El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia regiones del país donde no se aplica la vacunación. Esta apertura incluyó la Patagonia, en donde se mantenía una restricción en la barrera sanitaria que llevaba más de dos décadas, una limitación que había sido recientemente defendida por los gobernadores patagónicos. La modificación se publicó este martes (18/03) en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo nacional sostuvieron que la adecuación, definida en la Resolución N° 180/2025 «está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y establece pautas sobre la maduración, empaque, procesamiento y transporte de carnes, así como requisitos sanitarios específicos para el material reproductivo».

Y agregaron que el objetivo es «garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos, sin afectar la comercialización o el abastecimiento interno, ni el mantenimiento de los mercados con otros países».

Marcaron que con la medida «el Senasa reafirma su compromiso con la sanidad animal y la bioseguridad de la producción agropecuaria argentina, asegurando que los controles sean eficientes y acordes a los estándares internacionales».

La medida apunta a bajar los precios de la carne en la Patagonia que, en medio de una oferta insuficiente de hacienda, tiene precios según los cortes muy superiores. Mientras en un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado se puede conseguir a casi $8200, en varias carnicerías de General Roca, por ejemplo, ya superaba los $18.500.

La Resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial generó un rechazo absoluto por parte de gobernadores patagónicos. El primero en salir a manifestar su descontento fue el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «es una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria» y aseguró que «quieren confundir a la gente diciéndoles que va a bajar el precio de la carne. Eso no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado».

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de habilitar el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zona libres de aftosa sin vacunación. «Es una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria, tomada por un burócrata desde un escritorio en Buenos Aires, respondiendo quien sabe a qué intereses», resumió el mandatario.

Weretilneck ya elevó su reclamo al Gobierno Nacional y en las próximas horas iniciará las acciones correspondientes para que se corrija esta medida que «pone en riesgo el status sanitario y el trabajo conjunto realizado durante 20 años. La decisión del Gobierno Nacional, a través del Senasa, significa un claro retroceso en las políticas de cuidado sanitario de Río Negro y toda la región Patagónica, que constituyen la Zona Libre de Aftosa sin Vacunación», aseguró.

«Nuestro país necesita avanzar en sus status sanitarios, no retroceder. Las demás regiones del país deberían sumarse a la zona libre de aftosa sin vacunación y no obligarnos a nosotros a retroceder luego del esfuerzo de estos 20 años. Si no hay riesgos en materia de aftosa, que el SENASA asuma la responsabilidad, que se deje de vacunar y unifique el status sanitario, pero claramente no lo van a hacer. Hoy, con esta medida, están poniendo en riesgo el único diferencial que tiene argentina ante los mercados internacionales», sostuvo.

Por otra parte, se descartó que efectivamente el ingreso de carne con hueso desde el norte de la barrera sanitaria vaya a significar una sustancial baja en el precio de la carne. «Como ejemplo, vale decir que el 63% de la carne sin hueso que se vende en la provincia es ingresada al vacío desde el norte de la barrera y sus precios son relativamente similares a los de la carne producida y faenada en la región», aseguró.

En este marco, el gobernador Weretilneck lamentó profundamente que «por el lobby de los grandes supermercadistas, que no son los que precisamente piensan en los intereses de la gente sino en los propios, y las grandes empresas importadoras de carne de otros países, nos condenan a un riesgo sanitario permanente y nos cierran las puertas a futuro de los mercados internacionales que tanto le costó conseguir a la Patagonia».

El gobernador mostró su preocupación además porque «esta medida arbitraria tomada por quienes no saben absolutamente nada de lo que pasa en el interior del país nos hace perder además múltiples mercados internos y llevará casi indefectiblemente a una crisis en la industria cárnica rionegrina y patagónica, afectando a miles de trabajadores que verán como comienzan a peligrar sus fuentes de trabajo».

«Otra vez el centralismo porteño castiga a los que hicieron las cosas bien en la provincia, especialmente a los miles de productores ganaderos de nuestra provincia y la Patagonia, que ven como se le escurren entre los dedos todos los logros alcanzados gracias al esfuerzo de estos 20 años. En Río Negro hicimos todo para mejorar: mejorar la genética, generar producción de granos para el engorde, correr la barrera agrícola, cuidar la sanidad a rajatabla, y todo lo que significó el sudor de la frente de nuestros ganaderos. No vamos a permitir que todo ese esfuerzo no valga de nada», sentenció el gobernador.

«Quieren confundir a la gente diciéndoles que va a bajar el precio de la carne. Eso no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado. Seguramente nos tratarán de endulzar durante unos meses, pero con el tiempo la realidad será otra y los que ganarán serán los mismos de siempre: los empresarios del centro del país», remarcó finalmente.

Por más que el gobernador Alberto Weretilneck ya había declarado la emergencia y el desastre agropecuario a nivel provincial a través del Decreto N° 75/2025, en vigencia desde el 1 de febrero por el plazo de un año, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios adoptó la misma medida a nivel nacional, luego del pedido de la Provincia. Se concretó en una reunión que se desarrolló hoy (19/02) y de la que participó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, además de representantes del INTA, SENASA, la Agencia de Recaudación Tributaria (ARCA) y autoridades nacionales del área agropecuaria.

Dada la urgencia y la importancia, rápidamente se resolvió esta emergencia para el Departamento de Bariloche, que permitirá asistir a los productores afectados y avanzar en la recuperación de la actividad productiva en El Bolsón.

El ministro Banacloy, presentó la situación de Río Negro en la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, detallando el impacto del fuego, que consumió 3.825 hectáreas y afectó gravemente la actividad productiva, perjudicando a más de 150 productores ganaderos, forestales, frutícolas y hortícolas.

De acuerdo con el informe técnico analizado por la Comisión, el incendio destruyó 2.069 hectáreas de bosque nativo, 166 de plantaciones forestales y 250 de chacras agropecuarias, con daños en viviendas, sistemas de riego y equipamiento productivo.

Durante el encuentro, Banacloy expuso cómo se originaron los incendios y el esfuerzo coordinado entre SPLIF, Bomberos, Defensa Civil, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ejército y otros actores para contener la emergencia.

Además, destacó las medidas provinciales en marcha, como la distribución de forraje y el lanzamiento de líneas de financiamiento por más de $1.800 millones para la recuperación productiva.

Los siniestros ocurrieron en «una zona muy poblada, con muchos vecinos, con distintos tipos de construcciones», afectando a aproximadamente 700 familias.

Las condiciones climáticas extremas, con temperaturas elevadas y vientos de hasta 80 km/h, complicaron las tareas de los brigadistas, ya que el fuego se propagó rápidamente, avanzando 9 kilómetros en 5 horas y generando múltiples focos secundarios.

Banacloy también subrayó la complejidad de combatir un incendio de interfase, donde la prioridad es resguardar vidas humanas, seguido de la protección de bienes materiales y, en tercer lugar, la preservación de la naturaleza y el bosque.

En ese sentido, el informe analizado por la Comisión advirtió sobre el impacto ambiental, la pérdida de biodiversidad y la afectación de 151 hectáreas de humedales, fundamentales para la conservación del ecosistema y la actividad apícola. También señala que se perdieron sistemas de riego, invernaderos, colmenas y producción frutihortícola, con un 25% de la frambuesa de la región destruida.