El legislador rionegrino Marcelo Mango (FpV) elaboró una nueva iniciativa legislativa para que se reconozca a los trabajadores estatales el derecho a percibir un interés por mora si sus salarios son abonados una vez vencidos los plazos máximos establecidos por ley. En este sentido, el proyecto legislativo destaca que el Estado Provincial debe abonar los haberes a todos sus trabajadores dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles, posteriores al vencimiento de cada mes calendario. “En ninguna circunstancia el Estado debe incumplir las leyes y mucho menos en esta situación”, declaró el diputado provincial Mango.

Tal como versa en el proyecto legislativo, el Poder Ejecutivo Provincial debe pagar en tiempo y forma los salarios en concordancia con la Ley Nº 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo (LCT), que en su Artículo 128 establece: “Plazo. El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal”. Por su parte, legislador rionegrino del FpV explicó que “el gobierno tuvo que modificar el cronograma y postergar el pago del mes de julio debido a falta de recursos financieros. Además en el primer semestre de este año, las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional generaron impacto negativo en la ciudadanía en general y sobre todo en los trabajadores que son quienes más sufren los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, la caída del salario real y la inflación”.

Finalizado el primer semestre de este año, los datos de las cuentas rionegrinas arrojan un rojo de algo más de 850 millones de pesos. Al respecto, el diputado Marcelo Mango recordó que “esta situación de fuerte déficit, ha llevado a la provincia a recurrir al endeudamiento, para lo cual el Poder Ejecutivo solicitó a la Legislatura autorización para emitir 650 millones más en Letras del Tesoro para cubrir gastos corrientes, el pago a proveedores y abonar salarios. También a propuesta del Ejecutivo con acuerdo de ministros, el oficialismo aprobó la ampliación de los topes para el sobregiro en descubierto desde la cuenta bancaria del Estado Rionegrino”.

Mango, también explicó que “el plazo de pago es el término perentorio, máximo e improrrogable, que tiene el empleador para hacer efectivo los salarios devengados. Por lo tanto, la falta de pago dentro de los plazos legales produce automáticamente una mora en favor de los trabajadores y las trabajadoras, que debe ser reconocida por el Estado. Por otra parte debemos recordar el carácter alimentario del salario y demás beneficios, como así también que el trabajador no es un inversionista que dispone libremente de sus ahorros, sino que depende de su salario y por lo tanto, al verse privado del mismo, se lo fuerza a padecer una situación en contra de su voluntad.”

«En la provincia de Río Negro durante la década del 90 y gran parte de la primera década del siglo XXI los retrasos por parte del Estado en el pago de los haberes de los trabajadores generaron profundos perjuicios para estos y también para los derechos y servicios que debía garantizar y brindar el Estado provincial», recordó el legislador Marcelo Mango.

Degradación e involución del salario en el nuevo contexto nacional

Según un informe de CEPA (Centro de Economía Política Argentina) desde 2.003 hasta el final de 2.015, el salario registrado promedio real ganó un 56% en relación al mayor cálculo de inflación (IPC Congreso). Si los salarios le ganaron a ese cálculo exagerado de inflación de la oposición en el Congreso, no hay discusión respecto del triunfo del poder adquisitivo de los asalariados respecto a la inflación. Las políticas de promoción del mercado interno fueron claves para consolidar un panorama de mejora salarial con disminución del desempleo, todo lo contrario a lo que ocurre en la actual gestión del gobierno nacional.

Según los datos elaborados por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), la inflación anual, tomado el periodo mayo 2.015- mayo 2.016 es de un 44.1 %. Al desagregar dichos datos nos encontramos con que los aumentos más importantes se han dado en alimentos un 27.8 %, viviendas y servicios 19.7 % y transporte y comunicaciones 16.9 % lo que hace un total del 64.4 %. Además esta escalada inflacionaria tiene un impacto diferenciado según los niveles de ingresos: en el 10 % de los sectores de menores ingresos el impacto es del 49.9 %, en el promedio de los asalariados registrados es del 44,1 %, mientras que en el 10 % de mayores ingresos representa un 40.9 %. (IET: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los trabajadores -ENGHO, INDEC 2.012-2.013- Dirección de Estadísticas de CABA, Dirección de Estadísticas de San Luis relevamiento propios de precios).

Las cifras publicadas por el INDEC marcan una inflación del 4.2 % en mayo de este año y el índice de Precios al Consumidor para la CABA y los partidos del Gran Buenos Aires registran una variación 3.2 % de aumento en los precios de alimentos y bebidas. También existen datos de algunas consultoras privadas que pronostican una inflación anual muy cercana al 40 %. Por ejemplo Econometría pronostica una inflación del 40,9 %, Fundación Capital del 39,9 %, Goldman Sachs 39,8 %, Ecolatina 39 %. (Diario “La Nación”, 16 de junio de 2.016).

Si en 2.004 hubo sólo 348 negociaciones colectivas que abarcaban a 1,2 millones de trabajadores, durante 2.015 se efectuaron 1.957 negociaciones colectivas abarcando a 4,6 millones, mostrando una promoción desde el Estado y como herramienta de mejora de ingresos y bienestar social que no ocurre en esta etapa. Por otro lado el promedio de los acuerdos paritario entre los trabajadores estatales y el Estado rionegrino no el 34 %, con lo cual la pérdida de salario real es altamente significativa transcurrido la primera mitad del año.

Como concluye CEPA entre diciembre de 2.015 y los primeros meses de 2.016 operó una devaluación de alrededor del 50 %, situación que no se veía con tanta fuerza en la Argentina desde 1.975 con el “rodrigazo”. Un cambio fuerte en los precios de la moneda extranjera, de las tarifas, disminución del salario en dólares, aumento del desempleo y merma en el consumo. En este contexto el atraso en el cobro del haber mensual y en la liquidación del aguinaldo como ha ocurrido recientemente, profundizan aún más la precarización económica de amplios sectores sociales.