Río Negro
El gobierno emitió un comunicado manifestando su dolor por la muerte de Lucas Muñoz
Ratificaron su respaldo a Pérez Estevan y Altuna. «Aquellos policías que no cumplan con la Ley, serán separados de la fuerza», indicaron.
El Gobierno de Río Negro, a través de un comunicado de prensa, expresó su «profunda consternación por el crimen del oficial de la Policía provincial Lucas Muñoz, en circunstancias que son motivo de investigación y análisis por parte del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad convocadas». En tal sentido, indicaron que «acompañan el sentimiento de dolor e impotencia de familiares y amigos del joven efectivo policial en tan doloroso momento, ratificando el compromiso en la búsqueda de la verdad que lleve al castigo del o los culpables de este hecho».
«Desde el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía, se ha brindado toda la colaboración correspondiente a las autoridades judiciales en el proceso de investigación llevado adelante hasta el momento. Por ese motivo, desde la plana mayor y a raíz de las medidas judiciales requeridas por el Dr. Guillermo Lista se tomaron las medidas pertinentes para separar del cargo preventivamente a siete oficiales de la fuerza», agregaron. En este marco, ratifican «el compromiso de avanzar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad respecto de este lamentable suceso que ha conmocionado a la Policía y al Gobierno en general».
«Cabe destacar que la labor investigativa de la Policía en colaboración con la Justicia, permitió descubrir la adulteración del libro de guardia de la Comisaría 42º, la realización de allanamiento ilegal por parte de dos efectivos, la maniobra con la compra de una línea telefónica a nombre del oficial Muñoz, además de otra serie de elementos que se encuentran en el expediente judicial junto a otras pruebas que han sido aportadas por la propia fuerza de seguridad provincial», añadieron.
Asimismo, el Gobierno Provincial «reitera el respaldo al accionar del ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el jefe de Policía, Mario Altuna, y el subjefe Crio. Daniel Jara; al tiempo que se ratifica su confianza en el trabajo de la Policía de Río Negro en general. Día a día, miles de policías rionegrinos trabajan por la seguridad de sus comprovincianos, poniendo en riesgo su integridad física y hasta su vida, dando muestras cabales del compromiso con el uniforme pero principalmente con la sociedad. Por ello, hay que evitar generalizaciones que dañan a la institución y afectan su vínculo con la comunidad. Precisamente, el Gobierno Provincial está tomando y tomará todas las medidas necesarias para corregir las conductas impropias, ratificando que no habrá concesiones para con quienes hayan sido partícipes de cualquier tipo de irregularidad».
«Como ha sucedido durante toda esta gestión de Gobierno, aquellos efectivos policiales que no cumplan con la Ley Orgánica de la Policía, la Constitución Provincial o las leyes vigentes, serán separados de la fuerza y puestos a disposición de la Justicia, como corresponde».
«En este marco, ya se ha iniciado un fuerte proceso de restructuración de la Policía de Bariloche, de manera tal de recomponer la confianza de la sociedad en el accionar de la fuerza de seguridad, que siempre ha cumplido una comprometida tarea. Entre los buenos policías y el Gobierno se sacará adelante a la fuerza de seguridad provincial tras esta situación que le toca afrontar. Asimismo, se lamenta el hecho que algunos sectores políticos utilicen este doloroso y grave suceso tratando de generar mayor confusión y obtener así algún tipo de rédito con planteos y reclamos que no contribuyen a resolver el crimen y encontrar la verdad», concluyeron.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
