Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.

La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.

Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
Política
Río Negro entre las provincias con menor desocupación
Según el INDEC, la tasa es del 1,3%, dato que ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%.

Río Negro se consolida como una de las provincias con menor desocupación del país, con una tasa del 1,3%, según datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025. El dato ubica a la provincia en el segundo lugar a nivel nacional, muy por debajo del promedio del 7,5%. «Tenemos un rumbo definido, que da confianza para invertir y crecer», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.
«Este resultado refleja una dinámica sostenida, con crecimiento en sectores productivos, energéticos y de servicios, pero también pone en valor el talento de los rionegrinos y rionegrinas, que son protagonistas de este proceso. Río Negro tiene capacidad, formación y vocación de trabajo, y eso se traduce en oportunidades concretas y en estos indicadores positivos», indicó el mandatario provincial.
«Hoy Río Negro registra una desocupación del 1,3%, la segunda más baja de la Argentina. Además, el empleo privado creció un 0,7%, ubicándonos entre las únicas provincias que hoy están generando trabajo», afirmó Weretilneck.
El gobernador remarcó que estos resultados responden a un modelo sostenido en el tiempo: «Reglas claras, previsibilidad económica, estabilidad política y un rumbo definido que da confianza para invertir y crecer. Acá no se cambian las reglas a mitad de camino».
En esa línea, la provincia cuenta con herramientas y leyes que priorizan el empleo rionegrino, promoviendo que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los trabajadores locales y que cada inversión tenga un impacto directo en las familias de la provincia. «Sabemos que falta. No vamos a parar hasta que la desocupación sea cero en Río Negro», sostuvo, y destacó el rol estratégico de la región: «Junto a la provincia hermana de Neuquén, la Norpatagonia se consolida como el lugar donde empieza a construirse la nueva Argentina. Este es el rumbo, tenemos con qué».
El dato ratifica que Río Negro avanza en una nueva etapa productiva, donde la generación de empleo es una prioridad central, con un modelo que vincula inversión, desarrollo y oportunidades concretas para los rionegrinos.
Datos del informe nacional
El informe del INDEC muestra un escenario nacional complejo, con una desocupación del 7,5% y más de 1.600.000 de personas sin trabajo. En ese contexto, Río Negro se posiciona entre las provincias con mejores indicadores del país.
Las cinco jurisdicciones con menor desocupación son Santiago del Estero (0,6%), Río Negro (1,3%), San Luis (1,5%), Jujuy (2,2%) y Neuquén (2,3%), lo que confirma el buen desempeño de la región patagónica y del norte argentino frente a los principales centros urbanos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más altos.
Política
Histórico cruce del oleoducto VMOS por el río Negro
Se instaló un ducto de 25 metros por debajo del río sin afectar su curso.

El gobernador Alberto Weretilneck presenció ayer (20/03) la concreción del cruce del río Negro del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los hitos técnicos más importantes de toda la obra. El ducto ya atraviesa el cauce, marcando un punto de inflexión en un proyecto estratégico que ya genera miles de puestos laborales y proyecta oportunidades reales para los rionegrinos.
En la zona de Chelforó, Weretilneck siguió de cerca la finalización de la perforación horizontal dirigida, una tecnología que permitió instalar el ducto de 25 metros por debajo del río sin afectar su curso, garantizando el cuidado del recurso hídrico y cumpliendo con los estándares ambientales exigidos por la Provincia.
«Estamos hablando de una de las obras más importantes de la Argentina en mucho tiempo. Y hoy se demuestra que se puede hacer, con empresarios argentinos, trabajadores argentinos y tecnología nacional», afirmó el gobernador.
Por el consorcio VMOS, participaron el presidente, Gustavo Gallino; el CEO, Gustavo Chaab; el gerente ejecutivo, Diego Serangeli; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; el presidente y CEO de Sacde, Damián Mindlin; el gerente de Asuntos Institucionales de Pluspetrol, Federico Lescano; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el Presidente de Techint Ingenieria y Construcción, Carlos Bacher; entre otras autoridades provinciales, locales, directivos de empresas del sector y dirigentes sindicales.
Rumbo, previsibilidad y desarrollo
Weretilneck remarcó que este avance es resultado de una decisión política clara de la Provincia de acompañar y garantizar el desarrollo de inversiones estratégicas: «Para nosotros también fue un desafío. Nunca habíamos sido parte de un proyecto de esta magnitud, con esta incidencia nacional. Y asumimos la responsabilidad de estar a la altura».
Además, destacó el trabajo articulado para sostener el ritmo de obra: «Sabemos que cada día que una obra de estas características se retrasa genera un daño enorme. Por eso trabajamos para dar previsibilidad, reducir tiempos y cumplir con lo que el proyecto necesita».
El gobernador también puso en valor el desarrollo local vinculado a la obra: «Planteamos desde el inicio que el 80% de los trabajadores sean rionegrinos, y se ha avanzado con responsabilidad. También hay empresas de la provincia participando en trabajos complejos, lo que demuestra que Río Negro está preparado para esta nueva etapa».
En la misma línea, Gustavo Gallino, presidente del consorcio VMOS y vicepresidente de Infraestructura de YPF, destacó: «El cruce del río Negro marca un hito clave para el VMOS. Nos acerca a concretar una obra estratégica que amplía la capacidad de evacuación de petróleo, promueve nuevas exportaciones y contribuye al desarrollo productivo regional».
Por su parte, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, subrayó el valor simbólico y técnico del avance: «Este hito une Allen con Punta Colorada, cruzando por debajo del río Negro, con todo el valor simbólico que tiene este río que le da nombre a la provincia. Es un proyecto pionero que cumple con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente».
Río Negro, eje de la energía que viene
El oleoducto VMOS es hoy uno de los proyectos de infraestructura energética más relevantes del país. Ya genera más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos a lo largo de sus 437 kilómetros de extensión, entre Allen y Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, donde se construye una terminal portuaria para exportar petróleo al mundo.
«Somos una provincia previsible, con estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Ese es el camino que estamos construyendo», sostuvo Weretilneck.
Además, destacó el rol estratégico del proyecto en el contexto global: «Con Vaca Muerta y con estas obras, la Argentina tiene una oportunidad histórica. Estamos construyendo uno de los polos exportadores de energía más importantes de América Latina».
La Provincia, a través de sus organismos de control, supervisó cada etapa de la obra para garantizar su desarrollo bajo criterios de seguridad y cuidado ambiental, reafirmando su rol como garante del proceso.
«Hoy ya no hay dudas de que vamos a ser protagonistas en el escenario energético mundial», concluyó el gobernador.








