El Municipio de General Roca salió a responder los cuestionamientos surgidos en torno a las 9 cesantías dispuestas recientemente y aseguró que «las medidas fueron adoptadas como consecuencia de reiteradas inasistencias injustificadas y antecedentes disciplinarios previos de similar naturaleza».

Según informó el Ejecutivo municipal, en los casos analizados los agentes registraban entre 20 y 80 inasistencias injustificadas durante un año. Además, se tuvieron en cuenta antecedentes disciplinarios anteriores vinculados con conductas similares.

El Municipio señaló que en todos los casos se llevó adelante el correspondiente procedimiento administrativo sumarial, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N.º 27-JDM-18, garantizando durante las distintas etapas el debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores.

Las conductas acreditadas, indicó el Ejecutivo, implicaron el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 79, incisos a), c) y t) del Estatuto del Empleado Municipal -Ordenanza N.º 3215/00-, especialmente aquellos relacionados con la obligación de concurrir al lugar de trabajo y justificar las inasistencias mediante los mecanismos previstos.

En ese marco, el Municipio sostuvo que las cesantías fueron dispuestas de acuerdo con el régimen disciplinario vigente, teniendo en cuenta tanto las faltas acreditadas como los antecedentes registrados por cada agente.

Frente a los cuestionamientos planteados por uno de los gremios sobre la validez de las decisiones, el Municipio afirmó que la Junta de Disciplina actuó de acuerdo con lo establecido por el Estatuto del Empleado Municipal. Según explicaron, la normativa exige la representación de los trabajadores y esa condición se encontraría cumplida mediante la participación de los gremios que poseen la representatividad mayoritaria del personal municipal.

El Ejecutivo remarcó que el procedimiento contó con la intervención conjunta de representantes del gobierno municipal y de las organizaciones gremiales correspondientes.

Nuevas sanciones por prender fuego un árbol

Por otra parte, el Municipio informó que durante la manifestación realizada ayer (03/09) a la mañana por el gremio ATM en Plaza Belgrano, frente al edificio municipal, una persona prendió fuego un árbol.

A raíz de lo ocurrido, los asesores legales de la comuna roquense radicaron una denuncia en la Comisaría 3° y aportaron material de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de identificar a los responsables.

Paralelamente, se iniciaron actuaciones administrativas internas para determinar las sanciones correspondientes.

El Ejecutivo calificó el daño o destrucción de árboles urbanos como «un acto de vandalismo que perjudica al ecosistema y la seguridad de la comunidad».

Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión

La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.

El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.

La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.

Un financiamiento con destino específico

El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.

La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.

Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.

El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.

Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.

Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.

Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.

Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.

El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.

De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.