Política
La Provincia entregó más de 80 vehículos para salud
Serán utilizadas por los hospitales de la provincia y el servicio de emergencias SIARME.
El gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma la entrega de más de 80 vehículos para el sistema público de salud, entre ellos 43 ambulancias totalmente equipadas, que serán utilizadas por los hospitales de la provincia y el servicio de emergencias SIARME. La renovación alcanza la totalidad del parque automotor destinado al traslado de pacientes.
El gobernador destacó que «esta política sanitaria es parte de una estrategia integral de salud pública que combina política sanitaria, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, tecnología e insumos. Si uno de estos pilares falta, el sistema no funciona. Por eso tomamos la decisión de fortalecer cada uno de ellos», remarcó.
Al referirse al rol de las ambulancias y los vehículos sanitarios, señaló que «la incorporación de estas unidades de alta complejidad tiene que ver con garantizar atención rápida y segura para los casos críticos, especialmente en una provincia extensa y diversa como la nuestra». Y agregó que la decisión responde a una lógica de equidad territorial que «no importa si es una ciudad grande o un paraje pequeño, todos deben recibir la misma atención. El desafío es que ningún rionegrino se sienta olvidado».
Weretilneck subrayó que esta inversión «forma parte de una política sanitaria que va mucho más allá de un acto puntual: es la expresión de un Estado presente que cuida, previene, equipa y acompaña a su gente, con decisiones estratégicas que perduran en el tiempo».
La inversión provincial supera los $5.800 millones y marca un hito histórico para el sistema de salud rionegrino, tanto por la magnitud del equipamiento incorporado como por su alcance territorial.
«La distribución geográfica de los vehículos se realizó en base a un relevamiento que el Ministerio, junto a los 36 hospitales, llevó adelante durante el último año, teniendo en cuenta el parque automotor existente (132 ambulancias), la cantidad y característica de los traslados que se realizan en cada zona sanitaria y los informes periódicos de los jefes de choferes», explicó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.
«En Río Negro contamos con una estrategia de traslados que prioriza cada necesidad sanitaria. Los pacientes en condición crítica o inestable son trasladados en ambulancias, mientras que los ambulatorios que deben llegar desde un paraje o un barrio alejado al hospital de referencia lo hacen en vehículos utilitarios o camionetas. Por eso es tan importante renovar la flota: cada unidad 0 km que entregamos hoy fortalece el trabajo de los hospitales y garantiza atención oportuna en todo el territorio», destacó el ministro.
La jornada contó con la presencia del presidente del Banco Patagonia, Oswaldo Parré, quien agradeció la invitación del gobernador, para presenciar esta entrega de móviles que van a servir para los rionegrinos. «Acompañamos la decisión del Gobierno Provincial de dotar de camionetas para facilitar la interconexión de los vecinos de las diversas Comisiones de Fomento y acompañamos a diversos municipios en su necesidad de mejorar los accesos de los vecinos y el mantenimiento de los corredores viales, junto con la planificación del desarrollo local», sostuvo.
Ambulancias y conectividad: Más salud para las y los rionegrinos
Entre los 82 vehículos de traslado se incluyen 43 ambulancias equipadas, 22 unidades de transporte, 14 pick-ups (7 de ellas 4×4) y un camión Iveco (que llegará en los próximos días) para el traslado de insumos hospitalarios en toda la provincia. También se incorporaron 7 ambulancias doble tracción, preparadas para operar en terrenos de ripio, nieve o arena.
Además de los equipos de comunicación habituales, todas las unidades contarán con antenas Starlink, que permitirán implementar telemedicina móvil en tiempo real, garantizando conectividad de alta velocidad incluso en zonas rurales o remotas donde las redes celulares no llegan, gracias al plan provincial realizado a través de ALTEC.
Las ambulancias están equipadas con camilla principal con cinturones ajustables, silla de ruedas plegable, elementos de inmovilización, estetoscopios, tensiómetros portátiles (para adultos y pediátricos), tubos de oxígeno fijos y portátiles, material de trauma, asistencia respiratoria y vía aérea, y bolsa resucitadora.
En paralelo a esta renovación total, el Ministerio de Salud también reparó y reasignó 21 vehículos que ya formaban parte de la flota automotor, optimizando los recursos existentes.
La inversión actual se suma a los antecedentes recientes: en 2021, con fondos provinciales, se adquirieron 8 ambulancias destinadas al servicio de emergencias SIARME, y en 2017 se habían incorporado 30 unidades para hospitales públicos. Estas acciones muestran una política sostenida en el tiempo para fortalecer el sistema sanitario provincial y garantizar la atención en cada rincón de Río Negro.
Acompañaron la jornada los ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; de Seguridad y Justicia; Daniel Jara; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el presidente del Banco Patagonia, Oswaldo Parré; los vicepresidentes Juan Manuel Trejo y Marvio Freitas; el intendente de Viedma, Marcos Castro; y la senadora nacional, Mónica Silva, junto a intendentes e intendentas de distintas localidades, comisionados de fomento, legisladores y legisladoras provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, representantes del sistema de salud, y demás autoridades provinciales y locales.
Gremios
Por la reforma laboral, ATE convocó a un plenario federal y prepara el primer paro post electoral
«Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).
«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.
En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».
«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.
«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
