del debate el legislador del PRO señaló, que a «todas luces la educación es un servicio esencial» y que no se trata de limitar el derecho a huelga sino armonizarlo con el derecho a aprender. «La educación es un derecho pero se defiende con las escuelas abierta», señaló y agregó que «este es sólo un punto de la emergencia educativa, el financiamiento forma parte de otro debate».
Apoyo al proyecto
El proyecto fue acompañado por la totalidad de los legisladores de JSRN. La legisladora Marcela Abdala señaló que el Gobierno entiende a la educación como algo «esencialísimo» y agregó que «de ninguna manera estamos en contra del derecho a huelga. Pero no vamos a permitir que la casta sindical le quite el derecho a nuestros niños por defender sus privilegios. Nuestros docentes rionegrinos están entre los mejores pagos del país. Así y todo, no podemos garantizar que nuestros niños estén en las escuelas como mínimo sus 180 días». Y señaló que en lo que va del año ya se perdieron 15 días de clases por paro.
Al cierre del debate el presidente de la bancada oficialista, Facundo López señaló «no queremos más alumnos rehenes de una decisión sindical, que estoy seguro que no representan a todos los docente. Vamos a debatir todo lo que sea necesario, pero con los maestros dando clase. Para eso, todos los rionegrinos y rionegrinas pagan los impuestos para que ellos cobren el sueldo los primeros días hábiles de cada mes. No estamos haciendo nada más que garantizar para nosotros uno de los principales derechos que se debe garantizar el Estado, que es la educación de cada uno de los chicos que viven en Río Negro».
Bloques UCR y CC ARI- Cambiemos, apoyaron con reservas
Ambos bloques decidieron apoyar el proyecto de ley en general pero señalaron que esperan continuar debatiendo y generar modificaciones la proyecto inicial ya que tiene dudas en la posibilidad de su implementación.
Ariel Bernate (UCR) destacó que el proyecto trata «un conflicto de intereses» y señaló que actualmente no se garantiza una educación de calidad. Su compañera de bancada advirtió que, si no se realizan ajustes en la iniciativa original, su bloque no apoyará la ley en la segunda vuelta.
Por su parte, Javier (CC ARI Cambiemos) criticó los paros docentes, afirmando que «perjudican principalmente a los alumnos más vulnerables» y destacó la importancia de priorizar el derecho a aprender y enseñar, subrayando que «la educación no es una guardería, debe formar» por lo que “acompañamos en general pero votaremos en contra de algunos artículos que creemos deben ser mejorados”. El bloque también manifestó el interés de su bloque en continuar el debate antes de asegurar su acompañamiento en segunda vuelta.
La oposición al proyecto
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) expresó su firme defensa de las escuelas públicas y de sus trabajadores. Además, calificó el proyecto de ley como «inconstitucional». La legisladora sugirió que se legisle una nueva ley pero que asegure un mayor presupuesto, no solo para salarios, sino también para infraestructura, transporte y comedores escolares. El presidente del bloque, José Luis Berros, reiteró en el cierre del debate que el proyecto es «inconstitucional» y expresó su desacuerdo con la decisión de no permitir el ingreso de los docentes al recinto para presenciar la discusión.
Por su parte, Daniel Bellos (PJ-NE) destacó el desconocimiento sobre el trabajo en las escuelas de quienes plantearon el proyecto y además «no garantiza calidad educativa». Y se contundente en que se cercena el derecho a huelga.
También votó en contra la legisladora Patricia Mc Kidd (PRO Unión Republicana), quien señaló que la «educación en Río Negro requiere reformas no más parches». Y señaló, como docente, no puede acompañar este proyecto. Yo soy enemiga del paro docente, nunca paré cuando ejercía la docencia. Pero por mas que pongamos un grupo de docentes no se garantiza que se trabaje lo que estaba planificado».
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ATE rechaza la intención de compensar la baja de retenciones al campo con un nuevo recorte del 30% sobre el Estado
«Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes», señaló Aguiar.
Conocida la información de que el Gobierno de Javier Milei pretende compensar los 800 millones de dólares por la baja en las retenciones al campo, con un achique del Estado en un 30%, principalmente eliminando y fusionando entes descentralizados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente en su rechazo.
Al respecto, el secretario general de ATE nacional Rodolfo Aguiar enfatizó que «la pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado, aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados». Agregó que «los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos. Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa».
El recorte impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, proyecta sustituir así los ingresos por la baja de las retenciones al campo confirmada por el Ministerio de Economía días atrás. En 2024 el Gobierno redujo el gasto público en un 30% y anuncia continuar en la misma línea durante el año en curso. En este sentido, se anticipó el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) que depende del Ministerio de Defensa.
Sobre las próximas acciones del sindicato de los estatales, Aguiar adelantó que «desde ATE definiremos esta semana la convocatoria a nuestras instancias orgánicas. La sola convocatoria a paritarias para definir un incremento salarial no alcanza. Aquí está en debate el modelo de Estado y el rol que tiene que cumplir. No podemos seguir aceptando que sea reducido a su mínima expresión».
Finalmente, en referencia a las expresiones que el presidente Javier Milei profirió en el Foro Económico Mundial de Davos y otros ámbitos internacionales Aguiar sentenció que «si tenemos en consideración el discurso que el presidente expresó fuera de nuestro país, la que está en riesgo es la democracia misma. Tenemos que ponerle límites a este Gobierno. Un Gobierno que fue elegido por el voto popular, pero que se está transformando en una tiranía. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario. Todos estamos en peligro y la peor opción es la resignación».
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El 5 de febrero ATE marcha a Lago Escondido y exige que se eche «al usurpador de Lewis»
«Esta marcha cobra más sentido que nunca. Los magnates como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. La Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará la 8° Marcha por la Soberanía a Lago Escondido. La misma contará con dos columnas: una que partirá el 5 de febrero desde Bariloche hacia El Foyel desde donde ingresará al Lago por el camino del Tacuifí, y otra que saldrá el 3 de febrero por el camino de montaña, estimándose su llegada para el 14 de febrero.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que «esta marcha cobra más sentido que nunca. Los multimillonarios como Lewis siempre tuvieron influencia, pero ahora directamente gobiernan el país. Lewis es un delincuente que acaba de ser condenado en Estados Unidos por los mismos delitos que comete aquí desde hace décadas. Tenemos que echarlo con movilización popular, porque los jueces que deberían juzgarlo toman whisky con él en su mansión de Lago Escondido. Hay que lograr ponerle fin a tantos años de impunidad».
«Tenemos que luchar en defensa de la soberanía política y territorial. El proceso de extranjerización de la tierra se acelera y en poco tiempo más la Patagonia completa pasará a manos extranjeras si no le ponemos un freno a este Gobierno. Mientras los argentinos tienen que vivir hacinados, con hasta tres familias en lotes de 12 por 30 metros, los millonarios extranjeros usurpan miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con acuíferos de enormes reservas de agua dulce o glaciares», agregó Aguiar.
«La Marcha por la Soberanía a Lago Escondido es una movilización que reivindica la soberanía nacional en las más de 12.000 hectáreas usurpadas, adquiridas ilegalmente y a un precio vil por el empresario británico Joseph Lewis en plena Patagonia, impidiendo el acceso a Lago Escondido, pese a que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial expresan que se debe garantizar la llegada allí. En el mapa geopolítico la Patagonia es un lugar estratégico que ya tiene la ocupación británica en el Atlántico Sur», detalló el dirigente de ATE.
«No puede ser que los ingleses nos digan a nosotros quién puede y quién no puede entrar al Lago Escondido cuando es de nuestra propiedad. Actualmente el acceso al Lago Escondido está vedado para todos los ciudadanos. Además, allí se monta un Estado paralelo regido por sus propias normas y con sus propios ejércitos. El Lago Escondido es un caso testigo en la Argentina, un enclave de la colonia británica. Si logran consolidar su posición, habremos perdido todo el territorio al sur del Río Colorado», agregó.
«Existen antecedentes graves acerca de la violencia que ejercen las patotas a sueldo de este magnate inglés, y hay un saldo de numerosos heridos en las manifestaciones anteriores. Son el Gobierno Nacional y el Provincial quienes deben garantizar la seguridad y la integridad de todos los marchantes, y serán responsables por cualquier hecho que haya que lamentar. La historia nos muestra que la policía, en vez de defender a la ciudadanía y recibir órdenes de los gobiernos locales, obedece a estos extranjeros usurpadores», cerró el secretario general de ATE Nacional.
De la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido también formarán parte la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones sindicales, políticas y sociales.
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ATE define medidas de fuerza ante los 1400 despidos en Salud y el cierre de servicios
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta medida es de extrema gravedad, afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», señaló Aguiar.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de cesantear a 1400 trabajadores de la salud dejando en peligro de cierre numerosos hospitales y la eliminación de programas vitales de atención, prevención e investigación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que definir medidas de fuerza para que se dejen sin efecto los despidos y evitar de esta manera perjuicios que serán irreparables de forma posterior».
«El Gobierno profundiza el ajuste en materia sanitaria. Esta decisión del Ministerio de Salud es de extrema gravedad. El Estado debe garantizar la protección del contenido mínimo esencial del derecho de salud. Esta medida que produce 1400 cesantías bajo un supuesto programa de reestructuración afecta la continuidad y operatividad de todos los servicios de salud», agregó el dirigente.
El sindicato resaltó el peligro de cierre que conllevan estos despidos, como ocurre, por ejemplo, en el Hospital Bonaparte donde cesantearon a 190 trabajadores, de los cuales 113 son profesionales y 77 administrativos. Esto deriva en el cierre de los servicios de continuidad de guardia, internación, el Hospital de Día, y queda inoperativo el servicio de odontología pediátrica, afectando el derecho a la salud enmarcado en el art. 42 de la Constitución Nacional y los Derechos del Paciente amparados en la Ley N° 26.529.
En este marco, Aguiar continuó con que «el Gobierno busca arrasar con derechos fundamentales garantizados sobre todo para grupos sociales de extrema vulnerabilidad. Se está atacando el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y hasta el derecho a la vida pretendiendo cerrar los servicios de prevención al suicidio. Además de un derecho esencial como es el que tienen los pacientes de contar con información de los servicios y las condiciones en las que se desarrollan sus tratamientos».
«Está clara la intención de vaciamiento y desguace de los hospitales por parte de las autoridades nacionales. No se debe prohibir el ingreso de nuevos pacientes y además impedir que se realicen derivaciones de pacientes internados a otros centros de salud de manera intempestiva o involuntaria», indicó.
«Vamos a iniciar protestas, ocupaciones y paros sectoriales. No descartamos en las próximas horas estructurar una medida que nos permita unificar los reclamos de todos los hospitales», adelantó el secretario general de ATE Nacional.
Estos despidos vienen acompañados con una dura decisión de cierre y desmantelamiento de políticas públicas: Eliminaron los programas de prevención y control de tuberculosis, VIH y diabetes, por lo cual los usuarios del sistema dejan de tener la medicación correspondiente para tener una mejor calidad de vida. También se desarmó la Dirección de Vectores que llevaba adelante el estudio epidemiológico del dengue, vital para implementar nuevas medidas que impidan nuevos brotes.
Además, el Ministerio de Salud decidió cerrar la Coordinación de Hepatitis Virales, la Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud, la Coordinación de Salud Familiar, la Coordinación de Zoonosis y la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, entre otras áreas.
