En la previa del paro nacional del jueves (05/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno Nacional la anulación de los exámenes de idoneidad en el Empleo Público mediante una nota formal enviada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

«Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso. Además, no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Ante la falta de certezas por parte del Gobierno sobre la modalidad del operativo con el que pretenden tomar las evaluaciones, el dirigente esgrimió que «el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales».

«Con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores», aseguró el referente estatal y cuestionó además «¿Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos van a ser evaluados?».

En esta línea, Aguiar apuntó que «no nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo».

«Pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra que lo que hace es reprecarizar a los trabajadores debe ser dejada sin efecto», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que dio a conocer el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto N° 695/24, el cual «no brinda precisiones sobre modalidades de evaluación o los software que se utilizarán, poniendo en riesgo la transparencia y la seguridad de los exámenes».

El sindicato también aseguró que «son evaluaciones innecesarias, ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 214/06 de la Administración Pública Nacional. Además, con el SEP se estará sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado».

El Gobierno provincial ratificó hoy (03/12) el descuento de haberes a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial que adhieran a las medidas de fuerza dispuestas para el próximo jueves (5/12), convocadas por parte de distintos gremios estatales (UnTER y ATE). Asimismo, se confirmó que ya fueron realizados los descuentos correspondientes a los paros realizados en octubre último.

Desde la Secretaría de la Función Pública ya se notificó a todos los responsables de las áreas de Recursos Humanos de los Ministerios y Secretarías de Estado para que informen fehacientemente los listados con las personas que no han concurrido a trabajar por haberse sumado a la medida de fuerza, de manera tal de realizar los descuentos respectivos.

En el caso de los docentes, los trabajadores y trabajadoras que concurran a dictar clases normalmente podrán notificar su situación a través del sistema de botón de asistencia.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que «por una cuestión de fechas de liquidación, el descuento de los paros realizados en los últimos días de octubre se realizó sobre los salarios de noviembre, que estarán siendo abonados por el Gobierno desde mañana miércoles. En tanto, quienes hagan paro este jueves tendrán el correspondiente descuento en los sueldos de diciembre, que se cobran en enero».

Indicó en este marco que de acuerdo a los controles realizados en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, que alcanza todos los empleados del Poder Ejecutivo salvo el sector docente, el monto descontado en forma general supera los 111 millones de pesos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una serie de plenarios de cara al paro general de estatales del 5 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir del mediodía y ya se anticipan altos niveles de acatamiento en todo el país. Además, las asambleas continuarán durante los primeros días de la semana en todos los ministerios y organismos nacionales.

«Con el plan de lucha que los estatales definimos apenas asumió Milei, hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien encabezará una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas a partir de las 9 en la sede de la Federación Judicial Argentina (Rincón 74, CABA).

«El malestar en la Administración Pública es generalizado. Al recorte de los salarios, se le suman exámenes, supuestamente de idoneidad, pero que en realidad persiguen por finalidad estigmatizar. Se anticipa un alto acatamiento a la huelga del próximo jueves en todos los ministerios y en las provincias», agregó el dirigente. Las protestas se replicarán en todo el país con manifestaciones, asambleas, radios abiertas y cortes de ruta.

En este marco, Aguiar concluyó con que «la última paritaria fue vergonzosa y empujó a la pobreza a miles de empleados públicos. Tenemos que seguir peleando hasta lograr sacarle la lapicera a los que firman acuerdos a la baja».

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional -aceptado por UPCN- fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz.

En este marco, el sindicato exigirá durante las protestas la reincorporación inmediata de los 20.000 trabajadores despedidos de la Administración Pública Nacional, según el relevamiento propio de la entidad. También expresará el «rechazo al intento de desguace y privatización de las empresas públicas, como así también a los exámenes de idoneidad inconstitucionales ideados por el Poder Ejecutivo».