Judiciales
Incendio de Tribunales: Resolvieron procesamiento con prisión preventiva para seis de los imputados
Están acusados de incendiar intencionalmente el Poder Judicial de Viedma el 26 de julio el año pasado.
El Juez de Ejecución Penal a cargo del Juzgado N° 8, Ignacio Gandolfi, resolvió ordenar el procesamiento y la prisión preventiva de Ricardo Fabricio Colman, Ricardo Iván Colman, Ricardo Iván Becerra, Roberto Gustavo Morales Paz e Ignacio Javier Galiano por estimarlos coautores penalmente responsables del delito tipificado en el art. 186 inc. 1º y 3º (incendio e incendio de archivo público) y 45 del Código Penal, debiendo continuar alojados en el Complejo Penal N° 1, a excepción de Ignacio Galiano que permanecerá en la Comisaría Primera de esta ciudad.
Por otro lado el juez Gandolfi, resolvió ordenar el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Dante Salinas por estimarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, tipificado en el art. 277 del Código Penal, debiendo continuar alojado también en el Complejo Penal N° 1 de Viedma.
Por último, el Juez decidió el procesamiento sin prisión preventiva de María Daniela Vivas por considerarla, en esta instancia, autora penalmente responsable del delito de encubrimiento, tipificado en el art.277º inc. a) del Código Penal. Se le impuso estrictas pautas de conducta y presentaciones constantes.
Con respecto a los hechos el denominado como número uno es aquel que se atribuye a los hermanos Colman, Becerra, Morales Paz: “En la ciudad de Viedma, en fecha 26/07/15, en un horario que no se puede precisar con exactitud pero comprendido entre las 04.30 y las 06.32 hs.(…) accedieron al techo del pasillo que comunica la Escuela de Capacitación y el Nivel N° 1 del Edificio del Poder Judicial (…) para luego ingresar a las dependencias del Juzgado de Instrucción N° 4, Nivel 3. Luego de ello, procedieron a rociar combustible (Hidrocarburo derivado de petróleo) en las instalaciones de la magistratura mencionada, y prender fuego en la oficina antes mencionada por la cual ingresaron, para en forma inmediata egresar por el mismo, para darse rápidamente a la fuga”. En cuanto a Galiano, en referencia al mismo hecho se le atribuye que “en esta ciudad en fecha y hora que aún no se ha podido determinar pero previa al 26/07/2015 encargó a los antes nombrados, bajo promesa de pago de una suma de dinero no determinada aún, el incendio del Juzgado de Instrucción N° 4, con el objetivo de destruir la totalidad de las instalaciones, en especial los expedientes que allí tramitaban”.
Por su parte a Salinas se lo imputa porque “ayudó a Ignacio Javier Galiano a eludir la investigación del incendio perpetrado el 26/07/15 en las instalaciones del Juzgado de Instrucción Nº 4, (…) cometido por Ricardo Ivan Becerra-Chanchi- Ricardo Fabricio Colman, Ricardo Ivan Colman y Roberto Gustavo Morales Paz – Tito- y encargado por el mencionada Galiano. Ello mediante la intermediación de Salinas a favor de Galiano cuando los autores materiales del hecho, a través de Fabricio Colman, le exigieron a Galiano el pago de la suma de dinero prometida por la comisión del incendio. Dichas exigencias fueron en reiteradas comunicaciones telefónicas (…) Salinas ayudó a Galiano al intentar deslindar a éste de la pesquisa del incendio a través del suministro a otro policía (…) quien se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de esta ciudad, de información respecto al hecho, excluyendo a Galiano y responsabilizando únicamente a los autores materiales así como a otras personas no identificadas aún”.
A María Daniela Vivas se le atribuye que ayudó a Javier Ignacio Galiano a eludir la investigación del incendio. Dice la resolución que se produjo “mediante la colaboración y asistencia a Galiano en la elaboración de tácticas y estrategias que lo desvincularán de la investigación del hecho mencionado del que él formó parte , toda vez que de las reiteradas comunicaciones telefónicas mantenidas con Galiano – en su evidente estrecha relación- así como con Gustavo Salinas, surge el conocimiento de Vivas del hecho del incendio del Juzgado, así como de sus autores.
Judiciales
Ordenan terminar con agravios en redes sociales y derivan un conflicto vecinal a mediación
El conflicto incluyó acusaciones públicas en Facebook y reclamos vinculados a una bicicleta.
Un juzgado de Paz dictó medidas preventivas para poner fin a un conflicto vecinal que derivó en agravios públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Para apaciguar la escalada de violencia digital utilizó la Ley Contravencional, que permite resoluciones más rápidas ante situaciones de menor gravedad.
La actuación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla en la vía pública y de publicar mensajes agraviantes en Facebook. La calificaba de «chorra». Según la denunciante, los comentarios también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.
El origen del conflicto estaría vinculado a una bicicleta que permaneció en la chacra de la señora que inició la demanda. En una audiencia realizada posteriormente, la mujer denunciada sostuvo que le «prestó» ese rodado, pero luego alegó que «nunca me la pagó». Además, reconoció haber realizado publicaciones injuriantes en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.
La jueza de Paz de Conesa recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de continuar con una acción de instancia privada, las partes deben recurrir a mecanismos autocompositivos como la mediación o la conciliación para intentar recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social.
Como medida cautelar y preventiva, ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, proferir agravios o realizar reclamos personales, tanto en espacios públicos como privados. También dispuso que no efectúen comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar hostilidad, degradación o humillación hacia la otra parte.
Asimismo, resolvió remitir las actuaciones al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para que intervenga en la búsqueda de una solución consensuada.
La resolución advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, trabajo comunitario, multas o arresto.
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Judiciales
Entregó una Ranger con infracciones de tránsito y el Juzgado de Paz lo condenó a reintegrar los gastos
El fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses.
Una concesionaria recibió una Ford Ranger usada como parte de pago por la venta de una camioneta 0 km. Todo parecía encaminado hasta que la empresa intentó transferir el vehículo a su nombre. El trámite quedó trabado por deudas e infracciones anteriores a la entrega de la unidad.
La empresa automotriz reclamó al vendedor que regularizara la situación, pero no obtuvo una solución. Con la transferencia paralizada, la firma terminó por pagar una infracción de tránsito y los intereses punitorios de patente para poder avanzar con la inscripción registral. Finalmente la sociedad anónima inició una demanda de menor cuantía.
El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar a la acción por el reintegro de las sumas que la empresa debió afrontar para completar la transferencia registral del vehículo usado.
La concesionaria afirmó que, ante la negativa del hombre a regularizar la situación, tuvo que abonar una multa de tránsito para destrabar la transferencia. Además, señaló que la demora generó intereses punitorios por deuda de patente.
Previamente, realizó reclamos extrajudiciales, tanto telefónicos como mediante cartas documento. Incluso se desarrollaron instancias de mediación sin alcanzar un acuerdo. Finalmente, decidió efectuar los pagos por su cuenta y se reservó el derecho de reclamar posteriormente el reintegro de esas sumas.
Durante el trámite judicial, el hombre fue debidamente notificado, pero no se presentó a la audiencia ni contestó la demanda. En virtud de las reglas procesales aplicables a los procesos de menor cuantía, esa ausencia produjo el reconocimiento de los hechos narrados por la empresa.
El juez de Paz analizó, además, la documentación presentada y la prueba informativa incorporada al expediente.
Entre los elementos valorados se encontraron informes registrales, cartas documento intercambiadas entre las partes y la declaración del gestor que intervino en la transferencia del vehículo. Esa prueba permitió corroborar que el dominio registraba deudas que obstaculizaban la inscripción y que la firma efectivamente realizó gestiones y pagos para superar esos impedimentos.
Al evaluar los rubros reclamados, el magistrado consideró plenamente acreditado el pago de la infracción de tránsito. También entendió probado el reclamo por intereses punitorios derivados de la deuda de patente.
Como resultado, el fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses. Finalmente, se dispuso la notificación de las partes y se informó que la sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal previsto.
