Río Negro
Mango pide que se le pague con intereses por mora a los estatales rionegrinos
El proyecto legislativo destaca que el Estado Provincial debe abonar los haberes a todos sus trabajadores dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles.
El legislador rionegrino Marcelo Mango (FpV) elaboró una nueva iniciativa legislativa para que se reconozca a los trabajadores estatales el derecho a percibir un interés por mora si sus salarios son abonados una vez vencidos los plazos máximos establecidos por ley. En este sentido, el proyecto legislativo destaca que el Estado Provincial debe abonar los haberes a todos sus trabajadores dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles, posteriores al vencimiento de cada mes calendario. “En ninguna circunstancia el Estado debe incumplir las leyes y mucho menos en esta situación”, declaró el diputado provincial Mango.
Tal como versa en el proyecto legislativo, el Poder Ejecutivo Provincial debe pagar en tiempo y forma los salarios en concordancia con la Ley Nº 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo (LCT), que en su Artículo 128 establece: “Plazo. El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal”. Por su parte, legislador rionegrino del FpV explicó que “el gobierno tuvo que modificar el cronograma y postergar el pago del mes de julio debido a falta de recursos financieros. Además en el primer semestre de este año, las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional generaron impacto negativo en la ciudadanía en general y sobre todo en los trabajadores que son quienes más sufren los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, la caída del salario real y la inflación”.
Finalizado el primer semestre de este año, los datos de las cuentas rionegrinas arrojan un rojo de algo más de 850 millones de pesos. Al respecto, el diputado Marcelo Mango recordó que “esta situación de fuerte déficit, ha llevado a la provincia a recurrir al endeudamiento, para lo cual el Poder Ejecutivo solicitó a la Legislatura autorización para emitir 650 millones más en Letras del Tesoro para cubrir gastos corrientes, el pago a proveedores y abonar salarios. También a propuesta del Ejecutivo con acuerdo de ministros, el oficialismo aprobó la ampliación de los topes para el sobregiro en descubierto desde la cuenta bancaria del Estado Rionegrino”.
Mango, también explicó que “el plazo de pago es el término perentorio, máximo e improrrogable, que tiene el empleador para hacer efectivo los salarios devengados. Por lo tanto, la falta de pago dentro de los plazos legales produce automáticamente una mora en favor de los trabajadores y las trabajadoras, que debe ser reconocida por el Estado. Por otra parte debemos recordar el carácter alimentario del salario y demás beneficios, como así también que el trabajador no es un inversionista que dispone libremente de sus ahorros, sino que depende de su salario y por lo tanto, al verse privado del mismo, se lo fuerza a padecer una situación en contra de su voluntad.”
«En la provincia de Río Negro durante la década del 90 y gran parte de la primera década del siglo XXI los retrasos por parte del Estado en el pago de los haberes de los trabajadores generaron profundos perjuicios para estos y también para los derechos y servicios que debía garantizar y brindar el Estado provincial», recordó el legislador Marcelo Mango.
Degradación e involución del salario en el nuevo contexto nacional
Según un informe de CEPA (Centro de Economía Política Argentina) desde 2.003 hasta el final de 2.015, el salario registrado promedio real ganó un 56% en relación al mayor cálculo de inflación (IPC Congreso). Si los salarios le ganaron a ese cálculo exagerado de inflación de la oposición en el Congreso, no hay discusión respecto del triunfo del poder adquisitivo de los asalariados respecto a la inflación. Las políticas de promoción del mercado interno fueron claves para consolidar un panorama de mejora salarial con disminución del desempleo, todo lo contrario a lo que ocurre en la actual gestión del gobierno nacional.
Según los datos elaborados por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), la inflación anual, tomado el periodo mayo 2.015- mayo 2.016 es de un 44.1 %. Al desagregar dichos datos nos encontramos con que los aumentos más importantes se han dado en alimentos un 27.8 %, viviendas y servicios 19.7 % y transporte y comunicaciones 16.9 % lo que hace un total del 64.4 %. Además esta escalada inflacionaria tiene un impacto diferenciado según los niveles de ingresos: en el 10 % de los sectores de menores ingresos el impacto es del 49.9 %, en el promedio de los asalariados registrados es del 44,1 %, mientras que en el 10 % de mayores ingresos representa un 40.9 %. (IET: elaboración propia en base a la estructura de gastos del conjunto de los trabajadores -ENGHO, INDEC 2.012-2.013- Dirección de Estadísticas de CABA, Dirección de Estadísticas de San Luis relevamiento propios de precios).
Las cifras publicadas por el INDEC marcan una inflación del 4.2 % en mayo de este año y el índice de Precios al Consumidor para la CABA y los partidos del Gran Buenos Aires registran una variación 3.2 % de aumento en los precios de alimentos y bebidas. También existen datos de algunas consultoras privadas que pronostican una inflación anual muy cercana al 40 %. Por ejemplo Econometría pronostica una inflación del 40,9 %, Fundación Capital del 39,9 %, Goldman Sachs 39,8 %, Ecolatina 39 %. (Diario “La Nación”, 16 de junio de 2.016).
Si en 2.004 hubo sólo 348 negociaciones colectivas que abarcaban a 1,2 millones de trabajadores, durante 2.015 se efectuaron 1.957 negociaciones colectivas abarcando a 4,6 millones, mostrando una promoción desde el Estado y como herramienta de mejora de ingresos y bienestar social que no ocurre en esta etapa. Por otro lado el promedio de los acuerdos paritario entre los trabajadores estatales y el Estado rionegrino no el 34 %, con lo cual la pérdida de salario real es altamente significativa transcurrido la primera mitad del año.
Como concluye CEPA entre diciembre de 2.015 y los primeros meses de 2.016 operó una devaluación de alrededor del 50 %, situación que no se veía con tanta fuerza en la Argentina desde 1.975 con el “rodrigazo”. Un cambio fuerte en los precios de la moneda extranjera, de las tarifas, disminución del salario en dólares, aumento del desempleo y merma en el consumo. En este contexto el atraso en el cobro del haber mensual y en la liquidación del aguinaldo como ha ocurrido recientemente, profundizan aún más la precarización económica de amplios sectores sociales.
Río Negro
Continúa la obra del VMOS tras completarse la última soldadura automática
El proyecto une en esta etapa Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros.
Tras la finalización de la última soldadura automática, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) mantiene su ritmo de ejecución con tareas en distintos puntos del trazado y en la terminal de Punta Colorada. La obra, que atraviesa el territorio rionegrino, consolida la infraestructura clave para la exportación del crudo de Vaca Muerta.
El proyecto, que une en esta etapa Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros, alcanzó un nuevo hito técnico y en paralelo mantiene en ejecución tareas vinculadas a pruebas hidráulicas, obras civiles y montaje de instalaciones. La semana pasada, durante un encuentro con proveedores locales en Cipolletti, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, apuntó que la obra en general tiene un grado de avance del 38%.
En los tramos iniciales, entre Allen y Chelforó, se completaron las pruebas hidráulicas y se avanza en el soplado de fibra óptica y los empalmes de cañería, mientras que el tramo Chelforó–Punta Colorada se prepara para el inicio de la fase constructiva final, previsto una vez otorgado el permiso definitivo para el cruce del río Negro.
Frentes activos en estaciones y terminales
Según se informó desde el área de Hidocarburos provincial, en la cabecera de bombeo de Allen, se desarrollan tareas de movimiento de suelo, montaje de tanques y fundaciones eléctricas, además del prefabricado de cañerías y drenajes.
Simultáneamente, en la estación de bombeo de Chelforó (EB1) se trabaja en la instalación de bases premoldeadas, bandejas de conducción, pórticos eléctricos y fundaciones de sala técnica, con avances visibles en las obras de hormigón y soldaduras de ajuste.
La terminal de exportación de Punta Colorada, ubicada en el Golfo San Matías, concentra actualmente el mayor volumen de tareas. Allí se construyen seis tanques de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos cada uno, con distintos grados de avance. Dos de ellos ya completaron las estructuras principales, mientras los restantes avanzan en etapas de impermeabilización, protección catódica y montaje de domos.
El predio incluye además caminos internos, obras de drenaje y servicios, junto a la instalación de monoboyas mar adentro que permitirán la carga de buques de gran porte.
Un proyecto que integra a Río Negro al futuro energético
El Oleoducto Vaca Muerta Sur se consolida como la infraestructura más importante en ejecución para ampliar la capacidad de transporte y exportación del petróleo argentino. Con una inversión estimada en 2.000 millones de dólares, el sistema contará con cuatro estaciones de bombeo, 28 válvulas de bloqueo y una capacidad inicial de 390.000 barriles diarios, ampliable a 550.000 en 2027.
El Gobierno de Río Negro acompaña este proceso promoviendo la participación de empresas y trabajadores rionegrinos en la cadena de valor del proyecto, tanto en su etapa constructiva como en la futura operación.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
