Política
El DPA podrá generar y comercializar energía de fuentes renovables
Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.
La Legislatura de Río Negro sancionó el pasado jueves (21/08) la ley que permitirá expandir las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para generar y comercializar energía de fuentes renovables, incluyendo la solar y eólica, más allá de la hidroeléctrica.
La votación reflejó una mayoría a favor de 36 votos, con la negativa de 9 votos de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.
El miembro informante del oficialismo, Carlos Valeri destacó que el proyecto actualiza leyes «progresistas» para permitir al DPA aprovechar la descentralización del mercado energético. Esto posibilita la negociación directa con distribuidores. El DPA, dueño de tierras e infraestructura, busca desarrollar proyectos híbridos (hidroeléctricos y fotovoltaicos) que complementan la generación de energía, asegurando un despacho permanente. Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.
La propuesta busca posicionar a Río Negro como productor de energías limpias, generando ingresos para el Estado y creando empleo.
Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti subrayó que el DPA cuenta con una «capacidad ociosa» en sus proyectos hidroeléctricos, que incluye tierras, infraestructura existente y, sobre todo, nodos de conexión al sistema interconectado nacional, que son «un bien muy valioso» y escaso. Según el legislador, el proyecto permitirá «agiornar» y aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, brindando energía limpia a la población. Concluyó reafirmando que el proyecto es «sano» y una «función de un organismo» que busca el desarrollo y la modernización.
El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló que el proyecto «significa darle continuidad a una política de estado provincial de más de 60 años que busca asegurar que los recursos de los ríonegrinos estén al servicio del desarrollo de su gente y no que dependan de decisiones que se tomen en Buenos Aires». La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá «competir libremente» con otras empresas.
Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE) y Magdalena Odarda (VcT) expresaron su desacuerdo con la eliminación del requisito de que los proyectos de energías renovables (no hidráulicas) pasen por la Legislatura para su aprobación.
Consideraron que se trata de «coartar la libertad, la división de poderes» que podría permitir la concesión de recursos naturales mediante un «simple acto administrativo». Odarda enfatizó que el agua es un «derecho humano fundamental, como un bien ambiental», no un «simple commodity». Expresó temor de que la infraestructura y tierras del DPA se incluyan en futuras concesiones privadas. También mencionó una «cesión de soberanía» debido al contrato con la empresa israelí Mecorot y la privatización de represas hidroeléctricas nacionales.
Valeri y Mansilla explicaron que la modificación subsana un error de «técnica legislativa» de la Ley 3930, que duplicaba exigencias ya presentes en el Código de Aguas. Aseguraron que la aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público se mantiene. La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) defendió el contrato con Mekorot como una iniciativa para asistencia técnica y capacitación, similar a acuerdos con otras provincias.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien criticó a la oposición por lo que consideró contradicciones y desinformación.
López aclaró que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la generación de energía con sol y viento no debería requerir aprobación legislativa ni cobros, ya que «el sol y el viento no son ríonegrino». Argumentó que el agua es un recurso provincial y por ello la Legislatura interviene en su uso, lo cual no aplica a las otras fuentes renovables.
Defendió el acuerdo con la empresa israelí Mekorot, señalando que es lógico buscar capacitación y experiencia de quienes más saben en manejo de agua, especialmente de países que han logrado eficiencia en su uso a pesar de la escasez hídrica.
Acusó a la oposición de incoherencia al rechazar tanto la explotación petrolera como la modificación para energías renovables, sugiriendo una postura que «volvamos al palito para prender el fuego y volvamos a la época primitiva». Subrayó la necesidad de modernización y desarrollo.
Política
Weretilneck: «Esta decisión permitirá que IPROSS siga mejorando y compita con otras obras sociales»
El gobernador destacó la iniciativa enviada a la Legislatura.
La libertad de elegir y pagar su obra social para estatales rionegrinos representa un desafío y una oportunidad para el IPROSS: el proceso de mejora que atraviesa le brinda las condiciones necesarias para competir con prepagas y sindicales. «Esto obliga a IPROSS a seguir mejorando su prestación, dando respuestas ágiles y de calidad a sus afiliados frente a la competencia«, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.
«Creemos que el IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado, por los servicios que brinda, por ello tomamos la decisión de darle la libertad para que cada agente público pueda elegir y pagar la obra social que decida», afirmó el mandatario en diálogo con los medios y agregó que esto “permitirá que siga creciendo”.
Con más de 130.000 afiliados de manera directa e indirecta, la obra social provincial podrá afianzar su proceso de mejora. «Sabemos que hoy IPROSS cuenta con muy buena cobertura en discapacidad, diabetes, también se incrementó la cobertura en medicamentos», aseguró Weretilneck y reafirmó que «esta decisión de abrir la competencia se centra en la buena respuesta que está dando actualmente».
El proyecto de ley representa un beneficio para todas las partes: para IPROSS significa acentuar su proceso de mejora, consolidando su prestación en beneficio de los afiliados; mientras que los agentes tendrán la libertad de elegir y pagar la obra social que consideren más conveniente para ellos y su grupo familiar.
«Esta decisión representa un cambio histórico para IPROSS, que ahora podrá competir con el resto de las obras sociales. Desde su fundación, nunca contó con esta posibilidad y creemos que tiene todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera», sintetizó el gobernador.
Política
El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto para que trabajadores estatales puedan elegir libremente su obra social
De esta manera, se elimina la obligatoriedad de contar con IPROSS.
El gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley que propone habilitar la libre elección de obra social para el personal estatal, eliminando la obligatoriedad de contar con IPROSS.
“IPROSS está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia”, sostuvo el gobernador.
La iniciativa incorpora el derecho de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos. Quienes decidan ejercerlo podrán derivar sus aportes y contribuciones, junto con la cobertura de su grupo familiar primario.
La opción deberá incluir a todo el grupo familiar a cargo. Una vez realizado el cambio, el afiliado deberá permanecer al menos 12 meses en la entidad seleccionada.
Cumplido ese plazo, podrá optar por otra entidad habilitada o reincorporarse a IPROSS como afiliado obligatorio directo.
El proyecto también garantiza la continuidad de la atención. Si la cobertura elegida cesa por motivos ajenos al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática. Además, los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio.
La medida se suma al proceso de cambios que viene llevando adelante IPROSS, con la incorporación de nuevas herramientas digitales, el pago de coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas coberturas, entre ellas las vinculadas a medicamentos. “Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo”, concluyó Weretilneck.
Política
Río Negro proyecta una obra de $400 millones para mejorar el acceso a Roca por Damas Patricias
La obra permitirá concretar la colectora de ingreso de Damas Patricias hacia la Ruta 22 y mejorar las condiciones de circulación en uno de los accesos a la ciudad.
El Gobierno de Río Negro proyecta una obra de $400 millones para mejorar el acceso vial y el sistema de drenaje en el cruce de calle Damas Patricias con la Ruta Nacional N° 22, en General Roca. El proyecto ejecutivo es impulsado por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) e incluye la construcción de un nuevo alcantarillado de 50 metros y el revestimiento de 135 metros de un colector perteneciente al sistema de drenaje pluvial.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck al Municipio durante los festejos por el aniversario de General Roca. La obra forma parte de una planificación articulada entre el Gobierno de Río Negro, Vialidad Nacional y el Municipio de General Roca. En ese marco, se vincula con el proyecto de Acceso provisorio calle Damas Patricias, presentado por Vialidad Nacional, y con la ejecución del asfalto de esa calle por parte del Municipio.
La intervención permitirá concretar la colectora de ingreso de calle Damas Patricias hacia la Ruta Nacional 22, con el objetivo de reducir la peligrosidad del cruce y favorecer una circulación vehicular más segura y ordenada.
Una obra hídrica que también mejora la seguridad vial
El colector pluvial P4 cumple una función fundamental dentro del sistema de drenaje de General Roca, ya que recibe y conduce los excedentes de agua de lluvia de buena parte de la zona oeste de la ciudad. Además, permite la descarga de la defensa aluvional de J. J. Gómez.
El revestimiento de los 135 metros permitirá garantizar una conducción adecuada de los caudales y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento periódico del colector pluvial, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema ante eventos de precipitaciones.
A su vez, la construcción del nuevo alcantarillado contribuirá a mejorar las condiciones de transitabilidad en un sector considerado estratégico para la circulación de la ciudad.
