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Río Negro

Histórico acuerdo con VMOS: U$S 1.000 millones por 13 años para Río Negro

La inversión permitirá avanzar con la construcción de un oleoducto de 470 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, además de una terminal onshore y offshore destinada a la exportación de crudo.

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El gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, firmó un acuerdo histórico con el consorcio de empresas VMOS SA, garantizando que el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Sur impacte directamente en la vida de los rionegrinos, con inversiones, más empleo, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento de la economía provincial.

El acuerdo garantiza más de U$S 1.000 millones en ingresos para Río Negro durante los primeros 13 años -incluyendo aportes comunitarios, uso de infraestructura, tasa ambiental e Ingresos Brutos directos- y consolida a la Provincia como actor clave en la exportación de hidrocarburos.

Esto permite avanzar con la construcción de un oleoducto de 470 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, además de una terminal onshore y offshore destinada a la exportación de crudo.

Significa una apuesta estratégica para Río Negro, que posiciona a la Provincia como corredor clave para la salida del petróleo de Vaca Muerta y transforma la costa atlántica rionegrina en un nodo logístico de exportación. Además, se impulsa el desarrollo de regiones estratégicas, se fortalece el protagonismo de la Provincia en el mapa energético nacional y se complementa el polo de exportación de GNL en el Golfo San Matías.

VMOS SA -integrada por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell- asumirá la financiación, construcción, operación y mantenimiento de esta infraestructura estratégica.

El compromiso también establece que las empresas deberán contratar al menos un 80% de mano de obra local, priorizando el empleo de rionegrinas y rionegrinos; y se establece la obligatoriedad de adquirir bienes y servicios a comercios de la Provincia. Estas condiciones forman parte del programa Compre Rionegrino, que fortalece las pymes, genera oportunidades y dinamiza la economía local.

Además, VMOS SA establece su domicilio fiscal y legal en la Provincia de Río Negro, al tiempo que la tierra donde se emplazará parte del proyecto fue vendida por el Estado provincial a las empresas por un valor de U$S 2 millones para la ejecución de la obra.

Beneficios económicos para la Provincia

  • U$S 60 millones por única vez en concepto de aporte al desarrollo territorial, a abonarse dentro de los dos meses posteriores a la firma.
    U$S 40 millones anuales durante 13 años como aporte comunitario.
    U$S 14 millones anuales en concepto de cánones por el uso de espacios públicos portuarios.
    U$S 1,05 millones anuales por tasa de control y fiscalización.
    U$S 2 millones anuales estimados por tasa ambiental (ajustable).
    U$S 18,5 millones anuales por Ingresos Brutos directos.

Compromiso ambiental y estabilidad fiscal

El entendimiento también garantiza la estabilidad fiscal del proyecto por 30 años e incluye un programa de monitoreo ambiental permanente en el Golfo San Matías, con participación de universidades rionegrinas, INVAP y organismos técnicos especializados.

Por su parte, el Gobierno Provincial se compromete a asegurar la cesión de las tierras necesarias para la traza del oleoducto y la terminal, así como la transferencia de permisos ambientales vigentes.

Vaca Muerta Sur y el GNL proyectan a Río Negro al mundo

Este acuerdo se suma al avance de otros proyectos estratégicos como el desarrollo del polo de exportación de GNL en el Golfo San Matías. Río Negro sigue generando las condiciones necesarias para que estos proyectos se desarrollen, posicionándonos en el centro de la escena a nivel país en materia de exportación de GNL.

La sinergia entre petróleo y gas fortalece el entramado energético provincial, diversifica la matriz productiva y asegura nuevas oportunidades para miles de rionegrinas y rionegrinos.

Acompañaron la firma del acuerdo el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el presidente de la firma VMOS S.A., Gustavo Gallino y el CEO de VMOS S.A., Gustavo Chaab.

Judiciales

Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa

El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.

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Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.

El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.

En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.

El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.

Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.

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Judiciales

Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente

Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.

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Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.

El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.

Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.

El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.

La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.

También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.

El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.

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Gremios

El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC

ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».

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El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.

Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».

La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.

Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.

Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.

Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.

«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.

Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes

Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.

En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.

En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.

En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.

La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).

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