Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni informara que en diciembre se les tomará un examen de idoneidad a los más de 40.000 trabajadores de la planta transitoria del Estado para definir su continuidad laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, salió al cruce al manifestar que «es un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado».

«Los procesos de selección y evaluación del personal ya existen y se aplican en el Estado. Incluso son más exhaustivos que los que se señalan en el anuncio del Gobierno. Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales. Si alguien lleva tantos años en el Estado no se trata de ninguna designación transitoria. ¿Le van a exigir idoneidad a médicos y especialistas que llevan más de 15 años contratados? Esto es un disparate», agregó el dirigente.

«El examen debería ser para la Vocería. Si a Adorni o a sus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado», disparó el referente estatal.

En referencia al Convenio Colectivo de Trabajo N° 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional, Aguiar apuntó que «el convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad».

En este contexto, el secretario general de ATE agregó que «a los empleados públicos nos han intentado estigmatizar y desprestigiar pero sin resultado, porque es el Gobierno el que pierde apoyo popular. Si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario mientras que en el sector privado ese porcentaje baja a menos del 25%».

«Desde ATE rechazamos cualquier posibilidad de rendir un examen que determine como resultado si se sigue o no siendo trabajador del Estado. El único examen que podemos rendir es para pasar a la Planta Permanente y ese proceso debe contar con las veedurías gremiales porque eso estipula la normativa hoy vigente», concluyó.

Tras los incidentes ocurridos en la Legislatura el pasado jueves (26/09), en el marco de la sesión para declarar como servicio esencial a la Educación, la relación entre el Gobierno y el gremio docente UnTER se terminó de romper definitivamente. Es cierto que no venía de la mejor manera, pero los hechos de violencia fueron la gota que rebalsaron el vaso.

Además de instruir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes del sindicato, en la mañana de hoy (30/09) el gobernador Alberto Weretilneck he dado instrucciones al Ministerio de Educación para «dar de baja las licencias especiales que usufructuaban 20 de los docentes de UnTER para cumplir tareas gremiales. Estas licencias nos costaban más de $20.000.000 mensuales«, detalló el mandatario provincial.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Weretilneck sostuvo que «en relación a las licencias gremiales que benefician a 65 docentes más, que le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes, estamos analizando el marco legal para anularlas«.

«Estamos avanzando para garantizar lo que de verdad importa: la educación de nuestros chicos. Vamos a cuidar lo que es de todos, priorizando el futuro de Río Negro y el buen uso de los recursos de los rionegrinos y rionegrinas», concluyó el gobernador.

Frente a las primeras notificaciones de despidos que comenzaron a llegar el viernes pasado (27/09) y a lo largo del fin de semana en la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y asambleas simultáneas bajo distintas modalidades a partir de las 10 en todos los organismos para «frenar la tercera ola de despidos que intenta llevar a cabo el Gobierno nacional».

«Estas nuevas cesantías se dan justo cuando el Gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Son casi 65.000 los vínculos laborales que fueron renovados tan solo por tres meses y que vencen este lunes 30 de septiembre. En este marco, el dirigente señaló que «la destrucción del empleo en el Estado se profundiza y así se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales».

«Entre lo que piensa el presidente (Javier Milei) y lo que realmente le pasa a la gente hay un abismo de distancia. Quienes gobiernan no tienen ni idea de los padecimientos del pueblo. Solo así se explican las risas en la Casa Rosada mientras se anuncia el 53% de pobreza. El show que armaron en Parque Lezama no frena el rechazo de la gente a la actual gestión. Esto va a terminar muy mal», aseguró Rodolfo Aguiar.

«En el Estado paralelo que está armando Milei para beneficio de unos pocos empresarios ingresa personal todos los días, mientras que el Estado verdadero, el que está al servicio de todos, tiene cada vez menos trabajadores», disparó el secretario general de ATE y concluyó con que «esta semana convocaremos a todas las instancias orgánicas del sindicato y definiremos de qué manera se profundizará el plan de lucha en todo el país».

«Las cesantías llevadas a cabo en lo que va de la gestión Milei afectan a organismos claves encargados de garantizar derechos para los sectores más vulnerables de la población, como en el Ministerio de Capital Humano, donde hay más de 80 trabajadores afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias, en un contexto donde gran parte de la provincia de Córdoba se ve atacada por los incendios hace varios días», recordaron desde ATE.

«Otras áreas sensibles que se vieron afectadas por los despidos son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses; la Secretaría de Derechos Humanos con más de 80 trabajadores notificados de sus despidos a principio de esta semana; además de las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otros organismos y dependencias», agregaron.

«Además, el grueso de los despidos se dieron en dependencias públicas y programas focalizados en la asistencia territorial de las provincias», detallaron.

ATE convocará a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción, en el cual es parte también de sus principales reclamos la profunda pérdida del poder adquisitivo de los estatales, que ya supera el 30% en lo que va del año y que podría aumentar a partir del congelamiento salarial anunciado por el Ejecutivo.