Río Negro
Río Negro hace historia con su primer medio aéreo propio contra incendios
Cuenta con una capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, más la tripulación. En cuanto a la descarga de agua, posee un sistema con capacidad de 4.000 litros.
El gobernador Alberto Weretilneck encabezó en San Carlos de Bariloche la presentación oficial del helicóptero con capacidad de arrojar 4.000 litros de agua y transportar brigadistas para combatir incendios forestales durante la temporada de verano. De esta manera, por primera vez la provincia de Río Negro cuenta con medios aéreos propios para el combate de incendios.
La aeronave quedó operativa desde el sábado (17/01) en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche y es única en su tipo. Cuenta con una capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, más la tripulación. En cuanto a la descarga de agua, posee un sistema con capacidad de 4.000 litros. Este helicóptero tiene una particularidad muy importante: presenta una restricción operativa muy baja, con un límite de hasta 90 kilómetros por hora de componente de viento para poder operar. A este recurso se suma la contratación de un avión de INVAP destinado al monitoreo y apoyo operativo.
«Hoy es un día histórico para la provincia de Río Negro y para el SPLIF. Por primera vez desde que la Provincia se organizó y decidió tener un servicio de prevención y lucha contra incendios forestales, vamos a contar con un medio aéreo propio», resaltó el gobernador Weretilneck.
Weretilneck estuvo acompañado, entre otros, por el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés; su par de El Bolsón, Bruno Pogliano; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el ministro de Seguridad, Daniel Jara; representantes de las fuerzas federales -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional-; el coordinador general del SPLIF, Orlando Báez; el jefe de la Central de San Carlos de Bariloche, Elio Fernández; el jefe de la Central de El Bolsón, Marcos Barría; el responsable de la Aduana de San Carlos de Bariloche; el representante del Plan Nacional de Manejo del Fuego; legisladores provinciales y concejales.
Estuvo presente además la coordinadora del Plan de Manejo del Fuego de la provincia de Neuquén, Gabriela Navarro; junto a autoridades y equipos técnicos. Participaron también Matías Osterc, presidente de Aero Guardian, y Santiago Pérez Ghiglia, gerente de Estrategia Tecnológica de INVAP.
El gobernador explicó que, si bien siempre se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Nacional -a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego-, con Parques Nacionales y con todos los organismos intervinientes, esta es la primera vez que Río Negro contará con un medio aéreo propio. «Esta medida es necesaria porque, a partir del cambio climático, estamos luchando contra incendios con características que antes no teníamos. Antes hablábamos de categorías 2 y 3; hoy ya estamos en 4 y 5. Este cambio profundo nos obliga a adaptar permanentemente nuestras estructuras de prevención y respuesta», sostuvo.
Weretilneck destacó la integración del sistema de lucha contra incendios forestales, que comienza con la articulación nacional y el uso de medios aéreos. «Este año el sistema nacional tiene, entre Neuquén, Río Negro y Chubut, 15 medios aéreos. Tenemos presencia operativa en Bariloche y El Bolsón, lo que requiere una coordinación permanente y muy precisa», sostuvo.
«A esto se suma la coordinación constante con Parques Nacionales. Ustedes saben que nuestra provincia convive con áreas protegidas; sería imposible no trabajar de manera ordenada y conjunta. Las fuerzas federales -Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval-, la Policía de la provincia de Río Negro y, obviamente, los municipios, que permanentemente colaboran junto a los bomberos voluntarios», añadió.
Remarcó que «toda esta actividad es coordinada desde el SPLIF, una institución con fuerte presencia territorial, de la cual estamos realmente orgullosos. Sus integrantes mejoran año tras año en capacitación, formación y experiencia».
A partir de un diagnóstico realizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, en conjunto con técnicos, profesionales y trabajadores del SPLIF, se decidió avanzar en la puesta en marcha de nuevas acciones para la prevención y el combate de incendios forestales. Uno de los pasos más trascendentes fue la contratación de esta aeronave. «Es el único helicóptero de estas características en Argentina y el único afectado específicamente a la lucha contra incendios», remarcó el gobernador.
Explicó además que «el segundo eje es la contratación y puesta en marcha del avión de INVAP, que aporta tecnología clave para el diagnóstico, la prevención y la coordinación operativa».
Weretilneck destacó también que «hay una inversión silenciosa, pero muy significativa, de más de $1.200 millones: la contratación, por primera vez, de un sistema propio de análisis, vigilancia y monitoreo satelital. Hemos contratado una constelación satelital alemana, la única en el mundo capaz de diagnosticar, analizar y proyectar el comportamiento de los incendios forestales. Es una inversión superior a US$1 millón, que permitirá a las centrales de Bariloche y El Bolsón contar con un diagnóstico permanente del incendio: hacia dónde se moverá y cómo evolucionará. Esto permite cuidar a nuestros brigadistas y anticipar escenarios, algo inédito en el país».
El gobernador puso en relieve además la incorporación de 50 nuevos brigadistas. «Hoy el sistema cuenta con 250 combatientes, ya desplegados en las centrales de El Bolsón y Bariloche, y en zonas estratégicas como El Manso y El Foyel», explicó. A todo esto se suma una inversión aproximada de US$5 millones, financiada parcialmente por FONPLATA y el Tesoro Provincial.
Nuevo equipamiento
«En cuanto al equipamiento, se incorporaron tres camiones para el SPLIF: uno con capacidad de 10.000 litros y dos de 2.500 litros, todos cero kilómetro, que ya se encuentran prácticamente operativos», manifestó. Se sumaron además tres camionetas de ataque rápido; dos UTV 4×4 para zonas de difícil acceso; y un minibús para el traslado de brigadistas y personal.
Por otra parte, el gobernador mencionó la adquisición de 18 equipos de monitoreo. «En una alianza estratégica con INVAP, estamos instalando cámaras con inteligencia artificial: ya se colocaron las primeras siete, con un total previsto de doce. Las de Bariloche se encuentran en etapa de prueba, con resultados muy positivos», indicó.
«Todos sabemos lo complejo que es cuando un incendio se desata y avanza; por eso, muchas de las decisiones de este año apuntan a la tecnología, para detectar focos tempranos y actuar rápidamente», sostuvo.
El gobernador señaló además que «contamos con dos drones térmicos operativos, fundamentales para detectar puntos calientes una vez contenido el incendio, además de antenas, bases de comunicación y dos estaciones meteorológicas».
Finalmente, Weretilneck remarcó que «hemos incorporado un concepto clave: el incendio lo ataca primero quien llega primero. Lo importante es llegar rápido y apagar rápido. Para eso, todas las organizaciones estatales contarán con equipamiento y capacitación para el ataque inicial, y este año la Policía se suma con fuerza a este esquema».
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
