Durante el fin de semana extra largo de Carnaval, la Policía de Río Negro desplegó intensos controles preventivos en toda la provincia. En Viedma y Lamarque la División Toxicomanía inspeccionó colectivos y vehículos particulares, se identificó a decenas de personas y se labraron infracciones, todo sin registrar secuestros de droga ni hechos graves.

El operativo, coordinado por la División Toxicomanía junto a otras áreas, reforzó la prevención en puntos estratégicos de circulación de personas y vehículos.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy (18/02), el movimiento en la Terminal de Ómnibus de Viedma fue monitoreado de cerca. Entre las 6 y las 10, el personal especializado, acompañado por perros detectores, controló siete colectivos de media y larga distancia. Recorrieron, pasillos, bodegas y equipajes bajo la mirada atenta de los efectivos. El resultado no tuvo novedades de consideración. De todas maneras, el trabajo preventivo apunta a anticiparse y a desalentar cualquier intento de traslado de sustancias ilegales.

Por otra parte, en el Valle Medio, el despliegue se concentró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 998, frente al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel. Allí, entre las 9 y las 11, se montó un control vehicular conjunto a cargo de la Delegación Lamarque de Toxicomanía. En total se revisaron 45 vehículos y se identificó a 45 personas, en su mayoría mayores de edad que circulaban por el fin de semana turístico.

Además, se labraron tres infracciones policiales vinculadas a irregularidades detectadas en los vehiculos. No se registraron secuestros de estupefacientes ni detenciones por delitos vinculados a drogas. El resto de los controles finalizó sin novedades, lo que permitió sostener una circulación ordenada en uno de los corredores más transitados de la provincia.

Este tipo de operativos, especialmente en fechas de alta movilidad como Carnaval, no sólo buscan detectar delitos sino también marcar presencia. La combinación de controles en terminales y en rutas estratégicas responde a una planificación que prioriza la prevención y el cuidado de quienes viajan.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de un hombre que había sido despedido de una empresa en Jacobacci tras ausentarse 98 días de su trabajo en un lapso de 10 meses. También tenía antecedentes de violencia laboral hacia una gerente. El caso tuvo varios pasos, ya que el empleado era delegado sindical. Por eso previamente se realizó un proceso para excluirlo de la tutela especial que la norma indica para quienes ejercen ese rol. Cumplido ese trámite judicial, se inició otro por la cesantía.

Con la confirmación de las sentencias anteriores de una Cámara Laboral de Bariloche se cerró el último intento judicial en el fuero provincial para revertir el despido que había habilitado a la empresa a romper el vínculo laboral.

La historia judicial comenzó a fines de 2024, cuando el fuero Laboral autorizó la exclusión de tutela sindical de un representante de base que también integraba la conducción seccional de su sindicato. La empresa había pedido el desafuero con un argumento central: la pérdida de confianza frente a una dinámica de conflicto que, según su planteo, había dejado de encuadrar en el ejercicio regular de la actividad gremial.

En ese expediente, los integrantes del Tribunal pusieron el foco en varios ejes. Uno de ellos fue el uso de los permisos sindicales. Entre enero y octubre de 2023, el delegado se ausentó 98 días bajo esa modalidad. La empleadora sostuvo que en muchos casos no existió pedido formal ni aviso previo suficiente para reorganizar tareas, y que esa práctica afectó la planificación productiva. La Cámara consideró acreditado ese esquema de ausencias y lo valoró como un elemento más dentro de un cuadro general que describió como incompatible con los deberes de buena fe y colaboración, propios del contrato de trabajo.

El tribunal laboral también examinó testimonios sobre asambleas realizadas sin coordinación con la empresa, interrupciones de la producción en distintos turnos y enfrentamientos con personal jerárquico. A ello sumó una sentencia previa que tuvo por probadas conductas de violencia laboral hacia una gerente. En conjunto, entendió que se configuraba una injuria de entidad suficiente como para justificar la exclusión de la tutela sindical prevista en la Ley 23.551.

La resolución recordó que la garantía gremial exige autorización judicial previa para despedir a un delegado, pero no implica inmunidad frente a incumplimientos graves. Con esa autorización concedida, la empresa dispuso el despido el mismo día en que fue notificada del fallo.

El trabajador respondió con una nueva demanda. Impugnó el telegrama y se colocó en situación de despido indirecto. Alegó que la sentencia de exclusión no estaba firme y que la protección sindical seguía vigente mientras no se agotaran los plazos recursivos. Invocó el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales y sostuvo que la decisión patronal fue prematura.

La Cámara volvió a pronunciarse en su contra. Señaló que la empresa había seguido el procedimiento legal y que, una vez autorizada la exclusión, podía extinguir el vínculo. Destacó además que el trabajador no recurrió la sentencia que lo dejó sin tutela y que no podía luego desconocer sus efectos. También afirmó que no tiene contenido jurídico considerar disuelto un contrato que ya había sido extinguido por el empleador.

El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de queja, después de que se rechazara la instancia extraordinaria. El planteo insistió en la supuesta aplicación inmediata de una sentencia que, según el actor, no tenía firmeza y en la errónea interpretación del artículo 52 de la Ley 23.551.

El STJ centró su análisis en la admisibilidad del recurso. Indicó que la queja no refutó de manera concreta los fundamentos de la denegatoria anterior y que los agravios intentaban reabrir cuestiones de hecho y prueba, materia ajena a esa instancia. Con ese encuadre, rechazó el planteo y dejó firme en el ámbito provincial la decisión que había avalado el despido del delegado sindical.

En el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y organismos del área de Salud, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo la línea 0800-DROGAS, una herramienta tecnológica que garantiza el anonimato absoluto y promueve la participación activa de la comunidad en la lucha contra el narcotráfico.

La Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA) pusieron en marcha un ciclo de despliegue territorial en localidades como Choele Choel, Fernández Oro y Cipolletti, con el objetivo de explicar el funcionamiento del sistema y acercar información clara a vecinos, municipios y Consejos de Seguridad.

Tecnología al servicio del anonimato

Uno de los ejes centrales de esta política es el fortalecimiento de la línea 0800-333-4124. El Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, remarcó que no se trata solo de un número telefónico, sino de una plataforma informatizada de alta seguridad diseñada para garantizar confidencialidad y protección.

“Es una herramienta sumamente útil, segura y hermética. El vecino puede aportar datos sin revelar su identidad, sin presentar documentación y sin que queden registros personales, porque el sistema está preparado para resguardar a quien colabora”, explicó Buonaventura.

La modernización en la recepción y procesamiento de datos permite que la SENAC opere como un centro técnico de análisis, donde un equipo especializado evalúa la información recibida antes de elevarla a la Justicia Federal. Este procedimiento otorga mayor solidez a las investigaciones, optimiza recursos y mejora la eficacia de los operativos.

Un abordaje integral

La estrategia provincial se apoya en un enfoque complementario. Por un lado, el frente de seguridad encabezado por la SENAC, orientado a desarticular puntos de venta y estructuras vinculadas al narcomenudeo. Por otro, el frente sanitario liderado por APASA, centrado en la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos.

Durante las jornadas informativas, los referentes destacaron que la problemática requiere una acción coordinada: control y denuncia para combatir el delito, y acompañamiento profesional para atender sus consecuencias sociales. Esta mirada interdisciplinaria consolida una política pública que combina firmeza en la aplicación de la ley con una perspectiva preventiva y comunitaria.

Resultados que fortalecen la confianza

El impacto de la iniciativa se refleja en el incremento sostenido de denuncias. Según Buonaventura, cada campaña de difusión genera una respuesta inmediata por parte de la ciudadanía, lo que evidencia una mayor confianza en las herramientas institucionales cuando se garantiza protección y seguimiento.

Con este ciclo de charlas y capacitaciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con municipios y Consejos de Seguridad, consolidando un modelo donde el vecino cumple un rol central en la construcción de una provincia más segura.

Dato útil: Para denunciar de forma gratuita y 100% anónima la venta de sustancias ilícitas, se encuentra habilitada la línea 0800-333-4124, disponible en todo el territorio provincial.