Con la sanción de la nueva Ley de Fauna, la Provincia de Río Negro suma una herramienta legal moderna, pensada no sólo para proteger especies, sino para gestionar de forma integral los ecosistemas, sus habitantes y sus relaciones con el territorio. «Sustentada en evidencia científica, articulada con actores técnicos e institucionales, y con mirada estratégica a futuro, esta normativa reemplaza un marco legal que tenía más de cuatro décadas y que ya no daba respuestas a los desafíos actuales», destacó el subsecretario de Fauna Silvestre de la provincia, Roberto Esposito.

«La realidad que vivimos hoy no es la misma que hace 40 años. Hay nuevas especies, más población, ciudades que crecieron, fauna que convive con lo urbano, y también muchas zonas productivas afectadas por desequilibrios. Esta ley viene a ordenar, a modernizar el enfoque y a ofrecer herramientas concretas para una gestión responsable del recurso», agregó.

La ley crea el Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre y alinea a Río Negro con los estándares internacionales de conservación y desarrollo sostenible, incluyendo las recomendaciones de la FAO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030. Se trabaja en articulación con el CONICET, la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA, municipios y cooperativas, integrando conocimiento técnico, producción y territorio.

La norma reconoce a la fauna como un recurso estratégico, renovable, que debe ser protegido, conocido, monitoreado y, en algunos casos, también aprovechado de forma sustentable. La diferencia entre especies autóctonas y exóticas es clave: mientras las primeras -como el guanaco, el choique o la tortuga terrestre- deben ser conservadas, restauradas y, si es viable, utilizadas bajo criterios técnicos, las exóticas invasoras -como el jabalí o el ciervo colorado- requieren control urgente.

«Hay especies que crecieron en número y que ya generan desequilibrios en actividades productivas y en ambientes urbanos. En muchos casos, rompieron el equilibrio ecológico. No intervenir no es una opción: hay que hacerlo con criterio, con orden, con legalidad», señaló Esposito.

El caso del jabalí es el más visible. Daños a cultivos, destrucción de nidos de aves nativas, riesgos viales y presencia cercana a zonas habitadas son parte del problema. Como especie exótica invasora, el jabalí no solo desequilibra los ecosistemas: también genera presión sobre ambientes naturales y sistemas productivos. Por eso, una de las líneas de trabajo más importantes es avanzar en el aprovechamiento del recurso, con el desarrollo de infraestructura que permita la faena bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Ya fue habilitado un frigorífico en Río Colorado y se proyectan nuevas salas en Bariloche y Los Menucos. Esto permitirá canalizar lo que hoy sólo se permite para autoconsumo, y transformar un problema ambiental en una oportunidad concreta para generar proteína de calidad, reducir presión ecológica, crear trabajo y fortalecer el desarrollo local.

«Para que un privado invierta, necesita garantías de volumen. Si no hay una estrategia pública que acompañe, eso no va a pasar. Por eso el Estado interviene, articulando con ganadería, municipios y cooperativas, para habilitar salas, simplificar trámites y generar condiciones para que esto funcione. Si no completamos el eslabón de la faena, no hay forma de avanzar en el control real», agregó el subsecretario.

El aprovechamiento del recurso no es una concesión, sino una herramienta estratégica. En un contexto donde la seguridad alimentaria y el acceso a proteínas de calidad son parte del debate global, la fauna silvestre -manejada con responsabilidad, bajo estándares sanitarios y con trazabilidad- puede convertirse en una fuente sustentable de alimento, especialmente en regiones donde el territorio y la ruralidad imponen otras condiciones. Esta ley abre la posibilidad de transformar un problema ambiental en una solución social, productiva y ecológica, con un Estado presente que regula, articula y garantiza que cada paso se dé con respaldo técnico.

Además del componente productivo, la nueva ley se basa en un enfoque científico. Un proyecto liderado por el CONICET, en conjunto con el Ministerio de Producción, Agricultura y Fauna, ya está en marcha para evaluar el impacto del jabalí en zonas productivas. Ese conocimiento será la base para las decisiones futuras de manejo y control. La estrategia se completa con acciones de educación ambiental, campañas de sensibilización, nuevos registros, y un fondo específico para financiar acciones de conservación y gestión.

Esta ley no busca cazar por cazar, ni habilitar mercados sin control. Busca intervenir donde hace falta, proteger lo que debe ser protegido, y ordenar el vínculo entre personas, animales y territorio. Lejos de abandonar la conservación, la fortalece: con evidencia, con planificación y con visión de futuro.

«Gestionar fauna no es disparar ni prohibir todo. Es conocer, proteger, controlar, regular y, si es posible, aprovechar. Esta ley nos permite hacerlo con responsabilidad y con base técnica. Río Negro necesitaba una norma que mire hacia adelante, y hoy la tenemos», cerró Esposito.

Río Negro, además, es una de las provincias con mayor superficie bajo conservación en la Patagonia. Cuenta con 13 Áreas Naturales Protegidas provinciales, que abarcan paisajes únicos como la Meseta de Somuncurá, la Bahía de San Antonio, el Cipresal de las Guaitecas o el Valle del Río Limay, entre otras. A esto se suman dos parques nacionales dentro de su territorio: el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Islote Lobos, que protege más de 190 km² de biodiversidad marina sobre el Golfo San Matías. En total, el sistema de conservación rionegrino abarca más de 10.000 km², representando una red estratégica para el resguardo de especies y hábitats únicos del país.