Sociedad
Mango apoya proyecto de despenalización de la marihuana para uso terapéutico
Fue presentado por 14 Diputados Nacionales de distintos bloques políticos y está siendo analizado en la Cámara.
El legislador Marcelo Mango (FpV), presentó un nuevo proyecto legislativo de comunicación, dirigido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, respecto del apoyo al tratamiento y aprobación de la “Despenalización del consumo de marihuana para uso terapéutico”. La iniciativa legislativa, brinda apoyo al proyecto 147-D-2016 presentado por Diputados Nacionales de distintos bloques políticos, entre ellos: Diana Conti, Juan Manuel Pedrini, Ana Gaillard, Lautaro Gervasoni, Gabriela Troiano, Adrian Grana, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Nilda Garre, Juliana Di Tullio, Alejandro Ramos, Myriam Bregman, Luis Cigogna y Alcira Argumedo.
Al respecto, el legislador explicó que “la Legislatura de Río Negro debe acompañar esta iniciativa que contribuye a mejorar la calidad de vida de cientos de argentinos que padecen distintas enfermedades, facilitándoles la adquisición legal de los productos medicinales derivados de la marihuana. A su vez, la iniciativa logrará que el Estado ponga el foco de atención en la lucha contra el narcotráfico y no en la persecución y criminalización de los ciudadanos que consumen el cannabis para hacer frente a sus problemas de salud”, remarcó Mango.
El proyecto está siendo analizado en la Cámara de Diputados de la Nación, y el pasado 13 de junio los integrantes de la comisión de Salud organizaron una reunión con enfermos, médicos, cultivadores, militantes cannábicos, abogados, jueces y otros funcionarios para compartir información y experiencias sobre el uso medicinal del cannabis. Los legisladores escucharon más de 20 testimonios con argumentaciones y reclamos para que el Estado se haga cargo del tema, ya que hay cientos de enfermos que caminan en la cornisa de lo legal para acceder a los productos medicinales de la marihuana.
Cabe señalar, que ya han manifestado su apoyo e impulsan la aprobación de este proyecto de ley, médicos, investigadores y familiares de pacientes que experimentan con derivados del cultivo para tratar distintas enfermedades. Asimismo, entienden que es el momento propicio para dar el debate sobre la no criminalización del uso terapéutico de la planta de cannabis. Al respecto, “el Dr. Carlos Chiale, titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que ya otorgó 85 permisos para importar el aceite desde Estados Unidos, fue contundente: «Esta ley tiene que salir ayer. No hay que esperar más», versa en el proyecto legislativo.
En un mismo sentido, Mango opinó que “Argentina se encuentra atrasada en este tema respecto de otros países de la región y del mundo como por ejemplo, Colombia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Holanda, Canadá y Australia. En tanto, Uruguay fue el primer país de la región que, en el año 2014, no sólo fue legalizada la marihuana, sino que el Estado se hace cargo del control, distribución y educación sobre el uso del cannabis”. En tanto, especialistas, sostienen que la ciencia ha avanzado y que la prohibición y punición de la tenencia de cannabis para uso terapéutico debe terminar en nuestro país, ya que cada vez toman más fuerza los testimonios y experiencias positivas en tratamientos paliativos de pacientes oncológicos o con enfermedades como VIH sida, epilepsia, anorexia y otros. Asimismo, aseguran que el uso del cannabis ha mejorado la calidad de vida de las personas enfermas, reduciendo dolores y diferentes síntomas.
Por caso, el 17 de febrero pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó la importación de aceite de cannabis para cinco pacientes que conviven con epilepsia refractaria. Entre ellas se encuentra Josefina una niña de 3 años con una encefalopatía epiléptica infantil, conocida como el Síndrome de West, que con el uso del aceite de cannabis logró mejorar su calidad de vida y disminuir la cantidad de espasmos que sufría de 600 a menos de 20 por día. La enfermedad es una alteración cerebral poco frecuente, cuyos rasgos principales son los espasmos epilépticos y el retraso del desarrollo psicomotor y es considerada una “enfermedad rara” que afecta a uno de cada 5 mil nacidos.
Las madres de los niños que padecen epilepsia refractaria reclamaron que el Estado se involucre que «es inmoral seguir negándonos un privilegio. La ciencia y la política se tienen que ajustar a nosotros», e insistieron que «el derecho a la salud no se le puede negar a nadie». Los neurólogos presentes pidieron a los diputados que avancen con la sanción de la ley ya que «existe una posibilidad de mejorar la vida de esta gente, no lo impidamos» y también afirmaron que “se venden medicamentos que no logran ni el 20% de mejora en chicos con epilepsia, el cannabis lo hace en un 40% o 50%. Sentimos vergüenza de tener que medicar con cannabis a escondidas».
Según la opinión de médicos que apoyan la iniciativa, hay muchas afecciones que la ciencia no puede curar y dolores que no puede calmar y sostuvieron que el uso medicinal del cannabis tiene que representar una oportunidad y no una preocupación.
Proyecto Nacional para la despenalización del consumo, tenencia y producción de cannabis
La Diputada Nacional del Frente para la Victoria Diana Conti, acompañada de legisladores de distintos bloques, presentó a principios del corriente año un proyecto de ley para despenalizar el consumo, la tenencia y la producción de la planta de cannabis para fines terapéuticos. La iniciativa propone incorporar a la ley nacional de estupefacientes 23.737 el artículo 29 QUÁTER, que textualmente propone:
Art. 29 QUÁTER.- Se considerará legítima y autorizada la comisión de las conductas descriptas en los artículos 5 excepto los incisos c) y d), 10, 14 y 28 de la presente ley, ejercidas con la planta de cannabis sativa en todas sus variedades y compuestos activos, cuando la misma sea utilizada con fines terapéuticos o para la investigación de su posible eficacia como medicación terapéutica o para el control de síntomas o cuidados paliativos. Las conductas antes descriptas serán reglamentadas por la autoridad competente.
En sus fundamentos, el proyecto de la diputada Conti sostiene que «los antecedentes empíricos revelan que la utilización de compuestos cannabinoides y químicos de tetrahidrocannabinol (THC) han tenido resultados positivos para el tratamiento de ciertas afecciones. En particular, la propuesta considera que algunas de las virtudes terapéuticas que se atribuyen al cannabis son, por ejemplo, el alivio de la ansiedad y la reducción de las náuseas provocadas por la quimioterapia. Además, retoma los resultados de estudios que arrojan los beneficios que proporciona el cannabis medicinal para disminuir el insomnio y distintas dolencias».
Municipio de Gral. la Madrid proyecta producción y distribución de extractos para uso terapéutico
A partir de casos como los que se hicieron públicos recientemente y por la creciente demanda de la planta de marihuana para uso medicinal, el intendente de General La Madrid, Martín Randazzo, puso en marcha un proyecto en conjunto con la Universidad de La Plata y el Conicet para la producción y distribución del extracto de la planta para su uso terapéutico. Este Municipio, busca impulsar la producción a nivel local y convertirse en la primera ciudad de la Argentina que cultiva marihuana con fines medicinales, con el desafío de lograr una producción nacional que abarate costos y que permita a toda persona que lo necesite acceder sin tener que acudir a la importación.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
