Un hombre del Valle Inferior necesitaba alinear y balancear su camioneta Kangoo y por eso la llevó al taller que le recomendaron. Quedó estacionada en la playa de estacionamiento del taller, donde el mecánico guardaba, además, su propia camioneta, una Ford F100. Según relató el afectado en la demanda, el mecánico salió en reversa con su Ford y en una maniobra descuidada impactó contra la parte trasera de la Kangoo.

En una sentencia de primera instancia el mecánico y su empresa aseguradora fueron condenados a cubrir los daños que sufrió el cliente. El fallo hizo lugar a todos los rubros que reclamó el damnificado menos al pedido de indemnización por la «desvalorización» de la Kangoo a raíz del choque.

La reducción del valor de mercado de los vehículos también se conoce como «pérdida de valor venal». En su demanda original el dueño de la Renault había reclamado por ese concepto el 10% del valor de la camioneta, pero el Juzgado de primera instancia no hizo lugar al pedido. Consideró que una vez arreglada, la Kangoo no había perdido valor venal porque no se había visto afectada ninguna «parte estructural» del vehículo. Para llegar a esa conclusión se basó en una pericia accidentológica.

El cliente, entonces, apeló la sentencia. Ante la Cámara Civil de Roca insistió con su planteo y le dio otra interpretación a la pericia. Es que por la forma en la que estaba redactado el informe del experto, algunas de sus afirmaciones resultaban ambiguas.

Entonces la Cámara analizó palabra por palabra la pericia y arribó a una conclusión. «Desde mi interpretación, el perito dijo que, en líneas generales, cualquier vehículo que ha sido dañado en su estructura en un accidente de tránsito pierde valor de reventa, si es analizado por una persona que pueda percibir esos detalles, y que ese porcentaje de pérdida, salvo situaciones más graves, puede ser fijado en un 10% del valor del vehículo. Luego precisó el valor del vehículo al momento del choque y el valor correspondiente al momento de la pericia. Cuando se le preguntó específicamente sobre la configuración, se remitió a la (…) la estimación del 10% de pérdida del valor de reventa».

Bajo esa interpretación, la Cámara hizo lugar a la apelación del damnificado y elevó la indemnización. La decisión implica que el mecánico y su aseguradora deberán pagar, una vez firme el fallo, el valor material del arreglo definido en primera instancia más el 10% del valor de la Kangoo dañada.

La Fiscalía y la querella solicitaron que se extienda la prisión preventiva y que se deniegue el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de quien fue imputado como presunto co-autor del homicidio agravado de Luciano Emanuel García Genissans, hecho ocurrido en mayo pasado.

«Es prematuro que se solicite el sobreseimiento, tenemos presentes las entrevistas realizadas a momentos de ocurrida la muerte, las dirigencias anexas al contenido que podría presentar los celulares, cuyo contenido continuará siendo peritado. Además, no existe certeza suficiente, como dice la defensa, de que su asistido fue quien envió el audio o los audios a los que hacen referencia», explicó la Fiscalía en la audiencia.

La parte querellante, representando a la familia de la víctima, se opuso esgrimiendo que «no hay certeza negativa absoluta sobre la autoría del imputado».

Por su parte, el juez interviniente resolvió que “la petición que hace la defensa es prematura, sumado a que restan evidencias por realizar, y se debe seguir con la etapa siguiente del proceso”.

Luego, la defensa particular propuso que la medida cautelar sea morigerada, a través de comparendos semanales y la colocación de una tobillera.

Por el contrario, la fiscal del caso solicitó que se extienda la preventiva por el plazo de dos meses, por entender que «el peligro de fuga, vigente desde el momento de su detención, y de entorpecimiento a la investigación no se han modificado y las medidas alternativas no funcionan para neutralizar dichos riesgos procesales».

«Además -agregó la representante fiscal- la familia de la víctima necesita una respuesta adecuada del Estado, y esto significa que el imputado esté con el resguardo suficiente hasta que se realice el juicio».

Finalmente, el juez resolvió que el hombre continúe detenido por el plazo solicitado por la fiscalía, mientras que la defensa particular expresó que podría recurrir la medida.

Según la acusación fiscal, «el 6 de mayo, alrededor de las 22.10, el imputado junto a un menor no-punible, a bordo de una moto Honda, habrían perseguido a alta velocidad a la víctima fatal que se movilizaba con otro sujeto, también en moto». «Los primeros, con un plan común, uno conduciendo y otro de acompañante, portando sin la debida autorización legal, un arma de fuego de grueso calibre. Al arribar a la rotonda de Evita y Maipú, con la intención de dar muerte a García Genissans, efectuaron disparos. Uno de ellos impactó, tal como expresa la autopsia, en la cabeza y el otro en la región lumbar», agregó la Fiscalía.

«Las dos personas habrían continuado su persecución detrás del otro hombre, efectuando disparos contra él sin lograr herirlo. Luego se dieron a la fuga», concluyó la representante del Ministerio Público Fiscal.

El equipo fiscal hizo referencia a la profusa evidencia que durante las primeras 38 horas de ocurrido el hecho se ha logrado producir. Esto es la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría 21°, como los llamados y la llegada al lugar del servicio SIARME de salud, las variadas entrevistas realizadas en el lugar del hecho y entre el martes y parte de este miércoles. Se incluyó un croquis de la persecución, el pedido de realización de pericia de barrido electrónico sobre restos de pólvora en ropa secuestrada tanto al menor como al imputado, los variados informes del Área de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro, el registro de las cámaras de 911 y particulares, las actas de los dos allanamientos realizados horas después de la muerte de la víctima, las listas sábanas del 911 sobre llamados informando acerca de una persona herida en la vía pública, las denuncias existentes por parte de la víctima hacia los autores del hecho, entre más evidencia.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que obliga a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a indemnizar a un trabajador que desarrolló la enfermedad del «pulmón de criador de aves». El hombre estuvo expuesto a respirar aire viciado con plumas y excrementos de aves. Se probó que la ART no le brindó capacitación suficiente sobre los riesgos a los que se exponía.

Originalmente la Cámara Laboral de Roca había condenado a la ART y a un criadero. La aseguradora apeló al STJ, pero el máximo órgano judicial rionegrino confirmó la sentencia inicial.

El hombre cumplía tareas en la categoría «Trabajador Calificado Criadero». Comenzó a tener síntomas respiratorios y fue diagnosticado con neumonitis por hipersensibilidad, comúnmente conocida como «pulmón de criador de aves», debido a la exposición a sustancias relacionadas con su entorno laboral.

Inicialmente, la ART rechazó la denuncia. Alegó que no había suficiente exposición a agentes de riesgo para calificar la enfermedad como profesional. Pero la Comisión Médica determinó que presenta Neumonitis por Hipersensibilidad y caracterizó a la contingencia como enfermedad profesional.

La ART no previno

En fallo de primera instancia apreció que la ART no cumplió con sus deberes en cuanto a la prevención de accidentes laborales, ni realizó medida alguna tendiente a minimizar o neutralizar el riesgo al que se encontraba expuesto el operario.

En este marco, «no realizó las visitas ni supervisiones requeridas legalmente antes del accidente que provocó la enfermedad del trabajador». Antes de la denuncia, solo entregó folletería. Recién luego del reclamo visitó el establecimiento a fin de verificar las condiciones de medio ambiente de trabajo en criadero de pollos.

La sentencia alegó que «su inactividad evidenciaba la indiferencia con relación a las condiciones en que los trabajadores desarrollaban sus tareas o las consecuencias negativas que podrían derivarse del incumplimiento de elementales normas de seguridad e higiene». Señaló que «conforme lo informado por el perito en higiene y seguridad, las medidas hubieran evitado o minimizado el daño ocasionado».

También observó que hubo una omisión o un tratamiento médico deficiente para restablecer la salud del trabajador accidentado.

La ART, al apelar al Superior Tribunal, sostuvo que «no tiene facultades para sancionar o clausurar establecimientos, y que sus recomendaciones son dirigidas al empleador, quien es el único responsable de la implementación de medidas de seguridad».

El máximo Tribunal, por su parte, sostuvo que «el recurso no expone argumentos razonables o suficientes que justifiquen un apartamiento de las pautas formales allí establecidas».

Agregó que «la ART recurrente no hace más que insistir en los agravios desarrollados en oportunidad de interponer el recurso principal y a manifestar su discrepancia con la resolución de la Cámara, pero no realiza en forma directa y eficaz». De esta manera, rechazó el recurso.