Río Negro
En la audiencia pública, la Defensora dijo que «las tarifas deben tener en cuenta la realidad económica y social»
Nadina Díaz, Defensora del Pueblo de Río Negro, representó a la Provincia y a Neuquén y Chubut en la audiencia pública del pasado viernes.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, reivindicó el pasado viernes la necesidad de que la «Patagonia tenga un tratamiento diferenciado al resto del país en materia de tarifa de gas». Sostuvo que «los aumentos fueron arbitrarios en un servicio público que constituye un derecho humano básico».
Nadina Díaz habló en el marco de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para el tratamiento del nuevo cuadro tarifario para el gas dispuesto por el Gobierno Nacional y que generó la presentación de recursos de amparo en el ámbito de la Justicia Federal. La Defensora rionegrina asumió en este ámbito la representación de los Defensores de Neuquén y Chubut, exponiendo la posición de los organismos de control en torno a este debate nacional.
Expresó en su exposición que «la necesidad insoslayable de debatir la cuestión de fondo que es la afectación económica y social que los aumentos implican. Esta decisión atraviesa transversalmente a la familia, a la salud, a la educación, a los pequeños comerciantes, a los clubes de barrio, cooperativas, a las pymes, a la sociedad en su conjunto».
Luego de señalar la presentación de amparos para resguardar a los usuarios, expreso la necesidad de que cada decisión del Gobierno Nacional debe contemplar necesariamente al ser humano como único destinatario de los efectos de sus decisiones. «No podemos vaciar de contenido cada una de las medidas y que estas expresen solamente el resultado de una ecuación económica», sostuvo.
Dijo que «hay sectores de la sociedad que no están en condiciones de asumir este costo adicional, por ello señalamos la necesidad de que cada acción del estado tenga la necesaria cuota de racionalidad y sensibilidad».
Seguidamente dejó sentada la necesidad de la discusión regional para la aplicación de cualquier modificación en las tarifas de servicios públicos y reclamó que «se explicite la estructura de costos que determina el precio de gas en boca de pozo, cifra hoy muy superior al costo internacional».
Señaló además «la necesidad de que el Enargás asuma su objetivo principal motivo de su creación que es la adecuada protección de los derechos de los consumidores, ente que hoy tiene una virtual ausencia en la Patagonia».
Dijo que en esta región el clima impacta fuertemente en cada hogar. «Es por eso que no puede haber racionalidad en las decisiones si no se contemplan las desigualdades territoriales. La tarifa no puede ser una consecuencia aritmética. Debe ponderar indefectiblemente estas características por que sino cualquier decisión volverá a ser arbitraria desde lo económico y lo social».
Sostuvo en este sentido que «el costo de vida en el sur del país es mayor que en otras región por lo que esta diferenciación no debe verse como un privilegio sino como una cuestión de equidad».
Luego de reclamar que «las Provincias no pueden ser ajenas a estas decisiones por tener el dominio originario de sus recursos naturales y pasar a ser partícipes activos de las decisiones en materia hidrocarburífera, recordó los aspectos centrales en los que se fundamentaron los tres amparos por los que se reclamó la nulidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos».
Se señaló en las acciones judiciales que se trataba de «actos administrativos ilegales y que vulneraban la protección económica y social de los usuarios al desconocer los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad racionalidad y legalidad».
Agregó que «además no se tuvo en cuenta a aquellos usuarios que deben abastecerse de garrafas y tubos que quedaron sujetos también a aumentos en los valores».
«Aun ahora a la luz de las modificaciones que se pretenden introducir para morigerar los impactos, sostenemos que todo aumento debe tener su cuota de racionalidad y progresividad y que coadyuve a la recuperación salarial de todos los trabajadores».
«Lo que más debe movilizarnos es el claro y justo reclamo social de lo que menos tienen, de los que por vivir en regiones frías y alejadas, son los más afectados. El reclamo es sencillo y directo. Dispongamos de tarifas racionales que contemplen la necesidad de ir adecuado los valores reales del producto pero que también tengan en cuenta la realidad de cada hogar, de aquellos que viven en regiones como la Patagonia, donde el frío impera y las condiciones sociales, económicas y de infraestructura de servicio, hacen necesario un tratamiento diferenciado».
«Tengamos una mirada más abarcativa ya que no solo son fríos los números. Hace frío en miles de hogares argentinos», concluyó Nadina Díaz.
Política
Reunión de Gabinete: Avances en turismo, obras y seguridad
También se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas; entre ellas, el plan director de agua para Roca.
El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de Gabinete en Viedma, donde se repasaron los trabajos de cada área de la provincia, destacándose la creación de una nueva Agencia de Turismo, más obra pública con financiamiento internacional y los refuerzos realizados en materia de seguridad.
Estuvieron presentes en la reunión los ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Modernización, Milton Dumrauf; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; la scretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Medios, Gustavo Glave; y la subsecretaria de Publicidad y Comunicación Digital, Melisa González.
En relación al turismo, el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, valoró la decisión de Weretilneck de impulsar la creación de la Agencia de Turismo Provincial. «La Agencia estará integrada por un directorio de 14 miembros, de los cuales 10 serán representantes del sector privado. El objetivo es que los privados marquen la agenda turística de cada región, y el Estado acompañe ese trabajo», explicó López.
Durante el encuentro también se abordó el avance en la gestión de financiamiento internacional para distintas obras estratégicas. Entre ellas, se destacan los planes directores de agua para General Roca, El Bolsón, Dina Huapi y Bariloche; la construcción del Centro Cultural de Viedma; y mejoras en los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma.
En cuanto a seguridad, López adelantó que la Legislatura trabaja en un proyecto de ley de reiterancia para responder a la demanda social frente a la reincidencia delictiva. «Muchas veces la Policía realiza su tarea, investiga y detiene al delincuente, pero este recupera la libertad rápidamente. Buscamos cambiar esa realidad», expresó.
La reunión de Gabinete también permitió avanzar en otros temas relevantes, como el proyecto de ley para otorgar mayor autonomía a las Comisiones de Fomento, el análisis de las recientes elecciones municipales, los detalles de la iniciativa Vaca Muerta Sur que será enviada próximamente a la Legislatura, y el abordaje de la situación económica provincial para proyectar nuevas acciones que continúen mejorando los servicios para la comunidad.
Judiciales
Menos divorcios en Río Negro: La cifra bajó en casi 300 procesos de un año a otro
El 2023 había registrado el número de divorcios más alto en al menos una década.
Después de un 2023 con cifras récord, los divorcios en Río Negro mostraron una baja en 2024. Durante el último año se iniciaron 1.240 causas por disolución del matrimonio en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de la provincia.
El año anterior se habían dictado 1.529 sentencias de divorcio, el número más alto en al menos una década. En 2022 se habían registrado 1.204, y en 2021, un total de 1.333. En 2020, marcado por las restricciones de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En los años previos, las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.386 en 2019, 1.426 en 2018, 1.395 en 2017 y 1.400 en 2016. En 2015 y 2014, los divorcios fueron 903 y 1.078 respectivamente.
Los trámites se concentran en 16 organismos distribuidos en distintas ciudades. En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio Oeste un juzgado Multifueros, en Roca otras tres unidades, además de organismos en Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.
La disolución del vínculo matrimonial está contemplada en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio puede ser solicitado por uno o por ambos integrantes del matrimonio y debe ser declarado judicialmente.
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Dictaron la prisión preventiva para las cuatro personas imputadas por la estafa a IPROSS
La Justicia resolvió la inmediata detención de Fabio Caffaratti, Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró.
Ante el pedido de la Fiscalía, el Tribunal de Juicio de General Roca resolvió dictar la prisión preventiva de las cuatro personas condenadas por defraudar a la obra social IPROSS.
El equipo fiscal enfatizó que «el pasado 24 de abril el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia rechazó la queja sustanciada por las defensas, de esta manera las vías recursivas provinciales se agotaron».
«Estamos así frente a la posibilidad que le da a la parte acusadora el Artículo 109 bis, sumado a que los condenados tienen penas de prisión graves, que el riesgo de fuga con el avance del proceso se fue acrecentando y de esta manera se ha ido agravando su situación», explicó la fiscal jefe interviniente en este legajo.
«Venimos insistiendo en el peligro procesal de fuga, ahora el principio de culpabilidad aumenta alimentado por el rechazo del STJ. Además los jueces han señalado que no se advierten violaciones al principio de constitucionalidad ni se ven afectadas garantías. Por ello además creemos que el recurso en la Corte Suprema de la Nación no prosperará», agregó la Fiscalía.
“No dejaremos de mencionar la capacidad económica de las personas imputadas, por ello solicitamos la prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia o se disponga alguna cuestión en contrario. Sólo aclaramos que para la imputada Sandra Fasano la misma deberá ser bajo la modalidad domiciliaria”, dijo la representante fiscal.
El querellante adhirió a lo solicitado y compartió los argumentos, mientras que el defensor de Fabio Caffaratti ofreció que la prisión preventiva de su asistido sea domiciliaria, la defensora de Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró solicitó que no se sustanciara el pedido fiscal.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal por unanimidad resolvió la inmediata detención de las cuatro personas, por considerar, entre otras cuestiones, «la capacidad económica, social e intelectual que tienen para sustraerse del accionar de la justicia, la necesidad de dar respuesta a la víctima que es el Estado, también a los afiliados de la obra social que se vieron afectados por este accionar, como al Colegio de Farmacéuticos», agregó el Tribunal de Juicio.
«Hemos evaluado las circunstancias particulares de esta causa, pusimos a consideración las condiciones objetivas y subjetivas, teniendo presente la igualdad ante la ley y con el fin último de asegurar el cumplimiento de la sentencia es que se dispone la prisión preventiva de todos los imputados y su inmediata detención, con la salvedad que respecto a Fasano sea prisión preventiva domiciliaria», concluyó el Tribunal roquense.
