Gremios
ATE asegura que el el Gobierno busca denunciar a Aguiar: «Buscan criminalizar la protesta»
«Acá los que amenazan, extorsionan y coaccionan son ustedes con este intento de denunciarnos falsamente», aseguró el secretario general del sindicato.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el Gobierno Nacional podría denunciar en los próximos días a su secretario general, Rodolfo Aguiar, por supuestas «amenazas, extorsión y coacción» en el último paro general del 10 de abril y el sindicato aseguró que se trata de un nuevo caso de persecución sindical e intento de criminalización de la protesta.
«Presidente, tiene que saber que los trabajadores no son estúpidos. Suponer que se pueden adherir a una medida de fuerza en contra de su voluntad es subestimarlos. Acá los que amenazan, extorsionan y coaccionan son ustedes con este intento de denunciarnos falsamente. Desde la criptoestafa empezó a quedar más claro quienes son los delincuentes. Intentan deslegitimar medidas de fuerzas habilitadas por la propia Constitución Nacional. No toleran que los trabajadores ejerzamos nuestros fundamentales derechos», señaló Rodolfo Aguiar.
El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, ya denunció a distintas entidades gremiales como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), entre otros. Según trascendió en algunos medios y luego de las averiguaciones de ATE, el nombre de Rodolfo Aguiar estaría en la carpeta del Ejecutivo para sumarse al listado en los próximos días.
«Lo que buscan con esta grave persecución que desatan contra los sindicatos y sus dirigentes es desviar la atención, ocultar una adhesión cada vez mayor a las huelgas, que la gente pierde el miedo y que no tolera tanto sufrimiento», agregó el dirigente.
Ante esta situación, el sindicato se prepara para una rápida respuesta judicial apenas sea notificado de la denuncia y asegura que no cesarán con las medidas de fuerza. «Esperamos que ningún juez ni fiscal le de entidad a este disparate. La Justicia no tiene que entrometerse. Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver el Poder Judicial, los debe resolver el Poder Político. Si lo que esperan es que estas falsas denuncias sirvan para atemorizar y ponerle freno al plan de acción de los estatales, se equivocan. La conflictividad seguirá en ascenso», sostuvo.
No es la primera vez que el Gobierno de Milei carga directamente contra Aguiar: el 19 de septiembre de 2024, fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quién denunció al dirigente por el supuesto hecho de «infundir el temor público en la sociedad» en el marco de la huelga de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
