Política
El DPA podrá generar y comercializar energía de fuentes renovables
Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.
La Legislatura de Río Negro sancionó el pasado jueves (21/08) la ley que permitirá expandir las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para generar y comercializar energía de fuentes renovables, incluyendo la solar y eólica, más allá de la hidroeléctrica.
La votación reflejó una mayoría a favor de 36 votos, con la negativa de 9 votos de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.
El miembro informante del oficialismo, Carlos Valeri destacó que el proyecto actualiza leyes «progresistas» para permitir al DPA aprovechar la descentralización del mercado energético. Esto posibilita la negociación directa con distribuidores. El DPA, dueño de tierras e infraestructura, busca desarrollar proyectos híbridos (hidroeléctricos y fotovoltaicos) que complementan la generación de energía, asegurando un despacho permanente. Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.
La propuesta busca posicionar a Río Negro como productor de energías limpias, generando ingresos para el Estado y creando empleo.
Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti subrayó que el DPA cuenta con una «capacidad ociosa» en sus proyectos hidroeléctricos, que incluye tierras, infraestructura existente y, sobre todo, nodos de conexión al sistema interconectado nacional, que son «un bien muy valioso» y escaso. Según el legislador, el proyecto permitirá «agiornar» y aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, brindando energía limpia a la población. Concluyó reafirmando que el proyecto es «sano» y una «función de un organismo» que busca el desarrollo y la modernización.
El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló que el proyecto «significa darle continuidad a una política de estado provincial de más de 60 años que busca asegurar que los recursos de los ríonegrinos estén al servicio del desarrollo de su gente y no que dependan de decisiones que se tomen en Buenos Aires». La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá «competir libremente» con otras empresas.
Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE) y Magdalena Odarda (VcT) expresaron su desacuerdo con la eliminación del requisito de que los proyectos de energías renovables (no hidráulicas) pasen por la Legislatura para su aprobación.
Consideraron que se trata de «coartar la libertad, la división de poderes» que podría permitir la concesión de recursos naturales mediante un «simple acto administrativo». Odarda enfatizó que el agua es un «derecho humano fundamental, como un bien ambiental», no un «simple commodity». Expresó temor de que la infraestructura y tierras del DPA se incluyan en futuras concesiones privadas. También mencionó una «cesión de soberanía» debido al contrato con la empresa israelí Mecorot y la privatización de represas hidroeléctricas nacionales.
Valeri y Mansilla explicaron que la modificación subsana un error de «técnica legislativa» de la Ley 3930, que duplicaba exigencias ya presentes en el Código de Aguas. Aseguraron que la aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público se mantiene. La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) defendió el contrato con Mekorot como una iniciativa para asistencia técnica y capacitación, similar a acuerdos con otras provincias.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien criticó a la oposición por lo que consideró contradicciones y desinformación.
López aclaró que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la generación de energía con sol y viento no debería requerir aprobación legislativa ni cobros, ya que «el sol y el viento no son ríonegrino». Argumentó que el agua es un recurso provincial y por ello la Legislatura interviene en su uso, lo cual no aplica a las otras fuentes renovables.
Defendió el acuerdo con la empresa israelí Mekorot, señalando que es lógico buscar capacitación y experiencia de quienes más saben en manejo de agua, especialmente de países que han logrado eficiencia en su uso a pesar de la escasez hídrica.
Acusó a la oposición de incoherencia al rechazar tanto la explotación petrolera como la modificación para energías renovables, sugiriendo una postura que «volvamos al palito para prender el fuego y volvamos a la época primitiva». Subrayó la necesidad de modernización y desarrollo.
Política
El Municipio busca postergar hasta 2028 el cobro de tasas por obras de pavimento
Los proyectos fueron enviados al Concejo Deliberante y serán tratados en la sesión del 8 de septiembre. Buscan aliviar la situación económica de los beneficiarios indirectos de las obras.
El Poder Ejecutivo Municipal envió este jueves (03/09) al Concejo Deliberante de General Roca los proyectos de Ordenanza necesarios para modificar el sistema de financiamiento de las obras previstas en el plan de conectividad vial que comenzarán durante este año.
La propuesta, anunciada por la intendenta María Emilia Soria durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027 el pasado lunes (31/08), busca postergar hasta 2028 el cobro a los beneficiarios indirectos, es decir, a quienes no son frentistas de las obras.
La modificación alcanzaría a las obras de 25 de Mayo entre San Juan y Damas Patricias; Rosario de Santa Fe entre Gelonch y Newery; y Gelonch entre San Juan y Rosario de Santa Fe.
Estos trabajos están contemplados dentro del sistema de contribución por mejoras establecido mediante las ordenanzas 5070 y 5071/25. De aprobarse la modificación, los beneficiarios indirectos comenzarían a afrontar el cobro en 2028.
En el caso de calle Evita entre Mendoza y Avenida Roca, la propuesta contempla un cambio diferente: la obra pasará a ser financiada íntegramente con fondos municipales, debido a que no cuenta con frentistas particulares que puedan afrontar el costo.
Por otra parte, los conectores viales de Güemes y Damas Patricias, que ya se encuentran en ejecución, mantendrán el esquema de financiamiento previsto y los tiempos establecidos.
Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la decisión está vinculada al contexto económico nacional, caracterizado por la afectación de pymes y comercios debido a la recesión y la retracción del consumo. También mencionaron la situación de los hogares, afectados por la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de las tarifas de servicios y la acumulación de deudas.
En ese contexto, el Municipio planteó que la postergación busca contemplar la situación económica de las familias y aliviar el impacto del cobro de las obras para quienes se benefician indirectamente.
Los proyectos serán tratados por el Concejo Deliberante en la próxima sesión, prevista para el 8 de septiembre.
Política
9 trabajadores fueron cesanteados en el Municipio de Roca: El Ejecutivo afirmó que fueron por reiteradas faltas y antecedentes disciplinarios
Aseguraron que los agentes acumularon entre 20 y 80 inasistencias injustificadas en un año. Esto generó una protesta del gremio ATM. Desde el Municipio denunciaron que una persona prendió fuego un árbol de la Plaza Belgrano.
El Municipio de General Roca salió a responder los cuestionamientos surgidos en torno a las 9 cesantías dispuestas recientemente y aseguró que «las medidas fueron adoptadas como consecuencia de reiteradas inasistencias injustificadas y antecedentes disciplinarios previos de similar naturaleza».
Según informó el Ejecutivo municipal, en los casos analizados los agentes registraban entre 20 y 80 inasistencias injustificadas durante un año. Además, se tuvieron en cuenta antecedentes disciplinarios anteriores vinculados con conductas similares.
El Municipio señaló que en todos los casos se llevó adelante el correspondiente procedimiento administrativo sumarial, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N.º 27-JDM-18, garantizando durante las distintas etapas el debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores.
Las conductas acreditadas, indicó el Ejecutivo, implicaron el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 79, incisos a), c) y t) del Estatuto del Empleado Municipal -Ordenanza N.º 3215/00-, especialmente aquellos relacionados con la obligación de concurrir al lugar de trabajo y justificar las inasistencias mediante los mecanismos previstos.
En ese marco, el Municipio sostuvo que las cesantías fueron dispuestas de acuerdo con el régimen disciplinario vigente, teniendo en cuenta tanto las faltas acreditadas como los antecedentes registrados por cada agente.
Frente a los cuestionamientos planteados por uno de los gremios sobre la validez de las decisiones, el Municipio afirmó que la Junta de Disciplina actuó de acuerdo con lo establecido por el Estatuto del Empleado Municipal. Según explicaron, la normativa exige la representación de los trabajadores y esa condición se encontraría cumplida mediante la participación de los gremios que poseen la representatividad mayoritaria del personal municipal.
El Ejecutivo remarcó que el procedimiento contó con la intervención conjunta de representantes del gobierno municipal y de las organizaciones gremiales correspondientes.
Nuevas sanciones por prender fuego un árbol
Por otra parte, el Municipio informó que durante la manifestación realizada ayer (03/09) a la mañana por el gremio ATM en Plaza Belgrano, frente al edificio municipal, una persona prendió fuego un árbol.
A raíz de lo ocurrido, los asesores legales de la comuna roquense radicaron una denuncia en la Comisaría 3° y aportaron material de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de identificar a los responsables.
Paralelamente, se iniciaron actuaciones administrativas internas para determinar las sanciones correspondientes.
El Ejecutivo calificó el daño o destrucción de árboles urbanos como «un acto de vandalismo que perjudica al ecosistema y la seguridad de la comunidad».
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
