Política
El Gobierno asegura que se generó una «notable disminución del gasto generado por licencias médicas mal otorgadas»
Así lo aseguraron desde el Ministerio de Hacienda, luego del pedido de informes que surgió por parte de legisladores de la oposición.
El control de ausentismo por licencias médicas de los empleados públicos, implementado por el Gobierno de Río Negro, evitó que el Estado provincial erogara un monto estimado de $9.825.197.652 entre septiembre de 2024 y abril de 2025, al rechazar licencias médicas no justificadas. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Hacienda y destacaron en este sentido que «se trata de dinero público, de todos los rionegrinos y rionegrinas, que se gastaba sin la correspondiente contraprestación del trabajo por parte del agente, ya que hacían un uso incorrecto de las licencias médicas».
Este control es llevado adelante por la empresa Dienst Consulting S.A., prestador de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. – ART de la Provincia, cuyo costo inicial es de $292.000.000 mensuales. «Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el servicio costó la suma de $2.336.000.000, mientras que las licencias médicas de corto plazo no convalidadas por el servicio contratado, significan una estimación de $9.825.197.652 en el periodo mencionado», aseguran desde la cartera de Hacienda.
«La diferencia de $7.489.197.652 marca a las claras la efectividad del nuevo sistema implementado, justificando la inversión, que ha permitido bajar sensiblemente la cantidad de abusos al sistema que se estaban produciendo, impactando directamente en detrimento de aquellos empleados y empleadas que efectivamente cumplen día a día con sus tareas como corresponde. Debe tenerse en cuenta que las ausencias, en muchos casos deben ser cubiertas por otros agentes, en otros casos cubiertas por recargo de horas en los que siempre cumplen con sus obligaciones y en los casos imposible de reemplazar de alguna de las maneras señaladas, se paga con menor calidad de servicio a los ciudadanos», añadieron.
Todos estos indicadores forman parte de la respuesta al Pedido de Informes respectivo realizada desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia a la Legislatura. «La contratación del servicio especializado, surge como consecuencia de haberse detectado una falta total de control de las licencias de corto tratamiento por razones de salud de los agentes públicos provinciales y/o familiares, contando sólo con la intervención de las Juntas Médicas Provinciales, que si bien cumplen una función importante, sólo tienen competencia para actuar en las licencias de largo tratamiento. Esto generaba un problema estructural en el sistema de control, ya que una parte considerable de licencias por razones de salud no era debidamente auditada y se aprobaban sin ningún control», explicaron.
Frente a esta situación, «con la finalidad de garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la gestión y evitar abusos en el sistema de licencias médicas, se decidió requerir a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., el servicio de Medicina Laboral, que incluye las auditorías sobre las licencias por razones médicas de los agentes de la Administración Pública Provincial, la que brinda tal servicio a través de su prestador, Dienst Consulting S.A., en el marco del contrato de afiliación entre la ART y el empleador, Gobierno de la Provincia de Río Negro».
«Cabe resaltar que, este plan complementario de monitoreo de la salud de los empleados públicos amparados por la ART, prevé el chequeo de afecciones que ameritan licencia médica justificada, monitoreo de la salud y control de tratamientos, con el fin de prevenir y promover la salud de los trabajadores, contribuyendo a la reducción del ausentismo y su efecto perjudicial para los trabajadores que quedan expuestos a sobrecargas de tareas, procurando ambientes laborales saludables para los mismos», indicaron.
En el contrato entre la ART y su prestador, cuya copia se remitió a la Legislatura, el costo del servicio mensual inicial se estableció en $ 5.615,38 por empleado (52.000 empleados), es decir, $ 292.000.000, lo que representaba a esa fecha un 0,003% del costo estatal que se busca optimizar con este servicio, o sea de la masa salarial.
Como resultado de la implementación de este control, en el primer mes -septiembre 2024- se encontraron irregularidades o inconsistencias en el 53% de las licencias presentadas y auditadas, lo que evitó una erogación cercana a los $1.600.000.000 por licencias por enfermedad propia o de familiar a cargo, presentadas por los agentes públicos que no ameritaban su justificación. «Esto demuestra el acierto y la efectividad de la decisión política de afrontar el problema del ausentismo de los empleados públicos provinciales relacionado a licencias por razones de salud y su modalidad, debido al abuso desmedido que existía al no contar con ningún tipo de control», ratificaron desde el Ejecutivo.
Gremios
ATE hará en una presentación judicial para frenar el régimen de disponibilidad
«Estamos frente a un decreto y una reglamentación manifiestamente ilegales, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas», indicó Aguiar.
Luego de que el Gobierno reglamentara el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una presentación judicial para frenar esta medida.
«Estamos frente a un régimen de disponibilidad manifiestamente ilegal, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«La Justicia tiene que actuar de manera inmediata para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a todo el recurso humano que reviste en la planta permanente del Estado. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad. La articulación y el trabajo conjunto de todos los equipos jurídicos de nuestro sindicato, como así también la unidad política que se sigue consolidando, son los que nos ha permitido obtener resultados positivos en el último tiempo, como han sido la defensa del derecho de huelga y el Día del Empleado Público, entre otros», detalló el referente estatal.
La decisión del Gobierno fue reglamentada a través de la Resolución N° 54/25 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la cual detalla los parámetros mediante los cuales pueden dejar en disponibilidad a trabajadores con estabilidad a partir del cierre de organismos como así también por exceder la «dotación óptima necesaria», criterio completamente subjetivo que figura en el Capítulo IV art. 52 de la Ley Bases.
A partir de esto, Aguiar acordó junto a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, realizar una presentación judicial conjunta para frenar esta medida. Así, ambos equipos jurídicos realizaron una reunión para formalizar la acción que será presentada ante la Justicia en las próximas horas. Por parte de la conducción nacional participó Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional. En tanto, por ATE Capital, concurrieron Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos, y Suyai Lutz, integrante del equipo de Jurídicos.
Desde el sindicato explicaron que «no se reúnen los parámetros legales exigidos por ley para declarar el pase a disponibilidad de los trabajadores afectados por las últimas reconfiguraciones de organismos en el marco de las facultades delegadas, ya que no se trata de cierre de organismos sino de reestructuraciones».
Política
Gatti sobre las rutas: «No vamos a permitir más abandono»
El ministro rionegrino se refirió al cierre de Vialidad Nacional y sus consecuencias.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Calificó esta política como un «acto de abandono» y una señal clara de «falta de mirada federal».
«Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono», expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional N° 151.
Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que «aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados». En este sentido, advirtió que «abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000″.
«Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles», agregó.
El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. «En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos», sostuvo.
En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones. «Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta N° 151 y la Ruta Nacional N° 22, que hoy no están a la altura de su potencial».
Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica. «Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio», expresó.
Para finalizar, Gatti fue tajante. «Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono», concluyó.
Política
Echarren: «La Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta”
Se ha convertido en una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.
Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».
«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.
Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.
