Río Negro
La UNRN registra récord de preinscriptos para el 2025
Aunque las inscripciones cierran el 31 de enero de 2025, ya hay 4533 interesados en iniciar el ciclo lectivo en las más de 50 carreras de grado que ofrece la Universidad. Se trata de un 38% más que el año pasado.

En tan solo los dos meses transcurridos desde la apertura de la inscripción para el ciclo lectivo 2025, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) registra un récord de preinscriptos. Los datos aportados por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la UNRN (OAC) indican que hay un aumento de la matrícula de preinscripción a las carreras de grado de un 38%, comparado con el mismo período de 2023.
Según el informe, la UNRN tiene al día de la fecha 4533 interesados en iniciar el ciclo lectivo a más de 50 carreras de grado que dicta en ocho localidades de la Provincia. De esa cifra, la Sede Alto Valle-Valle Medio (General Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina y Choele Choel) registra 1886 interesados, un 58% más que el año pasado; la Sede Andina (Bariloche y El Bolsón), con 1284 preinscriptos -aumentó un 28%- y la Sede Atlántica (Viedma) con 1363 preinscripciones, un 25%.
«Estamos orgullosos de ver cómo más personas de toda la región nos eligen para iniciar o continuar sus estudios superiores. Este crecimiento histórico, con más de 4500 preinscriptos, demuestra el impacto de nuestra presencia en las ocho localidades de Río Negro, donde seguimos trabajando para acercar la educación pública y gratuita a todos los sectores de la sociedad», manifestó el rector de la UNRN, Anselmo Torres.
Liderando las carreras más elegidas se encuentran tres de Ciencias de la Salud: Medicina, que se cursa en San Carlos de Bariloche, con 302 preinscriptos; Odontología, que se dicta en Allen, con 250 y la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría que se cursa en Viedma, con 222 preinscripciones.
El resto de las carreras que despiertan más interés son: en la Sede Alto Valle-Valle Medio Arquitectura con 244 preinscriptos; Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses con 218; Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos con 212; Medicina Veterinaria con 139 y Diseño de Interiores y Mobiliario con 129. De la Sede Atlántica Abogacía con 201 interesados; Ciclo de Licenciatura en Educación con 171; Licenciatura en Nutrición con 145; Contador Público con 94 y la Licenciatura en Sistemas con 93. Por su parte, la Sede Andina tiene 186 preinscriptos en la Licenciatura en Administración; 112 en Ingeniería en Computación; y 101 en la Licenciatura en Turismo.
Casi la mitad de los preinscriptos (el 35,7% de jóvenes de entre 18 y 19 años y el 11.3% de entre 20 y 21 años) son jóvenes recientemente egresados de la escuela secundaria, aunque se destaca un número importante (21,5%) de personas mayores a 29 años, lo cual pone en evidencia el valor que se le asigna a la universidad en el proyecto de vida de las personas y como artífice de la movilidad social ascendente, aún en etapas mas tardías en la vida de las pesonas.
De los 4533 preinscriptos, el 52% culminó sus estudios de nivel medio entre 2021 y 2024.
La inscripción al ciclo lectivo 2025 para las carreras de la UNRN se realiza desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025 de forma digital en la página web de la Universidad.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.

El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.

Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.

Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.








