Política
La UNRN declaró la emergencia presupuestaria y salarial
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro emitió, en su primera sesión ordinaria del año, una declaración de emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad.
Votada por unanimidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura «una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad». Al mismo tiempo, denunció una «crítica situación» que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores.
La declaración del Consejo de Programación y Gestión Estratégica además expresó una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazaron el desfinanciamiento como política pública.
En este sentido, el Consejo manifestó su profunda preocupación «por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad».
En este contexto, advierte con especial preocupación «el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior».
«Que esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión», agregaron.
«Que la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades», indicaron los representantes de la UNRN en el Consejo.
«Que, sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes», añadieron.
«Que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público», indicaron.
«Que el presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada restricción presupuestaria para la UNRN. Para el ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento», expresaron.
«Que esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión», explicaron.
«Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país».
«Que, en este contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público».
«Que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente».
«En virtud de lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto».
«Asimismo, reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional».
En ese marco, «expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la sostenibilidad del sistema».
«Del mismo modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil».
Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo Nacional a «asumir la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento del sistema universitario público, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene para el desarrollo del país».
La UNRN reafirma su compromiso con «la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social», concluyeron.
Política
Rutas 22 y 151: Weretilneck y Nación negocian un nuevo esquema jurídico para los corredores
Durante la reunión en Buenos Aires, se planteó la necesidad de una mirada federal para ordenar el funcionamiento de las rutas nacionales en el territorio rionegrino.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, mantuvo este lunes (13/04) una reunión de trabajo clave con el Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. El encuentro tuvo como propósito central avanzar en la definición de un nuevo marco jurídico y operativo para las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151, dos de los corredores más transitados y cuestionados de la región por su estado y la demora en las obras de infraestructura.
Durante el cónclave, se puso el foco en establecer un esquema de funcionamiento con reglas claras y responsabilidades precisas entre las jurisdicciones. Weretilneck insistió en la necesidad de aplicar una mirada federal que entienda las particularidades de la provincia, buscando destrabar soluciones de fondo que permitan mejorar la seguridad vial y la fluidez del transporte de producción, fundamental para la economía rionegrina.
«Estamos trabajando para ordenar el funcionamiento de estos corredores y garantizar que tengan un esquema claro, previsible y acorde a lo que nuestra gente necesita para crecer y desarrollarse», expresó el mandatario tras la reunión.
Para la gestión provincial, «el estado de la 22 y la 151 es una demanda histórica que impacta directamente en la integración de las localidades y en la vida cotidiana de miles de rionegrinos».
Gremios
ATE definió un paro nacional con movilización para el 21 de abril por la reapertura de las paritarias
«Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en reclamo por la reapertura de las paritarias y para rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional que reúne a los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios».
«Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más», completó Aguiar.
La medida de fuerza fue resuelta en la reunión mantenida en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en 1469 (CABA). En los próximos días se definirá la modalidad de acción en cada una de las provincias y la Capital Federal. Además, se definió realizar el 69° Congreso Anual Ordinario de ATE el día jueves 28 de mayo en la Sede Nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527.
Otra de las resoluciones del encuentro fue acompañar la movilización de FATE a Plaza de Mayo el día martes 14 de abril por la puesta en marcha inmediata de la fábrica y en rechazo a la apertura de importaciones indiscriminada.
En esta línea, Aguiar sentenció que «hemos decidido marchar junto a los trabajadores de FATE porque el ajuste no discrimina entre públicos y privados. Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo».
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Política
Ley de Farmacias: Punto por punto, los cambios que impulsa Río Negro
A través de un proyecto de ley, se busca modernizar la normativa vigente, eliminar restricciones y ampliar el acceso a los medicamentos.
El Gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral del sistema de farmacias a través de un proyecto de ley que moderniza la normativa vigente, elimina restricciones y amplía el acceso a los medicamentos. La iniciativa se inscribe en un proceso de actualización que ordena el sistema, incorpora tecnología y genera mejores condiciones para la inversión y la cobertura.
En términos generales, la reforma avanza en tres ejes centrales: más tecnología para simplificar el acceso y mejorar la seguridad, más libertad para invertir y ampliar la oferta, y un esquema más flexible que permite llegar con el servicio a cada rincón de la provincia. El resultado proyectado es un sistema más abierto, con mayor competencia, mejores herramientas y más oportunidades.
A continuación, los principales cambios propuestos:
Receta electrónica y nuevos servicios
Antes: La ley prohibía la dispensa de medicamentos a través de medios informáticos y no contemplaba herramientas digitales.
Ahora: Se establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, se habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio con trazabilidad. Además, se incorporan recetas digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos crónicos.
Envío de medicamentos
Antes: El envío solo estaba permitido entre establecimientos habilitados.
Ahora: Se amplía el esquema y se permite el envío a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio del paciente.
Propiedad de las farmacias
Antes: La titularidad estaba limitada a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicas.
Ahora: Cualquier persona física o jurídica habilitada puede ser titular, manteniendo la exigencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.
Dirección técnica y recursos profesionales
Antes: Un farmacéutico no podía estar a cargo de más de una farmacia, sin excepciones.
Ahora: Se mantiene la regla general, pero se incorpora una excepción para localidades con un único profesional, permitiendo ampliar la cobertura.
Distribución territorial
Antes: Existían restricciones de distancia mínima entre farmacias (200 o 400 metros según población).
Ahora: La instalación, traslado y distribución es libre en todo el territorio provincial, sin limitaciones de ubicación.
Radicación en zonas con menor cobertura
Antes: No había herramientas específicas para fomentar la instalación en localidades alejadas.
Ahora: Se incorporan incentivos para promover nuevas farmacias en zonas donde el servicio es insuficiente.
Traslados y habilitaciones
Antes: El régimen contemplaba permisos específicos para el traslado de farmacias.
Ahora: Se esquema se elimina, simplificando el sistema y dando mayor flexibilidad.
Adecuación al nuevo régimen
Antes: Las farmacias ya habilitadas podían continuar bajo las condiciones originales.
Ahora: Todas las farmacias deberán adecuarse al nuevo marco normativo.
Provisión de medicamentos
Antes: No estaba contemplada la posibilidad de que PROFARSE provea directamente a farmacias o mediante droguerías.
Ahora: Se habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de forma directa o a través de convenios con droguerías, tanto para la población hospitalaria como en general, fortaleciendo el abastecimiento y el acceso.
