Gremios
«La prioridad es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes»
El gobernador Weretilneck volvió a cargar contra el gremio UnTER.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ratificó que «el Gobierno de Río Negro defiende a la educación como un derecho y para garantizarlo, tienen que estar abiertas las escuelas». De esta manera se refirió a la aprobación en la Legislatura Provincial del proyecto del PRO declarando a la Educación como servicio esencial, «para garantizar guardias mínimas en las jornadas de paro que afecten el normal dictado de clases».
«La educación es un derecho y el primer derecho lo tienen los estudiantes y los padres. Para asegurar ese primer derecho necesitamos que las escuelas estén abiertas, garantizando el derecho a huelga que está garantizado también en la Constitución Nacional y Provincial», sintetizó.
Explicó que «se puede llevar adelante una medida de fuerza, pero siempre garantizando el derecho, primero a los estudiantes, después los padres y también a aquellos trabajadores de la educación que quieren trabajar». Citó como ejemplo el caso de Bariloche, donde durante la jornada de paro de ayer, el 50% de los educadores fue a trabajar normalmente y a dictar clases.
Por otra parte, en declaraciones realizadas a la prensa en San Carlos de Bariloche, Weretilneck sostuvo que «también me preocupan algunos aspectos morales. La primera obligación de un agente público, de un docente, de un médico, de un enfermero, de un policía, es ir a trabajar, partiendo de la premisa que quienes nos pagan los salarios a los integrantes del Estado Provincial, desde el gobernador al último agente público, son los contribuyentes, las ciudadanas y los ciudadanos de Río Negro».
«Hay una cuestión moral de cumplirle a quienes a nosotros nos pagan los sueldos. Esto no se ve en UnTER de, por lo menos en la dirigencia, que parece no querer responderle a esos ciudadanos. Además, nadie se puede enojar que le controlen por qué no va a trabajar, porque en definitiva, estos dos días de medida de fuerza tienen que ver con una decisión del Gobierno de controlar los certificados de los docentes que no van a trabajar. Me parece que es algo sumamente lógico y razonable que el Estado controle esto», sostuvo.
Recordó en este marco que «venimos de antecedentes graves. Nosotros denunciamos a dos médicos, entre más de 20 y pico de médicos, que entregaban cientos de certificados truchos médicos de enfermedades que no eran tales. Tenemos pediatras dando certificados psiquiátricos. Tenemos 10 días por un dolor de cabeza. Tenemos 35 días por un dolor de espalda. Entonces, lo que estamos haciendo es controlando a los médicos que dan los certificados que el Estado considera que no se encuadran dentro de las leyes que tiene el Estado».
El mandatario reiteró sus críticas por los hechos de violencia que se vivieron entra la Policía y el gremio UnTER fuera de la Legislatura. «La finalidad era ingresar a la Legislatura para que no sesione. O sea, si hay un delito en Democracia es precisamente ese. Si hay un delito en democracia es precisamente ese. Es no permitir que las organizaciones que están fijadas en la Constitución y que son base de nuestro organismo, de nuestra organización institucional, no puedan cumplir con su tarea. Varios efectivos policiales resultaron heridos«, sostuvo.
«Nosotros tampoco podemos caer en la anarquía porque un sector de la sociedad no esté de acuerdo con lo que va a debatir la Legislatura, e intentar que el Parlamento no sesione», sostuvo finalmente.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
Gremios
Tras el 2,8% de inflación, Aguiar señaló que «los salarios estatales perdieron 14,4% en el 2025»
“Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece, el proceso inflacionario continúa en ascenso y se reduce el poder de compra de la gente», dijo el secretario general de ATE.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».
Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».
«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».
«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.
«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.
Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.
Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
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Reforma Laboral: Para ATE, «los gobernadores no deben ser ingenuos ni dejarse manipular por Santilli»
Rodolfo Aguiar también llamó al movimiento sindical «a no aspirar al mal menor».
En medio de la recorrida por las provincias del ministro del Interior, Diego Santilli, para intentar cautivar a los mandatarios provinciales y lograr la aprobación de la reforma laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «los gobernadores no tienen que ser ingenuos ni dejarse manipular en las conversaciones».
«No pueden avalar una reforma laboral que terminará de destruir el empleo en las provincias y que además encubre una reforma tributaria que pone en jaque la coparticipación», agregó el dirigente en referencia a las modificaciones que incorpora el proyecto del oficialismo, las cuales representan una pérdida de la recaudación anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones. La mitad de ese monto recaerá principalmente en las provincias.
«La eliminación de Ganancias para las grandes empresas y la modificación de otros tributos recorta drásticamente los recursos que de manera automática se transfieren a las provincias. La reforma se traducirá en pérdidas multimillonarias para todos los distritos», agregó Rodolfo Aguiar.
En este marco, el secretario general de ATE continuó con que «los mandatarios provinciales tienen que saber que la conflictividad está en ascenso, que va a crecer rápidamente y va a comenzar por sus territorios».
En referencia al diálogo que prometió la senadora Patricia Bullrich para lograr la aprobación de la norma, Aguiar evaluó que «estamos frente a una contrarreforma que no admite modificaciones mediante el diálogo. Sería un error pensar que si a un proyecto que fue enteramente redactado por los estudios jurídicos del gran empresariado nacional, con el sólo hecho de introducir modificaciones se podría mejorar la posición de los trabajadores o garantizar que los perjuicios sean menores».
«El movimiento sindical no puede aspirar al mal menor. Debe dar pelea, debe luchar. Esta iniciativa, desde el primer hasta el último artículo, nos perjudica. Debemos plantear la huelga general. Sentarnos en una mesa a discutir un proyecto que no es de los trabajadores es directamente sentarse a perder. Se trata de una regla básica de toda negociación. Distinta sería la historia si lo que está sobre la mesa hubiera sido una iniciativa de los trabajadores», sentenció el referente estatal.
«Actualmente el mundo del trabajo está en crisis y no la vamos a superar con este tipo de legislaciones regresivas. El 72% de los trabajadores en la Argentina cobra menos de $1.000.000 por mes y no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Con la ley que pretende el Gobierno, esta triste y penosa realidad empeorará. Asistimos a un empobrecimiento silencioso y generalizado. Tenemos que reaccionar», concluyó Aguiar
