Un efectivo operativo policial permitió desarticular una plantación ilegal de cannabis sativa en una isla del río Negro, a unos 7 kilómetros de Lamarque. El procedimiento, llevado adelante por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), culminó con el secuestro de 55 plantas de gran tamaño y casi 16 kilos de flores de marihuana, además de otros elementos clave para la investigación.

El hallazgo se produjo durante tareas de reconocimiento del área en sectores rurales de difícil acceso. En ese contexto, los efectivos de la BMA llegaron hasta un islote ubicado en la margen sur del río, donde detectaron, camuflado entre álamos y sauces, un cultivo montado de manera estratégica para pasar desapercibido y aprovechar el aislamiento natural del terreno.

Allí, los uniformados encontraron plantas que alcanzaban casi los 3 metros de altura, lo que evidencia un desarrollo prolongado y cuidado. Pero además, se identificaron tres sectores acondicionados para el secado de cogollos, donde había flores ya recolectadas, con un peso total que rondaba los 16 kilos, listas para su procesamiento.

Asimismo, el lugar presentaba signos claros de actividad reciente. Por un lado, había una estructura precaria tipo garita, que sería utilizada como resguardo o punto de vigilancia. Por otro, se detectó un arma de fabricación casera, ubicada en una de las paredes, lo que sugiere la existencia de un sistema rudimentario de seguridad para proteger la plantación.

En medio del procedimiento, un hombre de 55 años se hizo presente y al ver tamaña presencia policial, intentó fugarse. De todas maneras fue alcanzado y detenido por orden de la Justicia.

Una vez confirmado el hallazgo, se dio inmediata intervención a la fiscal federal de General Roca, Paula Perfetti, quien dispuso las medidas correspondientes. En paralelo, se desplegó un operativo integral que incluyó registro fotográfico, filmaciones con drone y la participación de personal del Gabinete de Criminalística para asegurar cada uno de los elementos encontrados.

Finalmente, todo lo secuestrado fue trasladado a dependencias policiales, mientras avanza la causa por infracción a la ley de drogas.

Durante la madrugada de este miércoles (18/03), personal de la Subcomisaría 69º de General Roca secuestró una motocicleta con pedido de captura vigente por robo y notificó a un hombre por el delito de encubrimiento.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al Centro de Emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una moto presuntamente robada en la intersección de 3 de Febrero y Los Mirlos, en cercanías de una plaza.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a cuatro hombres. Tras verificar sus datos, se constató que ninguno tenía pedidos judiciales pendientes.

En el sitio había dos motocicletas. Una Mondial 110 cc no presentaba irregularidades, pero una Honda GLH 150 cc registraba un pedido de secuestro activo por robo desde marzo de 2025, requerido por la Comisaría 3º de Neuquén.

Ante esta situación, la policía secuestró el rodado y trasladó a uno de los presentes, quien dijo ser su propietario. La Fiscalía dispuso que sea notificado por encubrimiento, mientras continúa la investigación.

En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.

El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».

El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.

Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».

Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.

El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.

«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.

También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.